Un paquete fondomonetarista - El Estado da un golpe de mercado

Asumió el gobierno de Milei y pocos días después, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, anunció un paquete económico de medidas ortodoxas que atacan a los sectores populares y benefician a distintas fracciones del gran capital. Se viene un verdadero saqueo del bolsillo de las familias trabajadoras por medio de la inflación, la pulverización de los ingresos y la liberalización de la economía.

El lema “no hay alternativa” es la excusa para perpetrar el robo del siglo. Ante toda situación hay diversas soluciones posibles y cada una tiene ganadores y perdedores. Milei ha elegido el peor camino: infringir el mayor dolor posible a los sectores populares, beneficiar a los más poderosos y no resolver las raíces de la crisis económica.

El “Caputazo”, por sus similitudes con el Rodrigazo de 1975, más que un plan económico coherente es un paquete de medidas agresivas, que podemos resumir de la siguiente manera: 

    • Eliminación de subsidios, desregulación y liberación de tarifas (aumentos de precios en transporte, servicios públicos, medicina prepaga, escuelas privadas, combustibles, etc.).

    • Reducción de ministerios, gastos e inversiones del Estado: asistencia monetaria a las provincias, suspensión de obra pública, cierre o venta de empresas públicas, reducción de empleados públicos, disminución de jubilaciones y planes sociales. Recorte presupuestario de hecho por medio del congelamiento del Presupuesto 2023.

    • Liberación de importaciones, pero a precios elevados (1USD = $940). 

    • Desregulación de precios.

    • Vuelta del impuesto a las ganancias aplicado a los salarios.

    • Blanqueo de capitales: los dólares de la economía ilegal (dólares “en negro”) podrán ser ingresados al sistema bancario. 

    • Devaluación del peso (1 USD = $800).

    • Negociación de un nuevo acuerdo con el FMI para organizar el pago de la deuda externa. 

El ajuste de Milei y Caputo consiste en un típico paquete de medidas del FMI aplicado en forma instantánea (“shock”): devaluar la moneda, reducir el déficit fiscal y suspender la emisión monetaria. El resultado del paquete es un estancamiento económico y una transferencia de ingresos de los trabajadores hacia el capital. 

El diagnóstico que subyace al plan es equivocado, pues asocia la inflación con la emisión de moneda y el incremento de los precios por exceso de demanda, cuando no son las únicas causas ni las preponderantes. A la vez, identifica el déficit fiscal con un exceso de gastos del Estado (y a éstos con las jubilaciones, salarios y obra pública), ignorando el enorme costo fiscal que tienen los intereses de la deuda pública (2,2% del PBI) y los efectos inflacionarios de una devaluación excesiva. Finalmente, asocia la escasez de divisas con el crecimiento económico y, por ende, busca recomponer las reservas a través de una recesión que disminuya las importaciones y aumente los saldos exportables.

Las medidas anunciadas no buscan frenar la inflación, sino promoverla desde el Estado (20 a 30% mensual para los meses de verano) y aprovecharla como licuadora de los ingresos en pesos. El resultado será una transferencia de ingresos por medio de una inflación que incrementará los precios de alimentos, servicios, alquileres y transporte (la canasta básica de la clase obrera) en conjunto con el estancamiento de los salarios, las jubilaciones y los programas sociales. Mientras la deuda pública se actualiza por inflación o devaluación, las jubilaciones lo harán por decreto (a voluntad del gobierno), los programas sociales aumentarán por debajo de la inflación (AUH, Potenciar Trabajo, Tarjeta Alimentar) y los salarios serán atacados, pues las paritarias no aparecen en el horizonte y cada mes de demora es una pérdida del 20% al 40% del poder adquisitivo del bolsillo trabajador. Para colmo, se reintrodujo el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, la que pagan los trabajadores activos. El Centro CEPA calcula que el 67% del ajuste de Milei-Caputo lo pagarán trabajadores, jubilados y PyMES (“Análisis…”, 14/12). 

En segundo lugar, la devaluación aplicada es un mecanismo para bajar el poder adquisitivo de los ingresos en pesos (salarios, jubilaciones, programas sociales) y golpear a las actividades económicas locales vinculadas con aquellos (empresas, servicios y comercios de tamaño pequeño o mediano). Por si fuera poco, la industria local fue golpeada por la combinación de un dólar importador elevado (~$940) y al dólar exportador inferior (~$730), cuando el 61% de las importaciones corresponden a insumos industriales (piezas y bienes intermedios) que encarecen el precio final de los productos, sean destinados al mercado interno (provocando inflación) o a la exportación (generando pérdida de competitividad). Sumado a las altas tasas de interés y la escasez de crédito productivo, la suba de los costos logísticos y de la energía y la disminución del consumo interno (por la caída del poder adquisitivo de los salarios), es esperable una ola de quiebras y cierre de industrias, especialmente las PyMES -que explican 6,2 millones de puestos de trabajo. A la inversa, la devaluación beneficia a quienes utilizan insumos y fuerza de trabajo local (en pesos) y luego exportan su producción al exterior (en dólares), como el sector agropecuario (+30% de rentabilidad) y los grandes industriales. 

El resultado es una disparada de la inflación combinado con una disminución de la actividad económica (estanflación), que implica despidos y una caída del consumo gracias a la disminución de los salarios reales, un verdadero círculo vicioso. Al final del túnel, la inflación -supuestamente- bajaría porque nadie tendrá dinero para comprar a precios elevados, y las reservas del BCRA se fortalecerían por la caída de las importaciones y el crecimiento de los saldos exportables producto de la recesión (A. Bercovich, Blender 15/12). Esta alquimia económica fue ensayada y aplicada por el FMI durante décadas en países de los más diversos, y siempre condujo a un fracaso: el último, Grecia. Por supuesto, lo único exitoso del plan es provocar sufrimiento, pues habrá más desempleo y pobreza, como vivimos en los ´90. La casta eras vos.

Por otro lado, Milei y Caputo buscan cumplir con una histórica demanda del FMI: la eliminación del déficit fiscal. El fenómeno se define como la diferencia entre los ingresos (impuestos y otros) y los gastos e inversiones del Estado, incluyendo los intereses de la deuda pública. En lugar de aumentar los ingresos gravando a los más ricos, o suspendiendo el pago de una deuda pública onerosa y cuestionable, Milei y Caputo decidieron recortar los gastos del Estado vinculados al funcionamiento de la economía y los ingresos de la población: subsidios, jubilaciones, planes sociales, salarios y obra pública y asistencia a las provincias. Entonces, la primera conclusión es que el objetivo real del gobierno es el pago de la deuda pública en sus diversas formas, cuyos títulos están en manos de empresas, bancos y capitales financieros -uno de los sectores ganadores del modelo. Al respecto, diversos analistas económicos coinciden en que la crisis argentina no es tanto fiscal sino financiera, es decir, que tiene su origen y su explicación en la magnitud de la deuda pública, antes que los gastos del Estado. 

Por otro lado, la devaluación beneficia a los capitales financieros acreedores de la deuda argentina, cuyos títulos no pierden valor porque en un 60% están nominados en dólares y el porcentaje nominado en pesos se actualiza automáticamente con la inflación o la evolución del dólar oficial (A. Bercovich, Blender 15/12). En otros términos, la devaluación y la escalada inflacionaria elevan el monto de la deuda del Estado y su peso relativo en el Presupuesto, tal que el gobierno deberá seguir emitiendo dinero -de manera directa o indirecta- o bien tomando más deuda para cumplir con el pago de intereses. Por ello, el ministro de Economía negocia urgentemente la obtención de crédito externo por parte de los organismos internacionales (FMI, CAF, BM).

En ese tren, el BCRA llevó adelante una estatización de la deuda privada de las empresas con sus proveedores extranjeros, por la compra de insumos durante 2023, período en que la propia entidad había suspendido la venta de divisas a precio oficial para la importación. El Banco Central paga la deuda con los proveedores extranjeros -que mayormente son las propias casas matrices de las empresas locales- mediante el otorgamiento de bono en dólares a 4 años (BOPREAL), por un monto total de USD 30.000 a USD 40.000 millones (capital más intereses). El problema es que el BCRA está otorgando una cobertura en una moneda que no emite: es la réplica de lo hecho por Cavallo en 1982, bajo la dictadura militar. Naturalmente, había que implementar una solución, pero nuevamente Caputo y Bausili (presidente del BCRA) optaron por la salida más favorable para el capital extranjero.

A modo de conclusión, el plan de Caputo se esteriliza a sí mismo en su objetivo fiscal, incrementa el peso de la deuda pública, produce un enorme daño en la actividad económica y reduce los ingresos de la población. En otras palabras, profundiza las causas de la crisis económica y agrava sus consecuencias: es una declaración de guerra contra los sectores populares. 

En este cuadro, la tarea inmediata es frenar el plan del gobierno y forjar una propuesta económica alternativa basada en el bienestar popular, comenzando por la suspensión del pago de la deuda pública y la estatización de los resortes clave de la economía (comercio exterior, sistema bancario, recursos estratégicos).

En ese camino, el primer hito es exigir paritarias que compensen la inflación y la devaluación, pues la pulverización de los salarios es el eje central del paquete económico y el punto programático que unifica a las distintas fracciones de la burguesía. Dos capítulos de la defensa del salario de los trabajadores inactivos: la pelea por las jubilaciones (salario diferido) y los planes sociales, que son un salario complementario de quienes carecen de un empleo formal. Hay un gran margen para la unidad de jubilados, desocupados y trabajadores formales, sectores que deben exigir a sus conducciones y volcarse a la calle para enfrentar el ajuste.

David Paz