Super RIGI: pronta entrega, por favor

El Super RIGI es un proyecto de ley presentado por el gobierno nacional que busca atraer grandes capitales -especialmente extranjeros- para la inversión de montos superiores a los USD 1.000 millones en cinco años en sectores como inteligencia artificial, semiconductores, energía verde, biotecnología e infraestructura digital, en virtud de la expansión acelerada de las nuevas industrias y su importancia en las cadenas globales de valor. Tras la implementación del RIGI original en 2024, orientado a profundizar el extractivismo clásico (agro, minería, energía), el Super RIGI no solo busca atraer inversiones a sectores distintos sino que ofrece incluso mejores condiciones para el capital: a cambio del compromiso de desembolsar el 20% de la inversión en los primeros dos años, otorga un esquema de estabilidad regulatoria y jurídica por 30 años, enormes incentivos fiscales, exenciones arancelarias (0%) para importar y exportar, y la flexibilización gradual de la liquidación de las divisas obtenidas mediante exportaciones, con libre disponibilidad hacia el tercer año. 

Sus efectos

El Super RIGI produce una desconexión con la estructura productiva local: reduce al mínimo (20%) las exigencias de desarrollo de encadenamientos y la generación de valor a nivel local. En otras palabras, crea “islas” de gran rentabilidad donde las empresas pueden aprovechar ventajas naturales o artificiales, sin obligación de compartirlas con el resto de la estructura productiva. 

Esto no solamente supone una oportunidad desaprovechada en materia de desarrollo e innovación industrial nacional, sino que puede convertirse en un problema: el permiso para importar maquinaria e insumos extranjeros sin límites ni aranceles puede llevar a la quiebra al tejido industrial pequeño y mediano, que tradicionalmente se desarrolla al calor de las grandes industrias. Se trata de una franja de gran importancia en la generación de empleo, con riesgo de provocar una crisis de desempleo como en los ´90.

En materia de estabilidad cambiaria, el Super RIGI elimina la obligación de las empresas de liquidar (vender) los dólares en el mercado oficial, principal fuente de divisas del Banco Central. En otras palabras, extraen los recursos y las riquezas de nuestro país y giran al exterior libremente todos los dólares que ganen. En un país con problemas históricos de acumulación de reservas, déficit financiero y crisis de deuda, la medida perpetúa la escasez de divisas, promueve el endeudamiento externo como mecanismo para suplir los dólares fugados y pone en riesgo la estabilidad monetaria a largo plazo. Es el mismo círculo vicioso que estuvo detrás de las crisis económicas de nuestro país.

La misma dinámica opera en el terreno impositivo. El equilibrio fiscal tiene una existencia contradictoria. Milei afirma que la inflación tiene origen en la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal, justificando así la motosierra. Pero al mismo tiempo reduce la carga impositiva en general y especialmente en los tributos sobre los sectores más favorecidos de la sociedad. Es decir, la estrategia oficial enfrenta el déficit fiscal recortando el gasto público -de manera insostenible, por cierto- pero simultáneamente bajando la recaudación. La iniciativa del Super RIGI abona a dicha contradicción en la medida en que exime del pago de diversos impuestos y tasas a los grandes capitales, profundiza así el déficit fiscal y obliga a continuar recortando por el lado del gasto: más motosierra sobre las pocas políticas públicas que compensan las desigualdades sociales. 

Finalmente, existe un capítulo del Super RIGI vinculado a la soberanía nacional. El proyecto contempla que podrá ser anulada cualquier norma que el Estado sancione en los próximos 30 años que altere los beneficios adquiridos. Asimismo, toda disputa ambiental, comercial, impositiva o de cualquier tipo que deban enfrentar las empresas que se acojan al Super RIGI no será resuelta en la justicia argentina sino en tribunales extranjeros (como el CIADI), famosos por fallar sistemáticamente a favor de los capitales inversores. Es una carta blanca para los inversores, que tienen ganado de antemano todo reclamo judicial que el Estado o la ciudadanía monten en su contra. 

A qué vino

Más allá de las intenciones y objetivos declarados por el gobierno, el nuevo régimen de grandes inversiones tiene un doble objetivo: en el corto plazo (2026 / 2028), atraer dólares para equilibrar la balanza de pagos y evitar un default de deuda; en el mediano plazo, profundizar el esquema de ganadores y perdedores del modelo para reconfigurar la estructura productiva del país hacia una economía primaria (agro, minería, energía) con enclaves específicos de alta productividad. 

El primer objetivo se relaciona con las dificultades que atraviesa el gobierno para mantener el ancla cambiaria como herramienta antiinflacionaria, garantizar la solidez de la moneda nacional y alejar el clásico fantasma de “devaluación o default” mediante la acumulación de reservas en el BCRA. 

Con miras a lo anterior, el tándem Milei-Caputo echó mano a diversos conejos de la galera a lo largo de su mandato: una megadevaluación inicial, un generoso esquema de carry trade, el blanqueo de capitales, el préstamo del FMI, el salvataje del Tesoro de los EEUU, la dolarización endógena, la flexibilización del crédito local en moneda extranjera, la inocencia fiscal y las privatizaciones de activos públicos, sumado a la compra genuina de divisas por parte del BCRA en 2026 por presión del FMI. En ese camino hubo momentos de suma tensión, como los días previos al Acuerdo con el Fondo o a las elecciones de medio término, incluso a pesar de que diversos eventos jugaron a favor, como la excelente cosecha de 2025/6, el comienzo de la etapa exportadora de Vaca Muerta en coincidencia con altos precios internacionales, y la caída de las importaciones producto de la recesión. 

La importancia de atraer dólares en el corto plazo está vinculada a los vencimientos de la deuda y el desafío electoral, ambos en 2027. Las elecciones de 2025 trajeron tranquilidad a los mercados financieros y los analistas observan que el gobierno tiene cubiertos casi completamente los vencimientos de 2026, entre pagos y refinanciaciones. No obstante, hacia 2027 perciben dificultades para mantener el rumbo del plan económico, producto de una combinación de factores actuales: el deterioro de la imagen de Milei, la previsible derrota de Trump en las elecciones legislativas de EEUU, los problemas económicos crecientes de los sectores populares, los abultados vencimientos de deuda en 2027 (unos USD 32.000 millones), un riesgo país descendente pero que aún impide el acceso al crédito voluntario internacional, y un previsible movimiento del capital financiero hacia el dólar ante la incertidumbre política. Todo ello anticipa obstáculos en materia de acumulación de reservas, pagos de deuda y provisión de dólares al mercado, que ponen en duda la resistencia del colchón preparado durante 2026. En ese marco, el Super RIGI se comprende en un contexto donde el gobierno está dispuesto a implementar cualquier medida económica que promueva el ingreso de dólares.

El segundo objetivo tiene un carácter estratégico y está vinculado a la visión económica de Milei y su gabinete, compartida por buena parte del establishment empresarial. No es la primera vez que una administración ensaya con fuerza una apuesta neoliberal en Argentina: lo hicieron la dictadura militar y los gobiernos de Menem y Macri, resultando en fracasos gatillados por sucesivas crisis de deuda. Las diferencias entre aquellos y el proyecto de Milei no pueden ocultar las similitudes evidentes y los objetivos en común: un modelo económico que, mediante la apertura y la desregulación, tenga unos pocos sectores ganadores concentrados en sectores extractivistas y vinculados al capital extranjero, con destrucción del tejido industrial y comercial, un mercado interno pequeño, empleo precario y bajos ingresos. Ahora bien, la aventura libertaria tiene lugar en una coyuntura distinta que los tienta a pensar que “esta vez será diferente”.

A nivel global, un sector del capital occidental -encabezado por los EEUU de Trump- dio por cerrado el largo ciclo de los consensos y la arquitectura internacional configuradas luego de la Segunda Guerra Mundial (1945) y el ciclo corto de la prudencia financiera tras el “susto” de la crisis del 2008 -a su vez, resultado de tres décadas neoliberalismo. El giro hacia una estrategia más confrontativa en los planos comercial, diplomático y militar constituye una reacción a los fenómenos que caracterizan a la nueva época: la consolidación de China y la aparición de la India, la gravitación económica del sudeste asiático, y el estancamiento de Occidente (Europa y EEUU), que prefiguran un deterioro de su histórica hegemonía económica, política y militar y el consecuente repliegue norteamericano hacia las zonas de influencia más cómodas, como América Latina.

En ese contexto cobra sentido el proyecto de Milei. Sin romper relaciones económicas con socios comerciales de importancia (como India y China), el gobierno libertario busca transformar el perfil de la Argentina en dos sentidos: 

- alejarse del Mercosur y los BRICS para convertirse en el aliado político y diplomático de los EEUU en América del Sur, luego de que sus socios históricos (Chile, Colombia y Perú) viraran hacia posiciones de mayor autonomía;

- generar un modelo económico en línea con las necesidades del capital occidental en cuanto a la provisión de energía, alimentos, minerales y actividades clave para la seguridad de sus cadenas globales de valor. 

El modelo implica terminar definitivamente con algunos rasgos que la economía nacional tuvo -de manera oscilante- en los últimos 80 años: la intervención del Estado como regulador y actor económico, un mercado interno de cierto peso con salarios superiores al promedio regional, un esquema con presencia de la industria (tanto PyME como grandes actores), y una renegociación de las condiciones de la dependencia respecto de las clases dominantes locales y de los intereses de los países centrales. En una palabra, abandonar todo proyecto propio y convertirse en una economía primaria y “de enclave” asociada a la demanda internacional.

Por esa razón asistimos a un plan que promueve una “economía de dos velocidades”, como la caracterizaron diversos analistas en 2026, donde retrocede la actividad económica en industria, comercio y construcción mientras crecen notablemente agro, finanzas, minería y energía. Asimismo, esa economía tiende a generar desempleo, dado que los sectores perdedores son trabajo-intensivos (crean puestos de trabajo) y los ganadores son capital-intensivos (crean poco empleo), algo ya visto durante los ´90. No se trata de las consecuencias inevitables del plan económico, sino de metas intencionales vinculadas a la estrategia de transformar el perfil productivo del país. 

Ante semejante aventura se pueden formular muchos interrogantes, pero hay dos que son clave: si el proyecto camina hacia el éxito o el fracaso (en sus propios términos), y cuál es el destino -en ambos escenarios- de los que quedarían afuera, pues allí no hay espacio para 45 millones de habitantes. 

La propia naturaleza de las preguntas anticipa una respuesta que implica perjuicios y padecimientos para las grandes mayorías, resultado lógico de todo programa económico diseñado y desarrollado por y para una clase social minoritaria y explotadora. El futuro de las grandes mayorías sólo será promisorio cuando el presente esté bajo su dominio.

David Paz