Santa Fe - Dos meses de gestión Perotti

El gobierno de la provincia de Santa Fe, con el peronista Omar Perotti a la cabeza, arrancó su mandato con el famoso discurso de la “tierra arrasada”. Versátil recurso el de la herencia, que los distintos sectores en los ejecutivos suelen echar mano a la hora de justificar la política que aplican ellos mismos. En este caso lo central pasa por el alineamiento a la política de la “emergencia y solidaridad” del gobierno nacional, pero con las particularidades de Santa Fe donde -amarillismo de los medios mediante- lo central parece ser la crisis en “seguridad”. 

El mismo Perotti, que en campaña y en el discurso de asunción dijo que venía a poner de pie a Santa Fe sobre la base de dar apoyo al sector trabajador, aún no ha tomado ninguna medida que pueda demostrar eso. El pueblo santafesino afronta a duras penas una crisis que no va a cerrarse en lo inmediato, puesto que una familia necesitó $62.000 en diciembre pasado para no estar bajo la línea de pobreza y los salarios lejos están de ese monto.  

La declaración de “emergencia” tiene sus traspiés en la provincia. Al no poder implementarla sin el apoyo del socialismo en las cámaras santafesinas, Perotti viene estableciendo medidas que le permitan “reordenar” la situación fiscal de la provincia, si bien no es necesariamente el bolsillo de los que más tienen de donde se viene sacando la parte gruesa. En principio lo único que pudo avanzar fue en la reforma tributaria, que implicó una recaudación desde los sectores del agro y cerealeras que concentran el comercio exterior en el puerto de Rosario, pero en un magro porcentaje del 2%, en comparación con las superganancias del sector. Por lo demás, como si estuvieran en el mismo nivel que el sector arriba mencionado, retrasó el cronograma de pago de jubilaciones y trabajo estatal, lo que le valió la primera movilización de reclamo del 2020 encabezada por la docencia y gracias a la cual tuvo que sacar dinero del fondo de coparticipación por adelantado para regularizar la situación de este mes a los fines de evitarse nuevos reveses en las calles. 

Por lo bajo y sin mediar diálogo con ningún sector, estableció un aumento del 4,1 % para el pago de salarios de enero eliminando de facto la cláusula gatillo igual que sus pares Schiaretti de Cordoba, Manzur de Tucumán y otros más. Ni lerdos ni perezosos los principales dirigentes gremiales como Hoffman de ATE Santa Fe y Alesso de Amsafé salieron a matizar la medida declarando en los medios que “la cláusula gatillo no siempre fue la solución”, pero abriendo una ventana al descontento -más de sus propias bases que el propio- expresando que estas cosas se discuten en el marco de la paritaria con los representantes sectoriales y no por los medios sin consultar. Sumado a esto último las declaraciones de los dirigentes apuntaron que más bien representaba una medida paliativa y de emergencia ante la creciente inflación generada por el gobierno anterior, bajando la cabeza ante las medidas de Perotti: actitud que solo puede ser juzgada como respuesta orgánica a su espacio político, en abierto abandono de la representación sindical. Nada nuevo bajo el sol.

En la misma línea retrasó la implementación del boleto educativo adelantando que no va a estar para el comienzo de clases, desdiciéndose de una de las promesas más sentidas de campaña. El boleto urbano en Rosario está $32,50, encabezando en el país el boleto de transporte más caro. En este sentido la promesa de campaña de boleto educativo gratuito es una necesidad central para el pueblo, representa una porción enorme de los ingresos solo para poder llegar a los centros educativos, en una provincia donde la migración hacia los centros urbanos donde hay mayor oferta educativa como universidades e institutos terciarios se convierte en un privilegio más que un derecho de acceso universal.

No obstante, sí se ocupa el gobernador de reunir adhesiones para avanzar en la política de represión, mal llamada seguridad. Durante el mes de enero Rosario y sus alrededores se posicionó en los medios como una de las ciudades más violentas, con noticias de homicidios y enfrentamientos en el marco de la disputa narco, de manera cotidiana. Postales de una ciudad donde el desembarco del narcotráfico hace años viene cobrándose la vida y la muerte de cientos de rosarinos, a veces en una bala de un enfrentamiento, otras en la juventud sin oportunidades cuidando y regenteando bunkers a la falta de una mejor opción. Lo llamativo  es que el ejecutivo provincial responde a esta situación con la medida que permite ahora que los efectivos policiales tengan “una bala en la recámara” lista para disparar. Como si el problema de esta escalada de violencia y el narcotráfico fuese que no se dispara lo suficiente. Más indignante aún el guiño al gatillo fácil que esta medida encubre que ya le valió críticas desde su propio gabinete, por parte de la responsable de la cartera de Derechos Humanos. 

Se está dificultando el proceso de “gestión” -a decir de Perotti- en cuanto que las cámaras legislativas están divididas. El socialismo con mayoría en diputados hace su propio juego (lo único que les quedó, siendo desplazados de la gobernación y de las intendencias de las ciudades principales), acicateando al gobernador electo por “tener las herramientas, pero no ponerse a gobernar” en alusión al presupuesto votado antes de su asunción y la negativa a darle quorum para que meta mano ahí. Este vaivén de declaraciones cruzadas y de jugarretas entre uno y otro sector nada tienen que ver con los intereses populares, sobre todo en la provincia donde Lifschitz dejó un tendal de trabajadores precarizados sin respuesta y a quienes la gestión entrante eligió ignorar abiertamente.

En este marco las peleas que apuntan por mejoras salariales, recuperación de puestos de trabajo y contra el gatillo fácil, por una expectativa de vida digna para la población siguen en pie, sobre todo ante la ausencia de medidas concretas que vayan en este sentido. Serán cuatro largos años de una gestión que recién comienza y ante la cual lo único que se vislumbra es una tendencia a profundizar la política represiva, e intentar echar mano de la caja pública antes que los sectores de monopolios y grandes bancos para acomodar la situación.

La única salida que queda es no abandonar las calles por nuestros reclamos, unificar en la lucha contra todo intento de hacer pasar la “solidaridad” como un justificativo para sacarle a los trabajadores y el pueblo lo poco que cuatro años de macrismo dejaron y dar la pelea porque se efectivicen medidas que apunten al sector más concentrado: cerealeras e industrias del agro que saquean nuestros recursos y se quedan con la porción más grande de la torta, dejando las migajas para que sean repartidas por abajo. Ninguna lógica de emergencia alimentaria, sanitaria o de seguridad puede pensarse sin una estrategia que apunte a mediano plazo en recuperar estructuralmente los recursos del comercio exterior y de la producción y nacionalizarlos para que se puedan obtener los fondos necesarios para cubrir las necesidades populares. 

María Ocampo