Rienda suelta a la Federal

El pasado 16 de junio se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 383/25, a partir del cual se modifica La Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina, creándose dentro de la misma el Departamento Federal de Investigaciones (DFI). La orientación de las reformas implementadas las resumió Milei en su lanzamiento: “vamos a aprender de los mejores; vamos a aprender de Estados Unidos; vamos a aprender de Israel. Así pondremos a la Policía Federal Argentina en línea con los estándares del FBI y las principales fuerzas de investigación criminal de los gobiernos del mundo”.

Lo polémico de la nueva reforma no solo se encuentra en el blanqueo del rol histórico de inteligencia y espionaje interno que cumple la PFA. Sino principalmente que, en el camino, el gobierno sobrepasó los propios límites legales que propuso con la sanción de la Ley Bases, legislando sobre temática no delegada. En este marco, la reforma de la PFA viene de la mano con las reformas de la SIDE y el lanzamiento del Plan de Inteligencia Nacional. 

Uno de los temas centrales de la reforma se encuentra en la adjudicación a esta fuerza de realizar aprehensiones sin la existencia de orden judicial o configurarse la denominada situación de flagrancia. En ese marco, si una persona no acredita su identidad o si se presume que podría haber cometido un delito, se autoriza a la PFA para realizar privaciones de la libertad hasta por 10hs. Una habilitación que pasa por encima del artículo 18 de la Constitución y que configura la nulidad sentada en múltiples fallos de la Corte, con la teoría del árbol envenenado.

En segundo lugar, se la faculta a la PFA a realizar tareas de ciberpatrullaje e investigación criminal, permitiéndole el acceso a bases de datos públicas y privadas. Junto con esto, se la habilita para realizar un registro y calificación de personas con el simple requisito de que se “dediquen habitualmente a actividades que la policía debe reprimir”.  

Con esto se abre la puerta para legalizar el espionaje que hace años vienen realizando la Federal y otras fuerzas, en organizaciones políticas, sindicales, etc. Como quedó cristalizado con en el juicio al oficial Américo Balbuena, infiltrado del Cuerpo de Auxiliares de la PFA en la agencia periodística Rodolfo Walsh durante 2002-2013 o en el Proyecto X llevado adelante por la Gendarmería Nacional, que implicó el espionaje a más de 1000 organizaciones populares. 

Esta reforma en la estructura de la PFA viene de la mano con la política de incremento de la persecución a las luchas populares. Transparenta a su vez, la necesidad de tener el aparato represivo estatal aceitado, como requisito fundamental para culminar el plan de reformas estructurales dirigidas contra la clase obrera. 

Por arriba, es explícita la tesis de que el enemigo interno es el pueblo organizado. En ese marco, a las organizaciones populares nos queda por sembrar y multiplicar la misma idea en sentido inversamente proporcional, poniendo como blanco central a los bancos, monopolios y multinacionales junto con sus representantes políticos.

Paula Rodríguez