Primeros impactos del ajuste

En sus primeros 60 días, el gobierno nacional implementó una devaluación y una serie de medidas que -sumadas a la ofensiva empresarial con precios y salarios- tuvieron un profundo impacto en el bolsillo de los sectores populares. La retirada de la ley ómnibus es una derrota política para Milei pero no es el fin del ajuste, el cual buscarán implementar por medio de decretos, desregulaciones, inflación y recortes de gasto público.

Más allá del discurso anarco-capitalista y ultraliberal, el objetivo concreto del plan económico de Milei es provocar una brutal transferencia de ingresos del sector trabajador hacia el capital (“de abajo hacia arriba”) y, dentro del empresariado, de los sectores pequeños y medianos enfocados en el mercado interno hacia las multinacionales, grandes monopolios, exportadoras y capitales extranjeros (“de adentro hacia afuera”). Ese objetivo general tiene varios métodos: la desregulación de la economía, que desata las manos del empresariado en materia de precios y salarios; el pago de la deuda externa con el FMI y los acreedores privados, que deja al capital financiero como principal ganador; y el achicamiento de las funciones, el presupuesto y el tamaño del Estado.

En ese camino, con el pretexto de “eliminar el déficit fiscal” y acumular reservas en el BCRA (exigencias del FMI para el pago de la deuda), el gobierno avanzó con el congelamiento presupuestario del Estado en un contexto fuertemente inflacionario (licuación) y el recorte de obra pública, jubilaciones, planes sociales, salarios públicos y transferencias a las provincias, entre otros rubros. Además, aplicó una fuerte devaluación en diciembre y estableció un esquema impositivo favorable a la exportación y desfavorable a la importación, generando recesión en el mercado interno y transferencia de recursos hacia los exportadores para promover la liquidación de cosechas y acumular reservas en el corto plazo (90 días, hasta marzo). Los efectos son enormes y se desparraman por toda la economía nacional: independientemente de la caída de la ley ómnibus, el Plan Motosierra ya causó mucho daño.

La eliminación de los subsidios al transporte y la desregulación de tarifas, por ahora parciales, no solamente provoca una suba del precio del boleto que vuelve al transporte un costo insoportable para el sueldo promedio (intendentes calculan un boleto de colectivo estándar en torno a $1.000), sino que también amenaza con desarticular la estructura del transporte público, pues patea el tablero de manera tal que las líneas se verán en la circunstancia de disminuir frecuencias, empeorar la calidad del servicio e incluso cerrar definitivamente, o al menos hasta que el libre mercado “decida” qué otra empresa se hará cargo de movilizar las unidades.

Otro tanto ocurre con los subsidios a la energía y las tarifas de los servicios públicos: el recorte progresivo de subsidios a la luz y el gas y la actualización de las tarifas, proceso que debe aguardar la finalización de las audiencias públicas, generarán serios aumentos que van, en el caso de la electricidad, del 100% al 500% según sean usuarios residenciales o comerciales y su nivel socioeconómico y de consumo eléctrico. Como mínimo, se duplica el monto de la factura. En el caso del gas, el aumento se postergó hasta marzo, pero las empresas reclaman aumentos entre 200% y 500%, según la región y el tipo de consumidor, y actualizar las tarifas mensualmente por inflación. Si bien el gobierno escalonará los aumentos y mantendrá alguna clase de subsidio a los sectores más vulnerables para evitar amparos judiciales y “suavizar” el impacto en el bolsillo, lo cierto es que Milei se apresta para cumplir con la exigencia del FMI de eliminar subsidios estatales por un 0,5% del PBI en 2024, aun a costa de aplastar el bolsillo de las familias trabajadoras, hospitales y universidades y pequeños comercios, entre otros.

Respecto al recorte de la obra pública, en el largo plazo significa un vaciamiento de la infraestructura productiva y comercial del país, mientras que en lo inmediato las cámaras de la construcción anunciaron que a partir de marzo comenzarán a despedir personal de manera masiva. La paralización de 3.200 obras puso en riesgo 200.000 puestos de trabajo (un 40% del total del sector) y amenaza con llevar a la quiebra a las pequeñas y medianas empresas del rubro; no así los grandes jugadores del sector, de inversiones diversificadas.

En la tónica de ajustar presupuesto estatal, varios ministerios subejecutan el presupuesto en los meses de verano, con el caso paradigmático del ministerio de Capital Humano, que suspendió el envío de alimentos a los comedores populares y se niega a atender a sus referentes, a pesar de que alimentan diariamente a unas 9 millones de personas. En lo que va de 2024 la caída de los “gastos” en programas sociales fue del 41% (Perfil, 8/2). Los salarios del sector público nacional no solamente tuvieron un magro aumento en enero (15%), sino que recientemente se estableció una suerte de congelamiento (los salarios subirán solo en la medida de las posibilidades del presupuesto de cada organismo o entidad) y el arbitraje de las paritarias por parte de una “comisión técnica”, un eufemismo para indicar que el gobierno como empleador no admitirá aumentos que cubran la inflación.

El caso de los jubilados estuvo en discusión durante el tratamiento de la ley ómnibus, cuya caída puso en pausa el recálculo de haberes y la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, los dos puntos principales del debate. En principio, de no haber cambios los haberes se actualizarán en marzo con la vieja fórmula, pero el gobierno insistirá en obtener un “ahorro fiscal” en las cuentas del Estado mediante la disminución real de las jubilaciones en torno al 1% del PBI, conforme las exigencias del FMI. Mientras tanto, ese “ahorro” se produce de facto porque la inflación está descontrolada y los haberes no fueron actualizados ni complementados con bonos suficientes que permitan mantener su poder adquisitivo: el recorte del gasto fue del 43% (Perfil, 8/2).

Al respecto, la inflación sigue siendo la protagonista: después del 25% de diciembre, y al cierre de esta edición, la inflación se calcula en 22% para enero, concentrada especialmente en artículos de primera necesidad (alimentos +60%, limpieza +40%), los medicamentos llevan casi 100% de aumento contando desde noviembre, y las ventas de productos industriales retrocedieron un 60% en enero. Sin embargo, la inflación no es simplemente una cuestión de suba de costos operativos o de precios de los insumos importados: la derogación de decenas de normas regulatorias (Góndolas, Abastecimiento, Compre Argentino, SiFRE / SiPRE, Precios Cuidados, Precios Justos, etc.) habilitaron la remarcación arbitraria de precios en el sector privado y muchas empresas multinacionales venden sus productos en Argentina hasta un 40% más caro que en el exterior. En otras palabras, una parte de la inflación es el mero abuso empresarial, el deseo de lucro.

La escalada de precios viene acompañada de una caída del salario real, pues el plan del gobierno es usar el salario como variable de ajuste, como “ancla” para enfriar la economía. Con excepción de los gremios más poderosos, los acuerdos de aumento giraron entre 15% y 25%, pero la distancia entre el salto inflacionario (diciembre-enero) y el cobro de los salarios (febrero), y la continuidad de una alta inflación (enero aprox. +22%) impiden la recuperación del poder adquisitivo. Al final, el ajuste lo pagan quienes viven de su trabajo y con un ingreso en pesos. 

La combinación de la inflación con salarios atrasados provocó una caída del consumo minorista (-28%, según CAME) y en supermercados (-12%) durante enero, especialmente electrodomésticos y bazar. En ese sentido, un estudio mostró que la mitad de las familias del país se encuentra endeudada y utilizando sus ahorros para financiar gastos cotidianos (especialmente a partir de enero) e incluso restringe la compra de alimentos (Clarín, 3/2). Y no se trata de la población desocupada, que ciertamente se lleva la peor parte, pues tener empleo ya no es garantía de llegar a fin de mes: con Milei se profundiza una tendencia ya existente, la de los trabajadores pobres. 

Ahora bien, a partir de diciembre al salto inflacionario, la caída del salario y la retracción del consumo se le suma el estancamiento económico (recesión), para dar lugar a un escenario de estanflación: los precios siguen subiendo pero la actividad económica disminuye, con menos producción, venta y consumo de bienes y servicios y, por ende, menos empleo. La OCDE prevé una inflación del 250% y una recesión de -2,3% del PBI para 2024, mientras que el FMI calcula la caída en -2,8%. Ese fenómeno ya es notorio en la recaudación impositiva (Infobae, 7/2) y de sostenerse en el tiempo, se transforma en suspensiones y despidos, pues las empresas notan el escenario y priorizan sus ganancias por sobre las necesidades de las familias obreras. 

Finalmente, respecto a las reservas del BCRA, el gobierno se jacta de estar acumulando dólares, pero ese crecimiento se basa en la devaluación extraordinaria de diciembre (“dólar caro”) que promovió las exportaciones y limitó las importaciones, pero se va frenando porque esa devaluación -sumada a la ofensiva remarcadora de las empresas- se trasladó a precios: cada mes la inflación (+25%) avanza más rápido que la devaluación (+2%) y por ende el dólar se vuelve más barato, anulando ese mecanismo artificial y de corto plazo que implementó Caputo. Se calcula que dólar e inflación convergen en marzo y el gobierno se vería obligado a devaluar nuevamente sin haber controlado los precios, lo cual abre la posibilidad a una espiral inflacionaria.

Por otro lado, durante 2024 el país afrontará pagos al FMI por USD 7.300 entre capital e intereses, más de un tercio vence a fines de marzo. Por ello, a principios de febrero el FMI aprobó el desembolso de USD 4.700 millones para que el gobierno pague los vencimientos de deuda de diciembre-enero-abril y evitar un default. Si bien resta ver qué sucede a partir de abril, tal desembolso -sumado al informe publicado por el organismo- constituye un respaldo político a Milei, pues las metas del Acuerdo (cuyo cumplimiento es condición para recibir los desembolsos periódicos) no habían sido alcanzadas y, además, se trata de un adelanto de dinero que debía desembolsarse recién en los siguientes meses. A cambio, el gobierno se comprometió a alcanzar un superávit primario (una diferencia positiva entre la recaudación y los gastos del Estado, sin contar pagos de deuda) del 2% del PBI y USD 10.000 M de Reservas BCRA en 2024, para lo cual aplica un ajuste brutal sobre las cuentas públicas. El motivo del apoyo está en la naturaleza ortodoxa y neoliberal del programa económico del gobierno: es exactamente lo que pide el FMI, pero más agresivo (P12, 1/2). El propio FMI señala que el ajuste de Milei está entre los más profundos y acelerados de la historia mundial. En nuestro país estos planes no solamente hicieron mucho daño, sino que también tendieron a fracasar en el mediano plazo, produciendo luego escenarios de crisis mucho más profundos. 

Tanto el organismo como el gobierno son conscientes de que el Plan Motosierra se trata de una destrucción planificada de la economía nacional. De la vereda de enfrente, la clase trabajadora y los sectores populares debemos tomar consciencia de lo mismo, y poner todo nuestro empeño en montar un plan de lucha para evitarlo. La moneda está en el aire.

David Paz