Misiones - Productores rurales en lucha

Se intensifica la lucha de los productores yerbateros en Misiones frente a la crisis generada desde la implementación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 firmado por Javier Milei. Desde fines del año pasado crece la pelea frente a la crisis generada con la firma de este decreto que elimina la normativa que daba la facultad al INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate) de fijar los precios de venta de la materia prima. 

Esta medida característica del "liberalismo" pro monopólico que profesa el gobierno nacional lo que hace es pulverizar la competencia frente a los grandes grupos y así genera una mayor concentración de las ganancias desde el sector industrial y comercial en el negocio de la yerba mate en detrimento de los productores locales. Si tomamos que en 2024 se cosecharon 100 millones de kilos de yerba mate, y que desde el DNU los grandes fijadores de precios empezaron a pagar hacia finales de marzo por lo menos $200 menos por cada kilo, estamos hablando de una pérdida de 200 mil millones de pesos para este sector.

En Misiones la yerba mate es uno de los pilares de la economía provincial y de ella dependen miles de trabajadores, principalmente los productores locales. La baja de los precios a los cuales los grandes secaderos compran a los productores está tocando actualmente los $100 por kilo en una tendencia que sigue bajando. Esto ha generado que muchos de ellos directamente abandonen la producción por no poder afrontar los gastos que implica, otros directamente dejando la producción sin cosechar hasta el año que viene y afrontando las dificultades que esto implica y otros que no tienen la posibilidad se ven obligados a vender igual antes de que siga bajando el precio. Además en todos los casos la baja de los precios de compra al productor genera no solo la quiebra de los mismos, sino también trae consigo en muchos casos la precarización laboral de los tareferos, trabajadores rurales a los cuales la paga también les viene bajando, y en otros casos ni siquiera consiguen dónde trabajar durante esta temporada, lo cual golpea a miles de familias al no contar con este ingreso complementario.

Como en tantas otras ramas el gobierno libertario privilegia a los sectores concentrados de la economía dejando desprotegidos a los pequeños y medianos productores, así como a las familias y trabajadores. No promueve su desarrollo, lo cual se ve reflejado en el constante desfinanciamiento de dependencias vinculadas con la agricultura familiar, soberanía alimentaria, agroecología, entre otros, que con sus límites permitían pensar en un desarrollo más equitativo y amigable con el ambiente.

El conflicto comenzó a escalar cuando comenzaron los reclamos y bloqueos en las puertas de los grandes secaderos a los cuales los productores le venden la cosecha de hoja verde de yerba. Grandes centros de acopio que además llenaron sus depósitos y se “stockearon” con yerba a bajo costo proveniente de Paraguay y Brasil después de la apertura de las importaciones como maniobra para especular.

El mes pasado los productores llegaron en tractores desde diferentes puntos de la provincia hasta un puesto de Rentas a la cual llaman la “aduana paralela” en el límite con Corrientes y que es desde donde se termina dirimiendo todo el negocio. Allí estuvieron hasta recibir una orden de desalojo que culminó con varios detenidos. 

Está situación recuerda a lo vivido por el sector en el 2000-2001, cuando con decretos de desregulación que luego eran acompañados de disposiciones para importar productos de la canasta básica a precios más bajos que lo producido localmente, la rebeldía del sector en la provincia empalmó con la del resto de los sectores afectados por la crisis de entonces.

En los últimos días el reclamo se trasladó desde los cortes de ruta hasta la capital provincial Posadas. Se palpita la posibilidad de un nuevo tractorazo y se sostiene la lucha por la supervivencia del sector, buscando empujar los precios de compra hacia arriba en la pulseada contra los grupos concentrados, buscando llegar a un precio mínimo de $420 por kilo de hoja verde y por otro lado para evitar un inminente cierre del INYM que está acéfalo y prácticamente sin funciones. Presionando a su vez al gobierno provincial de Passalacqua, que lejos de ponerse a la cabeza por la defensa de los intereses de su región, se mantiene al margen y permite que el gobierno nacional -del cual es un opositor “responsable”, es decir colaborador- avance haciendo quebrar a pequeños y medianos productores y concentrando aún más la producción en pocas manos.

Todo el apoyo a los productores en su lucha contra la prepotencia de los monopolios. 

Néstor Ingaramo