Macri planta bandera de remate

La reciente firma del Decreto 820/2016 por parte de Mauricio Macri habilita la adquisición de tierras por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras por fuera del marco legal vigente, la Ley 26.737 reglamentada por el Dto 274 el 29 de febrero de 2012. 

Cabe destacar que pese a la debilidad jurídica del nuevo decreto, al pretender ir por encima de una norma con rango superior y de violentar la soberanía de los Estados provinciales y municipales, facultados para efectuar su respectivo ordenamiento territorial, la medida adquiere una clara notoriedad económica y política.

En primer término, la demanda de tierras por parte de empresas locales o extranjeras representa un síntoma de la crisis del sistema capitalista en la medida que los capitales destinados a su compra pierden su potencial valor productivo, de ahí que la adquisición de tierras se incremente para salvaguardar la cuantía de un capital pero no para reproducir el mismo.

En el sistema capitalista la importancia de la tierra destinada a la producción no está en su tenencia, sino en el capital que se aplica a ésta para hacerla producir. De ahí que la propiedad de la tierra y la propiedad del capital puedan pertenecer a un mismo propietario, pero no coincidir la una con la otra.

La creciente demanda de grandes extensiones de tierra, entonces, se ha convertido en un fenómeno mundial y la misma se ha hecho evidente en los países con mayor superficie como la Argentina. Por caso, Benetton con sus 900 mil hectáreas es en este momento el mayor latifundista de la Patagonia, sin embargo, las pericias judiciales que se llevan adelante por estos días dan cuenta que Lázaro Báez sería el segundo (hectáreas que, a la luz de los hechos, se muestran indudablemente improductivas a la espera de la obtención de alguna renta terrateniente).

Por otra parte, los acuerdos referidos a la reducción de emisión de gases con efecto invernadero, han llevado a un sinnúmero de empresas a adquirir tierras en países periféricos para justificar cuotas de siembra improductiva (compensación verde), muchas veces desalojando a pequeños y medianos productores locales.

Sin embargo, la medida tiene un fuerte componente político en la medida que profundiza la tenencia de latifundios.

La mayor parte de las legislaciones mundiales que regulan la tenencia de tierra en manos extranjeras lo hace por motivos ambientales, de seguridad interior o para resguardar fronteras. Y ocurre que, precisamente, en Argentina, dicha tenencia o bien afecta el ambiente, o bien afecta la seguridad, o bien afecta la soberanía.

Muchos emprendimientos empresariales y latifundios antes de la norma kirchnerista (Ley 26.737), afectaban gravemente el ambiente por su carácter extractivo y contaminador, como las mineras y petroleras, o por la apropiación del agua como en el caso de la 400.000 hectáreas de Douglas Tompkins y sus empresas en el Acuífero Guaraní o las 11 mil hectáreas de Joseph Lewis en el Lago Escondido (provincia de Río Negro). También existían en la era “K” latifundios que confundían sus fronteras sobrepasando los límites con Chile, Paraguay o Brasil, sin contar el uso de la tierra con fines de experimentación científica, afincamiento militar, tenencia por parte de empresas radicadas en paraísos fiscales (un millón de hectáreas) y desarrollo de zonas liberadas por parte de bandas narcos, etc., razón por la cual el decreto de Macri no ha venido a hacer otra cosa que a dinamizar dicha tendencia reaccionaria.

Por último cabe considerar el fenómeno de concentración latifundista de la tierra en manos extranjeras (ver tabla anexa) y la distribución de dichos latifundios en la Argentina, en gran medida remitidos al NOA y NEA, “casualmente” coincidentes con el Plan Belgrano que alienta Macri y su alianza con el bloque del pacífico capitaneado por los Estados Unidos (ver figura anexa).

Jorge Díaz