Macri avanza contra los docentes y la escuela

El mes pasado la Legislatura de la CABA aprobó una ley que establece la creación de un Instituto de Evaluación para la docencia porteña. De llevarse a la práctica, sería la primera vez que en nuestro país la evaluación de los maestros la realice un órgano externo a la labor docente.

En el marco de la implementación de la reforma del secundario, el macrismo viene avanzando contra las atribuciones que la docencia tiene en la elaboración de distintos criterios. Primero fue la ley que reformó las juntas de clasificación, con lo cual pasarían a ser meros órganos de consulta sin capacidad de decisión. Ahora se pretende una suerte de auditoría externa para juzgar la capacidad de los docentes en actividad, auspiciada bajo el latiguillo de la “calidad educativa”.
Este discurso se apoya en una fuerte culpabilización del docente en la falta de formación continua, obviando que el grueso de los cursos se ofrece por fuera del horario laboral -la capacitación en servicio es ínfima- debiendo los maestros hacer malabares horarios para acceder a ellos. Y no se trata del único problema. Los trabajadores del CEPA (el centro de capacitación de la Ciudad) vienen denunciando el sistemático vaciamiento de este instituto de acceso gratuito; en la misma proporción, crecen los cursos arancelados de los “sindicatos fantasma” y la oferta paga de distintas universidades privadas e incluso públicas.
Asimismo, es falso que en la actualidad no haya ningún sistema de evaluación. Esa función la cumple la clasificación de las juntas, cuando evalúa títulos, cursos, antigüedad y antecedentes culturales, criterios sobre los cuales se obtiene el puntaje que determina el orden de mérito para el acceso y acrecentamiento de horas y cargos.
Apoyado en la tristemente célebre experiencia chilena, el macrismo busca expulsar a la docencia de la elaboración de criterios para evaluar a sus pares, colocando al sector privado en ese rol, acrecentando su injerencia en función de una escuela cada vez más fragmentaria, segmentada en base al origen social de sus asistentes.
Para darse una idea más acabada respecto de esto, basta con repasar la implementación del Bachillerato Internacional, emprendimiento auspiciado por las principales universidades privadas del mundo que establece estándares de cursada internacionales. Este experimento se llevará a cabo en la Ciudad en las escuelas públicas, utilizando el presupuesto y los recursos materiales (aulas) y humanos (profesores) también públicos: todo ello al servicio de las grandes empresas de la educación. ¿Quién establecerá los parámetros de la evaluación docente en el novel Instituto?
A lo que hay que agregar el objetivo poco confesado -a veces se les escapa- de atar el salario a la capacitación y el presupuesto de las escuelas a los resultados de las “evaluaciones de aprendizaje”.
El oficialismo porteño contó para la aprobación de este proyecto con el acompañamiento de UNEN. No tuvo demasiado problema en sortear la “oposición seria” del kirchnerismo, que desde la dirección del principal sindicato -UTE- se limitó a una tibia campaña de denuncia. Este “dejar pasar” obedece a dos razones. Por un lado, el marco jurídico dentro del cual avanza el PRO -la Ley de Educación Nacional, y como consecuencia de ella la Nueva Escuela Secundaria- son creaciones K que, en su letra, autorizan al macrismo a avanzar en la dirección en que lo hace. Por otra parte, la aplicación efectiva de esta ley es de suma complejidad, ya que toca intereses sensibles de varios de los implicados en la conducción de las tareas educativas.
La falta de reglamentación de la reforma a las Juntas de clasificación es un ejemplo de ello. En ese contexto, el kirchnerismo utiliza su oposición para negociar posiciones e influencias, con sumo cuidado de que no se genere en la docencia una movilización masiva.
Y hasta tanto ello no suceda, los trabajadores de la educación seguirán rehenes de la disputa por arriba. La conducción de Ademys, más allá de alguna denuncia general, no asume su rol de organizador y en cambio se devanea en la interna de los partidos que encabezan el gremio, dañando la referencia del mismo entre los docentes combativos.
Es necesario que en cada escuela se generen las asambleas para enfrentar este nuevo ataque, en el marco de la lucha por aumento salarial, por las condiciones edilicias y por el conjunto del pliego de demandas de la docencia, apuntando a acumular fuerzas de cara a retomar la iniciativa y librar una lucha acorde a las necesidades de la escuela pública.

<strong>Ámbar Torres</strong>