Las cortas patas del plan económico

El reciente enroque político ubicó a Sergio Massa como ministro de Economía y le otorgó el control de todas las áreas económicas: Producción y Agricultura, Ganadería y Pesca, la Secretaría de Energía (otrora férreamente kirchnerista) e indirectamente el Banco Central y el Nación. El plan tiene el objetivo de realizar un ajuste mayúsculo para cumplir con las metas impuestas por el acuerdo con el FMI, recientemente ratificado con el viaje de Massa a EEUU, el cual establece vencimientos de deuda en septiembre y diciembre. El aval de Cristina a Massa, que meses atrás le había sido negado a Martín Guzmán, está vinculado al aceleramiento de los tiempos de la crisis económica y la necesidad de llegar a mediados de 2023 con condiciones políticas para la continuidad del Frente de Todos en el poder.

En ese camino debe ser interpretado el panorama económico y un conjunto de decisiones de política económica del gobierno. 

Por un lado, Massa recortó $210.000 millones del presupuesto 2022 en diversas partidas (salud, educación, programas sociales, obra pública), por medio de la DA 826/22, de los cuales $128.000 serán destinados al pago de obligaciones del Tesoro (deuda). Esto permitió mostrarle al FMI un sendero concreto para la disminución del déficit fiscal primario hasta el 2,5% del PBI, conforme las metas del acuerdo. Por otro lado, para llegar al 2,5% de déficit fiscal primario en 2022, el gasto público deberá seguir disminuyendo hacia diciembre al menos en otros $130.000 millones (BAE, 8/9), con lo cual son esperables mayores recortes o postergación de pagos, lo cual implica una disminución del margen para realizar intervenciones de emergencia ante el agravamiento de la crisis (bonos para jubilados y planes sociales, paritarias o bonos para empleados públicos, etc).

Un segundo capítulo es el “dólar soja”, una medida dictada por la desesperación por engrosar las reservas del Banco Central mediante las retenciones a la exportación de la cosecha de soja, hasta entonces retenida por las cerealeras a la espera de una devaluación. El “dólar soja” benefició fundamentalmente al complejo exportador (oligopolizado por seis grandes firmas, mayormente extranjeras) y no tanto a los productores, que mayormente habían vendido sus cosechas con anterioridad, presionados por la necesidad de contar con fondos para la siguiente siembra. La joda implicó una transferencia del Estado hacia el sector agroexportador del orden de los $300.000 millones, según el periodista Alejandro Bercovich, y fue equivalente a reducir las retenciones a 0% durante septiembre. Por eso el complejo exportador liquidó aceleradamente la cosecha: el beneficio fue extraordinario. La pérdida para el Estado fue cubierta con más emisión monetaria, a su vez cubierta con un bono en dólares (o sea, con más deuda externa, y en moneda dura). Ahora bien, otros sectores (maíz, vino) buscan entrar en el privilegio y piden su propio dólar, atentos a la suba de costos de los insumos agropecuarios, pero también de sus ganancias. Un sector del empresariado vive de fiesta mientras casi la mitad del país está bajo la línea de pobreza.

Una tercera medida fue la suba de la tasa de interés hasta llegar a una tasa real positiva: es decir, que las inversiones financieras en pesos superen a la inflación y tengan un rendimiento positivo medido en dólares o en poder adquisitivo del peso. Es una condición impuesta por el FMI en el acuerdo. La medida significó llevar la tasa de referencia al 75% anual y las tasas reales de las LELIQ al ~2,5% mensual: un enorme negocio para los bancos, cuyos encajes están llenos de tales letras. Las altas tasas promueven la inversión financiera (especulación) en lugar de la productiva, y simultáneamente achican el margen de las empresas para financiar la producción: es decir, tienen un efecto recesivo, con sus coletazos en el desempleo y la baja de salarios.

En el mismo viaje a EEUU, la aprobación implícita del cumplimiento de las metas significó un aval para la presentación del Presupuesto 2023, que prevé un estancamiento de la economía (2% de crecimiento, similar al crecimiento poblacional) y una inflación del 60%. Como es esperable que la inflación supere dicha cifra, el establecimiento de la pauta oficial en 60% muestra que el gobierno apunta a reducir el déficit fiscal mediante el aumento  de la recaudación impositiva (la cual sigue a la inflación en forma automática, pues los impuestos son un porcentaje de la facturación), la disminución del gasto público (con un 60% de aumento y una inflación mayor, el presupuesto disminuye en términos reales) y la poda de jubilaciones y salarios del empleo público (sin actualización por inflación, su poder adquisitivo depende de la puja con el gobierno). Además, el Presupuesto 2023 prevé la reducción de la asistencia monetaria del BCRA al Tesoro (básicamente, menos emisión monetaria), lo cual deberá ser compensado con más endeudamiento en el mercado local (en pesos), agrandando el stock de LELIQ y pases diarios (unos $6 billones), que ya representan un 163% de la base monetaria y generan una sangría de intereses de $3,2 billones anuales desde el Estado hacia los bancos.

Mientras tanto, la inflación de julio (7,4%) y agosto (7%) estuvieron por encima de los salarios y no se espera menos de septiembre, en tanto los tarifazos de los servicios públicos aún no impactaron en los índices inflacionarios. En 2022 la inflación llega al 56%, en los últimos 12 meses a 78% y la proyección para fin de año alcanza el 95%. Además de la emisión monetaria y el stock de deuda en pesos, la inflación es empujada por la escasez de divisas, porque a falta de acceso a los dólares oficiales para financiar el intercambio con el exterior y establecer su estructura de costos, las empresas ajustan por dólar paralelo (blue o dólar bolsa), mucho más caro. Asimismo, producto de la guerra Rusia - Ucrania/OTAN y de los paquetes de estímulo durante la pandemia, tenemos una inflación a nivel internacional (en dólares y euros) que empuja el fenómeno a nivel local. Y por si fuera poco, muchas de las empresas con capacidad de formación de precios aumentan los precios al consumidor y simultáneamente crece su facturación y su margen de ganancias. Es decir, no aumentan para compensar costos más elevados, sino para engrosar sus bolsillos: es la inflación-avivada, en doble sentido.

La crisis económica se desenvuelve, para colmo, en un contexto de superávit comercial récord, gracias a los precios de los commodities (soja, trigo), lo cual debería favorecer a las arcas públicas y al circuito capitalista local. Sin embargo, la aversión empresarial a la reinversión y la tendencia a la fuga de capitales, junto con la permisividad del gobierno, habilitaron una salida de dólares para el pago de deudas corporativas (de las empresas), lo cual terminó por vaciar las reservas. El 63% del superávit comercial tuvo ese destino: USD 20.700 millones de los USD 32.700 millones (BAE, 8/9).

Mientras tanto, la devaluación “a pasitos” (crawling peg) continúa en el 6 o 7% mensual y Massa se debate qué rumbo tomar. Una primera opción es continuar con esa metodología devaluatoria para acompañar una inflación de similar tenor y, mientras tanto, profundizar el recorte fiscal y la restricción monetaria. Para ello no parece haber más margen, pues debe acumular un nivel de reservas en el BCRA para el cual no alcanza con los préstamos destrabados, las inversiones extranjeras prometidas y la reciente liquidación de la cosecha de soja. Una segunda opción -la preferida del viceministro Rubinstein- es aplicar un desdoblamiento cambiario: un valor para el dólar comercial, otro para el dólar financiero. La tercera salida, es un salto devaluatorio del orden del 20 o 25%, como reclama el sector exportador. Massa evitó optar por ello en la primera semana de su mandato, porque ello también necesita de un colchón de reservas en el BCRA que garantice la venta de dólares en el mercado y evite una corrida cambiaria -una puja repentina por hacerse de dólares a precio oficial, baratos- y al mismo tiempo requiere de un contexto social y político adecuado, pues supone una poda salarial de un plumazo. La devaluación es un hecho y un destino, el asunto es cómo gestionarla. No obstante, el impacto en el bolsillo popular es inobjetable.

Finalmente, en agosto los reclamos de reapertura de paritarias estaban sobre la mesa, se debatían en los medios: ahora fueron congelados. En ello fue fundamental el papel de la burocracia sindical, que festejó el arribo de Massa y sigue sin llamar a medidas de fuerza nacionales contra el ajuste. Tampoco se consiguieron bonos por única vez y los salarios siguen perdiendo frente a la inflación: solo en julio cayó un 2% de su poder adquisitivo. La compensación por bonos alcanzó a jubilados y planes sociales y solamente cubrió parcialmente lo perdido frente al aumento de precios. Sin paritarias ni indexación de las jubilaciones y del salario mínimo, los ingresos populares seguirán tendiendo a perder contra la inflación.

El grave cuadro económico, la penuria de las mayorías y la fiesta de unos pocos nos obligan a trabajar por la aplicación de un plan económico de emergencia. Es necesario suspender el pago de la deuda, investigar su conformación y demostrar que se trata de una estafa, para luego declarar la anulación de la misma. Asimismo, acompañar lo anterior con el control de los principales resortes de la economía. En primer lugar, estatizar el sistema bancario, para controlar la gestión de las divisas, los préstamos y las inversiones financieras e impedir la especulación y la usura. Segundo, estatizar el comercio exterior y controlar todas las importaciones y exportaciones, para frenar el contrabando y la evasión de impuestos, socializar las ganancias del comercio internacional, y tener una herramienta importante para la promoción de la industria local y el valor agregado. Finalmente, poner bajo propiedad estatal y control obrero a las grandes unidades productivas (grandes fábricas y campos, puertos, transporte, etc.) y los recursos estratégicos (como petróleo, gas, minería, etc.) que serviría para impulsar un sendero de desarrollo sustentable y sostenible, garantizar la creación de empleos y distribuir la riqueza en forma equitativa. Con un plan de este tipo, es posible financiar un verdadero proceso de desarrollo económico y garantizar el bienestar inmediato de los sectores populares.

David Paz