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Si hay un punto que unifica a las grandes patronales empresarias es lo que definen como ‘altos costos laborales’ de la economía argentina; en realidad se refieren a los obstáculos que impiden una explotación mayor de la mano de obra asalariada.
El gobierno de Macri, interpretando los intereses de esas grandes patronales, hace tiempo madura una serie de modificaciones para atar las discusiones paritarias a pautas de incremento de la productividad, avanzar en la flexibilización y precarización de las condiciones laborales, meter mano en el régimen de ART para abaratarlo a costa del aumento de la inseguridad del trabajo y los accidentes, además de continuar el desguace del fuero laboral. Esto requerirá tanto de medidas legislativas como políticas.
En esa dirección transitó el macrismo con dos iniciativas con resultados desparejos. Por un lado, el proyecto de Ganancias y, por el otro, el acuerdo paritario cerrado en la provincia de Buenos Aires con los estatales de UPCN por un magro 18%. Si bien, ambas iniciativas en lo central apuntan a cerrar las cuentas del estado, descargan sobre las espaldas de los trabajadores el costo del ajuste.
En el caso del impuesto de Ganancias, la confluencia de la oposición del FpV, el Frente Renovador y el PJ, le impuso una derrota con la media sanción de un proyecto alternativo, que sembró dudas sobre la capacidad política del gobierno para manejar la situación y, de manera simultánea, puso de manifiesto las diferencias entre los grupos monopólicos que aparecen cuando de intereses concretos se trata. Mientras, el acuerdo firmado por la gobernadora Vidal, más allá de su pretensión de imponer un tope a la discusión paritaria provincial, es de resultado incierto, no sólo porque la inflación prevista para el año entrante es del orden del 25% o más (además de no agregar lo perdido ya este año), sino porque no incluye a los docentes ni al sector de estatales nucleados en ATE, augurando un escenario de conflictos sindicales.
El proyecto de Ganancias prohijado por una mayoría opositora y la dirigencia de la CGT, atempera el impacto del impuesto sobre los salarios pero no lo elimina, cerca de un millón de asalariados y jubilados seguirán pagando, mientras no lo hacen jueces ni especuladores financieros, entre otros.
Si con estas iniciativas el macrismo intentó retomar y acelerar las políticas que avanzan sobre conquistas laborales del conjunto de los trabajadores, el resultado no es bueno para la suerte del gobierno.
A lo largo de este año, los trabajadores con nuestras luchas enfrentamos las políticas de ajuste y nos movilizamos en defensa del salario y el trabajo alcanzando muchas veces el triunfo. La lucha continúa. Nada podemos esperar de la oposición trucha de los Massa, Picheto o Kirchner. Tenemos que remover el lastre de una cúpula sindical de la CGT que bloquea la organización y la lucha hacia un paro activo nacional, eludir las vacilaciones de las CTAs y avanzar, sin sectarismo ni pretensiones hegemónicas, en la unidad del sindicalismo antiburocrático. Con todo, este 19 y 20 de diciembre encontrará al combativismo sindical, los luchadores y la izquierda en las calles conmemorando la rebelión popular del 2001.
Ricardo Jufré
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