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La intervención de Greta | ¿Podemos dudar los adolescentes?
Desde hace más de una década nuestro país se ve convulsionado por el despertar de infinidad de grupos ambientalistas enfrentados a distintas actividades económicas derivadas de la desindustrialización y reprimarización tales como la megaminería o la expansión de la frontera agrícola sostenidas con prácticas empresariales reñidas con la salud y el bienestar de muchas poblaciones. Sin embargo, últimamente, ha comenzado a incorporarse a la agenda del movimiento un problema de mayor envergadura, el denominado cambio climático, provocado por el calentamiento generado por la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).
A diferencia de los problemas domésticos, donde la respuesta a los reclamos ambientalistas contra el extractivismo varía entre el rechazo y la represión de las protestas, el caso del cambio climático muestra un correlato de creciente interés en el terreno de la política donde la opinión científica -no despejada de controversias respecto del papel de la “actividad humana” en el fenómeno-, es tenida en cuenta para definir inversiones y proyectar ganancias.
Dada la asimetría entre los países industrializados y no industrializados en la producción de GEI, obviamente el movimiento por el cambio climático ha cobrado mayor dimensión entre los primeros, donde recientemente emergió la figura de Greta Thunberg. Una adolescente sueca, insospechada por su autismo, militante contra el cambio climático que, “llamativamente”, cuenta con el apoyo de grandes lobbies, entre ellos el estudio de abogados internacional Hausfeld LLP, Earthjustice, Unicef, Amnesty International, Luisa Marie Neubauer, una ecologista ligada al partido verde alemán, y también grandes patrocinadores como la Fundación Bill y Melinda Gates, la Open SocietyFoundations de George Soros, la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco -financiada por la banca CreditSuisse, Phillips y Rolex- y, sobre todo, el exclusivo Club de Roma (con una filial en nuestro país dirigida a promover distintas actividades ambientalistas). Como es sabido, dicho club está integrado por personajes de la realeza europea como la Reina Beatriz de Holanda, los reyes Juan Carlos y Sofía de España y el exclusivo Club Bilderberg.
Lo interesante del caso es que hace pocos días, tras cruzar el Atlántico en un velero no contaminante, Greta Thunberg se presentó ante la ONU para entablar una demanda contra la Argentina por no realizar acciones tendientes a mitigar el cambio climático de modo tal que se garantizasen los derechos de los niños y adolescentes. El caso testigo señalado por la militante verde fue el de una niña residente en la CABA quien afirmó que los cortes de luz sufridos en verano por el uso de los aires acondicionados no le permitían estudiar.
A partir de aquí muchos se preguntaron por qué Argentina, que sólo aporta el 0,8% de GEI a nivel global y no China, Estados Unidos o la Unión Europea, es decir, los grandes generadores. Lo cierto es que en el contexto del protocolo de Kioto sobre el cambio climático, las acciones tendientes a la remediación (con carácter urgente según Thunberg) pueden ser autenticadas mediante certificados de bolsa, y lo que se está requiriendo en definitiva es que nuestro país acelere la transformación de su economía hacia un modelo verde sustentable, es decir, que se desindustrialice aún más de lo que ya logró el gobierno de Cambiemos.
En tal sentido, recientemente la Bolsa de Comercio de Buenos Aires emitió un instructivo denominado “el mercado del carbono” (se lo puede consultar en su página web, www.bcba.sba.com.ar) donde define los términos de las operatorias de los nuevos papeles de la economía verde y las orientaciones sobre negocios dentro del denominado desarrollo limpio.
El objetivo del mecanismo de desarrollo limpio consiste en que las empresas de países desarrollados acrediten la reducción de emisión de GEI a través de certificados de reducción de emisión de carbono (CER) que obtienen cuando sus inversiones en países dependientes usan tecnologías limpias aprobadas por las Naciones Unidas. En el caso de nuestro país, la desindustrialización y su reemplazo por inversiones descritas por la Bolsa de Comercio destacan textualmente que “la Argentina participa en el mercado de carbono con la oferta de Reducciones de Emisiones Certificadas (CER). La realización de proyectos locales de reducción de gases, encuadrados dentro de los parámetros del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL), permitirá a sus desarrolladores la obtención de certificados o bonos comercializables internacionalmente y será un canal de entrada de divisas extranjeras para el país. Los CER derivados de estos proyectos pueden ser comercializados libremente como commodities y serán finalmente utilizados por los países desarrollados para dar cumplimiento a las obligaciones asumidas en Kioto u otros sistemas como el EuropeanEmission Trading Scheme”.
Seguidamente el instructivo de la bolsa de comercio incluye la ejecución de actividades tendientes a reducir emisiones mediante el mejoramiento de la eficiencia en el uso final de la energía, mejoramiento de la eficiencia en la generación de energía, energías renovables, rellenos sanitarios (captación de CH4), sustitución de combustibles; agricultura (reducción de emisiones de CH4 y N2O), procesos industriales (CO2 de la industria cementera, CFC, PFC y SF6), y proyectos de absorción de emisiones (forestación y reforestación).
En vista de que los GEI se distribuyen uniformemente en la atmósfera, los esfuerzos para la reducción de las emisiones se pueden llevar a cabo en cualquier parte del mundo. De acuerdo al protocolo de Kioto el objetivo del MDL es que los países desarrollados o sus empresas acrediten la reducción de GEI a través de la inversión en países subdesarrollados. De esta manera, estos últimos reciben la inversión y la tecnología limpia que les permite lograr una economía sustentable. Las unidades que se transfieren desde los países subdesarrollados a los desarrollados se denominan Certificados de Emisiones Reducidas (CER) que cotizan en bolsa. Sin embargo, el círculo se cierra incrementando la dependencia de inversiones extranjeras y manufacturas de alto valor agregado que dejan de producirse por el país anfitrión quien, por su parte, debe limitarse a la generación de commodities para poder subsistir.
Un país desarrollado financia total o parcialmente una inversión en un país subdesarrollado a cambio de quedarse con los certificados por la reducción de los GEI. La intervención de Greta Thunberg como mascarón de proa en la ONU se debe a que los registros de los proyectos son clasificados allí según el sector económico en el que vayan a efectuarse las inversiones: residuos sólidos, energías renovables, biomasa, eficiencia energética, etc. Sin embargo, la premura del gran capital en el caso de Argentina obedece a que las garantías de la deuda externa sustentadas con los recursos naturales -excluidos del paraguas de la soberanía tras la firma de los decretos 29/2017 y 213/2017 por Mauricio Macri- establecen entre otras consecuencias que el Estado argentino renuncia a oponer defensa sobre dichos recursos dispuestos ahora en la órbita de los negocios de la emergente economía verde. Obviamente, siguiendo una línea de coherencia con la entrega, los científicos, es decir las Universidades Nacionales, están llamadas a legitimar el mega business. Prueba de ello, la jornada de la Red Argentina de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente -RAUSA- realizada el 18 de octubre en la Universidad Nacional de Córdoba.
Jorge Diaz
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