La desocupación y la precariedad avanzan

En medio de un ajuste económico cada vez más profundo, el primer semestre de 2025 dejó un panorama preocupante para el mundo del trabajo en Argentina. Según los últimos datos del INDEC y del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el desempleo alcanzó el 7,9 % en el primer trimestre del año, afectando a casi 1,8 millones de personas. El crecimiento de la población económicamente activa fue mayor, y dejó un saldo neto de 47 mil personas más sin trabajo en comparación con el año anterior.

Pero la situación va más allá del número de desocupados: el mercado laboral argentino se encuentra cada vez más precarizado. El empleo registrado cayó 0,7% en un solo trimestre y ya representa apenas el 20,6 % de la población total. La caída interanual es del 2,5 %, lo que implica una pérdida significativa de trabajos formales. Mientras tanto, la informalidad continúa subiendo: cuatro de cada diez trabajadores están fuera del sistema de seguridad social.

La presión sobre el empleo se expresa también en otro dato preocupante: casi el 30% de las personas económicamente activas están desocupadas, subocupadas o buscan un segundo empleo. En un contexto de salarios congelados, poder adquisitivo en picada e inflación persistente, cada vez más argentinos y argentinas se ven obligados a aceptar empleos mal pagos, sin derechos ni estabilidad.

Este deterioro es responsabilidad de la política económica del gobierno de Javier Milei, cuyo programa de ajuste y liberalización golpea con fuerza al aparato productivo. La paralización de la obra pública desde diciembre de 2023 ha generado una ola de despidos en el sector de la construcción, mientras que la apertura indiscriminada de importaciones y la caída del consumo interno han golpearon fuerte en la actividad privada. Fuentes del sector Pyme dicen que en el primer año de gobierno de Milei cerraron 12.000 pequeñas y medianas empresas. El CEPA estima que hubo más de 167.000 despidos solo en la mitad del mandato libertario. Mientras las Pyme cierran, las grandes empresas despiden y suspenden en distintos rubros: automotrices, neumático, siderurgia, alimentación, comercio. 

A este cuadro se suma la aprobación de la Ley Bases el año pasado y su capítulo de reforma laboral, que profundiza la precarización. Entre otras medidas, facilita los despidos, debilita las indemnizaciones y promueve formas contractuales más inestables bajo la lógica de la “modernización laboral”. Crece el número de monotributistas que, bajo esta lógica, son trabajadores en “blanco” pero los más vulnerables de este esquema. Lejos de generar más empleo, estos cambios desprotegen aún más a los trabajadores y consolidan un modelo de trabajo sin derechos, al servicio de un mercado cada vez más desregulado.

También “gracias” a las facultades delegadas votadas en el Congreso por muchos de los que hoy se escandalizan con la verborragia del presidente, a través de los Decretos 344, 345, 346 y 347/2025, el ministerio de Desregulación puso en marcha un amplio proceso de reorganización de la Administración Pública Nacional, que implica la disolución, fusión y transformación de más de 40 organismos públicos, lo que abona a engrosar los números de desocupación ya que implican más despidos en el Estado. 

Según un informe elaborado por la web de Mundo Gremial, las empresas y sociedades del Estado han sido las más golpeadas por los despidos durante el primer semestre. A la cabeza se encuentra el Correo Argentino, con 4.945 desvinculaciones. Le sigue la Operadora Ferroviaria S.E., donde 2.293 cesantías. Se suman Aerolíneas Argentinas, con 1.780 despidos y el Banco Nación y AySA registran 1.689 y 1.577 bajas respectivamente. En las últimas semanas el encono se viene concentrando en el INTI y el INTA. A ello hay que sumar la cruzada libertaria contra los residentes del Garraham, que aún no se tradujo en despidos, aunque el latiguillo de los presuntos “ñoquis” hace prever un ataque en el sector administrativo del hospital.

En términos relativos, el caso más extremo es el de la ex Télam, que sufrió un recorte del 80 % de su personal: 644 trabajadores despedidos y una estructura prácticamente desmantelada.

Distintas luchas aparecen para enfrentar esta ofensiva. Hubo en este año y medio decenas de fábricas tomadas por cierre, lo mismo que paros contra despidos o por retraso en los pagos de salarios, además de otras con repercusión nacional como las de la salud. La respuesta de las conducciones sindicales no viene dando la talla. Si bien la CGT convocó a tres paros generales contra el gobierno, lo hizo más para descomprimir la presión que como medidas de enfrentamiento a los ataques contra los trabajadores. Durante todo el año pasado hicieron silencio frente a la reforma laboral que se impone en los hechos, y ahora la van a discutir en el Consejo de Mayo de la mano de Gerardo Martínez. Pero la obsecuencia de la cúpula cegetista no refleja al conjunto.

A fin del mes pasado hizo su aparición pública el Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, con una movilización al Ministerio de Desregulación. Impulsan este frente los gremios de Confederación del Transporte (CATT), la UOM, Camioneros, Aceiteros, Sipreba, Fatpren, Satsaid, Judiciales, Vialidad Nacional, ATE y Suteba, entre los principales, junto con organizaciones territoriales. Se trata de un reagrupamiento positivo en la medida en que vuelca el reclamo en la calle y auspicia el debate respecto de cómo enfrentar a este gobierno. 

El combativismo sindical tiene que ser impulsor de espacios de confluencia para discutir con el conjunto la salida a tanta barbarie, planteando que se tienen que ir, desde el debate y la difusión de ideas. Hay que rodear las luchas en curso, acercando solidaridad concreta, pero sobre todo hay que buscar el protagonismo, levantando modelos que muestren que es posible enfrentarlos hasta provocarles una derrota.

Valeria Casas