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El pasado 3 de diciembre la Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido del genocida Rufino Batalla de ser beneficiado por el “2x1”, el régimen que computa doble cada día de prisión preventiva.
Batalla, ex agente civil de Inteligencia condenado a 13 años de prisión, había solicitado dicho beneficio y el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata había dispuesto su excarcelación tras haber cumplido dos tercios de su condena. La medida, que debía ser ratificada por la Corte, fue rechazada por cuatro votos a uno. Los que votaron en contra fueron Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti. El que votó a favor del represor fue el presidente de la corte Carlos Rosenkrantz, quien considera que la ley 27.362 es inconstitucional. Dicha ley surgió para excluir a los represores del beneficio del 2x1 cuando, en mayo de 2017, la Corte falló a favor del represor Luis Muiña. El escándalo que implicó esta decisión provocó que el día 10 de ese mes miles de personas salgan a la calle exigiendo “No a la impunidad, no al 2x1”, de manera tan elocuente que el Congreso debió sacar esa ley a la que solo se opuso el diputado Alfredo Olmedo. Rosenkratz, ex abogado del Grupo Clarín, La Nación, Farmacity y Mac Donald’s, entre otros, fue junto a Rosatti uno de los jueces impulsado a la Corte por Macri.
Este fallo contrario al 2x1 para los genocidas es un triunfo de la constante e ininterrumpida lucha del pueblo por el castigo a los responsables de los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar. La pelea continúa para impedir que los más de 750 los represores que a hoy no tienen condena firme no obtengan este beneficio, para que no se les otorgue domiciliarias por supuestos problemas de salud a los condenados, para que se desarrollen los juicios en curso y para que se haga justicia por todos los compañeros represaliados por la dictadura.
Corresponsal
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