Jornada piquetera del Frente de Lucha

El 8 de febrero las organizaciones del Frente de Lucha piquetero protagonizaron una jornada nacional que tuvo como centro la concentración al pie del Puente Pueyrredón, en el partido de Avellaneda. La CUBa-MTR fue parte de la movida en varias provincias del país.

La medida fue impulsada para reclamar por la falta de alimentos a los comedores populares, cuya provisión fue cortada desde la asunción del gobierno de Milei.

Este ajuste sobre los más humildes pretende ser enmascarado por el gobierno como parte de su “lucha contra la casta”. Así, ante una manifestación impulsada por la UTEP días atrás, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello planteó de manera provocadora que no iba a atender representantes sino a “la gente”. Al día siguiente de la bravuconada, la ministra se negó a recibir a las personas que se movilizaron para entrevistarse con ella, que formaron una fila de 20 cuadras. 

Con ese nivel de cinismo pretenden estigmatizar el derecho que tienen los más humildes de organizarse por sus reclamos. Derecho a la organización que también atacan amenazando con dar de baja los planes de quienes se movilicen. A pesar del miedo que quieren instalar en los barrios, la jornada movilizó a miles de compañeras y compañeros en distintos puntos, muchos de los cuales se habían movilizado la semana anterior en rechazo a la “ley ómnibus”.

Como era de esperar, la ministra Bullrich hizo su despliegue de fuerzas federales, violentando incluso los términos de su propio protocolo, ya que la manifestación no estaba cortando ningún acceso federal, siendo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. Volvió a quedar claro que el único objetivo de este protocolo es reprimir a quienes protestan contra el gobierno.

En simultáneo que se desarrollan estas protestas, el gobierno acordó con representantes del evangelismo, firmando convenios de asistencia alimentaria con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (Aciera) por $177.500.000. Frente al previsible pataleo que ello generó en la Iglesia Católica, el gobierno renovó un acuerdo con Cáritas por $310 millones. El problema, entonces, no es que “no hay plata” ni “los representantes”, sino el proyecto en el que se organizan los pobres.

Los aumentos en la Asignación Universal por Hijo y los montos de la Tarjeta Alimentar no llegan a cubrir la brutal escalada inflacionaria de los últimos meses, por lo que la entrega de alimentos sigue siendo imprescindible. Los beneficiarios del Potenciar Trabajo no llegan a cubrir las necesidades alimentarias de sus familias en este contexto económico. La pelea contra el hambre está a la orden del día.

La lucha por los alimentos es una demanda que necesita respuesta urgente. Es a su vez un eje que golpea contra la política de ajuste contra el pueblo, que es lo que unifica al conjunto de los trabajadores ocupados y desocupados, junto a jubilados, estudiantes y el resto de los sectores del pueblo, expresiones que es necesario unificar en un programa común antimonopólico, antiimperialista, patriótico y popular que sirva para organizar la lucha hasta derrotar a este gobierno de hambre y entrega.

Matías Maidana