Independencia de Cataluña I Conmueve a la España monárquica y gran burguesa

La violencia policial desatada en Cataluña el 1 de octubre por la Guardia Civil y la Policía Nacional enviadas por el gobierno central de Rajoy, provocó un salto en la crisis que se vive en España, y particularmente en Cataluña. El salto consiste en la decisión del gobierno catalán de pasar de la presión política a la desobediencia lisa y llana. Por parte del gobierno español, en pasar a los hechos luego de haber amenazado por todos los medios con una intervención por la fuerza para impedir el referéndum independentista. Y fundamentalmente, el escenario principal del conflicto pasa a ser la movilización callejera.
Más de 800 heridos por la represión policial, colegios cerrados, secuestro de urnas y boletas no fueron suficientes para desactivar la consulta popular que, de todos modos, sirvió para mostrar lo que pretendía el gobierno autónomo: España no solo nos roba, también nos pega, y el 90% de los catalanes son partidarios de la formación de un Estado independiente.
Sin embargo, analizando las cifras, esta última afirmación se vuelve muy relativa. Si bien el 90% de los votos emitidos da una clara victoria al Sí, hay que computar que sólo participó el 42% del padrón habilitado para votar. Comparando con las elecciones que se han celebrado desde la instauración de la Constitución de 1978, ésta es la segunda elección con menor participación en la historia reciente de Cataluña.
Si bien los ecos de la reivindicación independentista de Cataluña se pueden rastrear varios siglos atrás, la disputa que hoy tiene lugar responde a motivos que poco tienen que ver con los ancestros, aunque haya una historia de opresión nacional por parte del reino de España sobre todas las comunidades autónomas que lo integran y la catalana en particular, con las dictaduras de Primo de Rivera y de Franco como picos más elevados de ese sometimiento. Hace tan solo una década, los niveles del reclamo independentista no superaban el 5% entre el pueblo catalán.
El alza del independentismo comienza a registrarse casi en simultáneo con el desembarco en España de la crisis que, a partir de 2008 azota a toda Europa y que es descargada fundamentalmente sobre las economías más débiles. El peso de la crisis es soportado por el pueblo trabajador, que paga la especulación de las oligarquías financieras con niveles récord de desocupación, salarios reales cada vez más por el piso, privatizaciones de los servicios públicos, recortes a los presupuestos de salud, educación y servicios sociales, etc. Un desguace acelerado de los restos del llamado “estado de bienestar”, que tuvo en la Generalitat de Catalunya (gobierno autónomo), a uno de los exponentes más salvajes de la austeridad en España.
Durante todo este tiempo el gobierno catalán estuvo en manos de la misma fuerza política, que cambió su denominación en los últimos años, pero mantuvo siempre a las mismas figuras en el poder, y acompañó sin fisuras las políticas dictadas por la UE y aplicadas por el PSOE y el PP. Es en medio de este ajuste que la derecha gobernante (hoy PDECAT- Partido Demócrata Europeo Catalán), frente al descontento creciente del pueblo catalán, hace un giro hacia el independentismo, depositando en Madrid la suma de todos los males. El desequilibrio fiscal, los agujeros negros presupuestarios, la debacle de los servicios públicos, todo se resume en la frase “España nos roba”, que ha marcado todo este tiempo de agitación independentista. Junto con ello, la exaltación de los símbolos y marcas de identidad de la catalanidad, refuerzan la reivindicación del derecho a decidir.
El derecho a la autodeterminación del pueblo y la nación catalana, como de todos los pueblos de España; las razones para sacarse de encima un régimen político centralista, opresivo, corrupto y antidemocrático que es digno heredero del franquismo que lo parió; la necesidad de una urgente ruptura con los planes de austeridad dictados por la Troika europea, y los motivos para abolir la parasitaria monarquía que aún subsiste, son todas reivindicaciones absolutamente justas. El problema es que casi nada de esto está en los planes de quienes dirigen el ‘procés’ en Cataluña.
El proceso independentista, que tiene al President Carles Puigdemont a la cabeza, aglutina a un sector de la burguesía local que busca renegociar los términos de su relación con el gobierno central de Madrid, y al mismo tiempo recomponer sus vínculos con los sectores obreros, populares y de una pequeña burguesía que están hartos del empeoramiento de las condiciones de vida. Lo hace apoyándose en reclamos sentidos (la agobiante presión impositiva, el deterioro de la economía, la deriva represiva del gobierno de Rajoy), y manipulando el legítimo sentimiento de autodeterminación de su pueblo. Sin embargo se lava de culpas respecto a la responsabilidad que le cabe en la crisis social que agobia a las mayorías populares. Tanto el gobierno local como el central han sido fieles aplicadores de los planes de austeridad que la UE-BCE-FMI impone a sus miembros. El independentismo, en manos de los ajustadores catalanes, es una huida hacia delante de la crisis económica que persiste.
La combinación de audacia de Puigdemot y brutalidad represiva de Rajoy ha llevado las cosas a un terreno impensado hace poco tiempo. Las primeras fugas de empresas de Cataluña (CaixaBank, Banco Sabadell, Gas Natural), indican que parte de la gran burguesía catalana (en particular el sector financiero) no pretendía llegar tan lejos en la disputa. Respaldando la separación quedan los sectores que durante décadas han vivido de los contratos con la Generalitat, cuyos principales referentes (empresarios y altos funcionarios públicos) están enredados en escándalos de corrupción multimillonarios.
Mientras tanto la movilización popular se multiplica y diversifica. A las multitudes partidarias de la independencia les han sucedido grandes demostraciones contrarias inclusive en territorio catalán. Y frente a la exaltación del separatismo han surgido muestras de fascismo preocupantes. Es urgente y necesaria la irrupción de una expresión obrera y popular que identifique con claridad al bloque de intereses enemigo de todos los pueblos de España y les dé el trato que tienen largamente merecido: la unidad reaccionaria entre el gran capital europeo y español (incluido el catalán), expresado en la política de ajuste permanente, el régimen político surgido del Pacto de la Moncloa y sus personeros del PP y el PSOE, y la monarquía  ultra conservadora. De este puñado de parásitos sociales es preciso independizarse, para abrir paso a una España republicana, democrática popular y respetuosa de la independencia de las naciones y los pueblos que la componen.
Leo Funes