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El revés de Donald Trump, más allá de la sociedad civil
Estado Unidos enfrenta una profunda crisis de naturaleza compleja. A nivel económico la misma nos remite a un elevado endeudamiento público, una disminución de la actividad industrial y un aumento del desempleo. Factores como años de crecimiento del gasto público y un aumento de las tasas de interés han venido a complicar la gestión de Donald Trump. Y si bien la actividad se sostiene, la misma ya comienza a dar señales de una incipiente recesión, con un mantenimiento del consumo interno pero con creciente morosidad en el pago de las tarjetas de crédito.
A nivel nacional en los últimos años la deuda federal bruta creció significativamente, superando los 38 mil billones de dólares, y se estima que seguirá aumentando en relación con el PIB. Simultáneamente el mercado laboral y de consumo muestra un estancamiento en la creación de empleos con un aumento en las solicitudes de subsidios por desocupación, lo cual ha despertado una caza de brujas sobre los inmigrantes, especialmente latinoamericanos que llegaron a Estados Unidos en busca del “sueño americano” de bienestar.
Vale destacar que distintos países extranjeros poseen aproximadamente el 28% de la citada deuda estadounidense, siendo Japón y China los mayores tenedores individuales de bonos. A julio de 2025, China poseía alrededor de $756.300 millones en bonos del Tesoro estadounidense, mientras que Japón, el mayor acreedor extranjero, tenía $1,1 billones en dichos bonos. Amén de las acreencias que representan estos papeles, vale destacar que en los últimos años tanto Japón como China resolvieron reducir su participación en la deuda estadounidense, implicando de esta forma una creciente dificultad del gobierno norteamericano para colocar papeles de deuda y financiarse por esta vía.
A la dificultad señalada de obtener divisas a través del endeudamiento externo, se suma la caída de la recaudación interna. El déficit para el presente año fiscal es, según el Departamento del Tesoro, de 1,78 billones de dólares. Por eso Estados Unidos sostiene contra viento y marea una política arancelaria a fin de lograr fondos frescos.
Según datos publicados por Bloomberg, las drásticas subidas arancelarias de Trump ayudaron a impulsar ingresos netos por 195 mil millones de dólares, los cuales podrían ascender a 500 mil millones; sin embargo, la base legal de dichos gravámenes se encuentra bajo escrutinio legal en el Tribunal Supremo, abriendo un interrogante sobre el sostenimiento de los mismos. Simultáneamente, la recaudación de impuestos corporativos durante septiembre, debido a las medidas incluidas en la llamada ley One Big Beautiful Bill Act (“una gran y hermosa ley”) se desplomó hasta 65 mil millones de dólares.
Recientemente el propio Tesoro de los Estados Unidos anunció un déficit fiscal para 2025 de 5,9% en términos de porcentaje del PIB.
Esta grave situación ha derivado en el denominado cierre de la administración nacional, el cual lleva más de 40 días de suspensión del financiamiento del grueso de los servicios públicos y de los salarios de sus empleados, entre ellos de las integrantes de las fuerzas armadas, que si bien son considerados esenciales no escapan a las generales de la ley. Según una nota publicada por Infobae el día 6 de noviembre el personal militar de diferentes bases en Europa, como Alemania y España, ha dejado de percibir su sueldo al tiempo que las guarniciones militares atraviesan una “economía de guerra”.
Buena parte del creciente malestar de la denominada sociedad civil norteamericana frente a las políticas xenófobas y hambreadoras de Trump se ha visto reflejado en el triunfo de Zohran Mamdani, el emergente socialista en las recientes elecciones para la alcaldía de Nueva York. Sin embargo, un nuevo actor, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, también está comenzando a hacerse sentir.
Malestar en las fuerzas
Según CBS News, algunos soldados de la Guardia Nacional declararon públicamente que se negarían a obedecer órdenes federales específicas para desplegarse en el Estado de Illinois y la ciudad de Chicago para reprimir a la población que protesta contra las deportaciones, por considerarlas contrarias a su juramento o a sus valores. La insubordinación ha sido acompañada por una orden de restricción de un tribunal federal por considerar que no existe una insurrección o rebelión que justifique federalizar el empleo militar contra un pretendido enemigo interno.
Esto que reedita la doctrina de seguridad nacional aplicada por las dictaduras militares en distintos países de Latinoamérica, intenta ser llevado adelante en los propios Estados Unidos. Sin embargo, hasta ahora con un débil apoyo de la Guardia Nacional, que se muestra reacia a emplear la fuerza dentro de las fronteras norteamericanas.
Una encuesta reciente -junio de 2025- realizada entre las tropas activas destacó que un 91% reconocerían órdenes claramente ilegales o inmorales y se plantearían desobedecerlas, lo cual ha abierto un debate sobre la obediencia debida, qué constituye una orden ilegal y cuándo los soldados tienen el deber y el derecho de negarse.
El clima de enrarecimiento en el seno de las Fuerzas Armadas se ve alimentado por los magros resultados militares en países como Afganistán e Irán, el uso de la fuerza en frentes indefensos como la franja de Gaza -que ha dado lugar a deserciones y suicidios por parte de soldados israelíes apoyados por asesores norteamericanos-, o el empleo de una descomunal fuerza naval para hundir precarias embarcaciones en el Mar Caribe.
A esta situación se suma la purga de los altos mandos militares ordenada por el gobierno, la cual ha disparado el malestar y las expresiones públicas de disconformidad. Según el New York Times el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, despidió unas dos docenas de altos mandos militares en los últimos nueve meses por un brote de paranoia dada la presunta falta de lealtad personal de los cuadros militares a las políticas del emperador Trump.
Dado este cuadro, todo parece indicar que, sin dar en la tecla en el orden civil y militar, el gobierno de Estados Unidos marcha a la deriva en un mar de dificultades políticas, económicas y sociales.
Jorge Diaz
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