El kircherismo y la crisis energética

La crisis económica nacional produjo un efecto similar a la retirada de la marea: dejó al desnudo lo que estuvo acumulándose durante años. La situación energética del país es un buen ejemplo de esta metáfora.

Durante la era kirchnerista se paso del superávit al déficit en la balanza energética, tanto por el crecimiento del PBI o de la actividad industrial, y en particular, por el vaciamiento de las reservas de YPF perpetrado por el monopolio español Repsol y el grupo empresarial Petersen (de la familia Eskenazi), con el aval y la participación del gobierno nacional. El reparto de dividendos al exterior, la ausencia de planificación e inversión y la venta de los activos de YPF les otorgó grandes ganancias a costa de la exploración y la infraestructura para la producción de petróleo y gas.
Por otro lado, algo similar sucedió con la energía nuclear. Por ejemplo, la festejada central Atucha II tenía un presupuesto de U$S 700 millones y un plazo de construcción de 4 años desde 2006, pero se inauguró 8 años después habiendo consumido U$S 3.200 millones, el cuádruple de lo previsto.
De esta manera, mientras en 2006 se registró un superávit de casi U$S 6.000 millones en la producción de energía, en pocos años llegó a cero y luego a los números negativos: en 2013 el déficit era de U$S 12.800 millones. Para darse una idea, el año pasado la importación de energía representó un gasto equivalente al 42% de las reservas del Banco Central.
Las medidas de emergencia que se vienen adoptando para salir del embudo energético tienen un costo muy elevado. La importación es uno de ellos: creció la cantidad de combustible traído desde Bolivia, EEUU y Rusia y solo en el mes de julio de 2014 se compraron a Uruguay 120.000 MWh de electricidad -más del doble de lo importado en todo el 2013-. Los precios son variables, pero siempre más caros que la producción nacional e incluso que los precios de mercado internacionales.Otra carga pesada es la generación eléctrica alternativa. Para el caso, la planificada instalación de generadores móviles en todo el país -bajo el programa Energía Distribuida VII- tiene un costo hasta 30 veces superior a la energía generada mediante centrales termoeléctricas convencionales y de ciclo combinado.
Con este nivel de gastos es comprensible que en julio de 2014 el gobierno nacional ya haya repartido el 97% de los $ 41.000 millones de subsidios energéticos presupuestados, mayormente a ENARSA -compañía estatal de energía- y CAMMESA -administradora del mercado eléctrico, aunque también Edenor, Gas Natural, Metrogas, etc. Una gran parte de los subsidios fueron usados por las empresas para girar dividendos al exterior o pagar deudas sobredimensionadas con bancos extranjeros (fuga de dólares) y comprar distribuidoras en el interior del país para formar monopolios energéticos, pero nunca para inversiones y mejoras del servicio.
La situación es grave, considerando que el déficit energético ocurre en un contexto de recesión económica -donde la demanda industrial de electricidad y combustibles ha disminuido- y que los subsidios a las empresas se financian con emisión monetaria (es decir, imprimiendo billetes), una de las posibles causas de la inflación.
La política de subsidios a los servicios nació luego de 2001 para compensar las ganancias de las empresas proveedoras, frente a la incapacidad de los usuarios de pagar las cuentas a precio dólar como había sido durante la convertibilidad. Esa fue la forma que el gobierno kirchnerista encontró para garantizar -con fondos públicos- los bolsillos de concesionarios extranjeros y empresarios locales ligados al poder político.
Es decir, se mire por donde se mire, la crisis energética se paga caro y la termina pagando el pueblo. La quita de subsidios aplicada este año provoca un aumento sideral en las tarifas de agua, luz, gas, nafta y transporte. Para la provisión de agua, el aumento es del 400%; en el caso del gas van del 250% al 500% para 8 millones de usuarios residenciales en todo el país. Capitanich y Kiciloff dijeron que los aumentos serían menores para hogares que reduzcan su consumo en un 20%: el equivalente a apagar estufas y dejar de cocinar durante una semana por mes, una verdadera extorsión a las familias argentinas.
Por si fuera poco, estos aumentos se dan en paralelo a los frecuentes cortes del suministro, que dejan barrios enteros sin luz durante días o semanas, arruinando a pequeños comerciantes y creando problemas en la vida cotidiana de la gente. Los piquetes y cortes de calle de diciembre de 2013 fueron una expresión de la bronca que recorría cientos de miles de hogares en todo CABA y GBA.
La “solución” encontrada por el kirchnerismo es repetir una vez más la fórmula de la entrega de los recursos del país. La asociación de YPF con Chevron para la explotación del yacimiento de Vaca Muerta abre la puerta a las inversiones y garantiza combustible al mercado local a cambio de dejar en manos de la multinacional la producción, distribución y comercialización (exportación) a largo plazo, con todas sus ganancias. La soberanía, bien gracias.
El acuerdo constituye un jugoso negocio para esta y otras empresas: Vaca Muerta es el yacimiento con más potencial del mundo, gracias al volumen y las facilidades de producción que ofrece, según un estudio de la compañía Accenture. Las movilizaciones contra el acuerdo demostraron la opinión popular sobre esta salida pro-monopólica a la crisis energética y la represión del gobierno dejó en claro su compromiso con los monopolios extranjeros.
El capital es incapaz de superar las crisis que provoca, solo sabe profundizarla mediante el reforzamiento de la explotación de los recursos materiales y humanos, bajo las formas de saqueo y ajuste. Por eso el imperialismo, al mismo tiempo que atraviesa una crisis económica y política en todo el mundo, endurece su dominación sobre los países dependientes. Mientras tanto, la gran burguesía local profundiza la entrega.

David Paz