El Acuerdo con el FMI guía una política de ajuste

A un año de su firma, el acuerdo se revela como una pesada carga para la economía argentina, lejos de la metáfora oficial que prometía un “despegue” a partir del mismo. Las principales metas del acuerdo son la reducción del déficit fiscal y la acumulación de reservas en el BCRA, de lo cual dependen los desembolsos trimestrales del FMI para pagar los vencimientos de deuda del propio FMI. Para cumplir con las metas y evitar un default, el gobierno implementa medidas de ajuste y mecanismos de corto plazo y gran costo social y económico.

Los lineamientos del 2023

Bajo la administración del FdT la deuda pública creció en términos nominales (unos USD 60.000 millones), aunque disminuyó levemente en relación al PBI (80% en 2022). Además del monto, es considerable el perfil de la deuda: un 67% está nominado en dólares y solamente un 33% en pesos (Secretaría de Finanzas). Para colmo, en 2022 el FMI aumentó la tasa de interés que cobra a los países deudores (+3,2%), a lo que se suma las sobre-tasas que cobra a los países que exceden su capacidad de endeudamiento, todo lo cual incrementa la deuda de Argentina. En ese sentido, como sostiene el periodista Alejandro Bercovich, el Fondo actúa de manera inflacionaria y promoviendo el default de los países endeudados. No obstante, el asunto principal es que la economía argentina no cuenta con las reservas ni el flujo de ingresos suficientes para afrontar los vencimientos, ni ahora ni cuando comience la devolución de intereses y capital, hacia 2027. Por eso el acuerdo es imposible de cumplir en los términos firmados, y deberá ser renegociado tras las elecciones de 2023. Sin embargo, continúa guiando los destinos de la economía nacional, pues el pago de los vencimientos trimestrales depende del propio desembolso del FMI, condicionado al cumplimiento de las metas. 

En ese sentido, el 2023 será un año difícil en Argentina, atravesado por las condiciones que impuso el FMI. De hecho, el “plan Massa” fue un acuerdo político al interior del FdT para determinar quién y cómo se cumpliría con el ajuste necesario post-acuerdo con el FMI sin recurrir a una devaluación brusca ni ajuste tipo shock, pues no hay margen social ni político para ello, todo con el objetivo de llegar a las elecciones en condiciones precarias pero con chances de competir. Las medidas implementadas por el ministro de Economía son una mezcla de malabarismo, pragmatismo y ortodoxia económica, con un horizonte de corto plazo y elevado costo fiscal, que permitan sostener un precario equilibrio de las finanzas públicas. 

En primer lugar, un anticipo del ajuste fiscal estuvo en el recorte de partidas realizado por Massa, del orden de los $200.000 millones, poco después de asumir como ministro. Semanas más tarde se aprobó el Presupuesto 2023, guiado por un solo hilo conductor: cumplir con la reducción del déficit fiscal al 1,9% del PBI. Por eso las partidas de gastos fueron actualizadas con una inflación prevista del 60%, lo cual supone un recorte, pues la inflación actual y la expectativa hacia 2023 ronda el 90% y la recaudación impositiva crecerá conforme esa inflación real. La diferencia será embolsada por el Estado con el objetivo de cumplir la meta del 1,9%: se trata de un ajuste de facto. Mientras tanto, la disminución del gasto y la inversión públicas afectarán la creación de empleo, los niveles salariales y el ingreso de los más vulnerables, entre otras.

En segundo lugar, la meta de acumulación de reservas es más sinuosa. Conforme la dinámica actual, el principal mecanismo de acumulación de reservas -las retenciones de la agroexportación- están mediadas por el mecanismo del “dólar soja”, del cual se aproxima su tercera edición. Con ello, el Estado le compra los dólares a los exportadores a un precio superior (equivalente a no pagar retenciones), lo que les permite hacerse de una importante ganancia. Es decir, se acumulan reservas a un elevado costo fiscal, en un contexto donde el gobierno está reduciendo el déficit mediante recortes de inversión y gastos -por ejemplo, con los recortes en obra pública o los planes del Potenciar Trabajo-. Es una distribución muy regresiva de los recursos fiscales. Sin embargo, el grueso del superávit comercial de 2021 / 2022 y de lo recaudado con el dólar soja se dilapidó en financiar los pagos de deuda corporativa, importaciones y, recientemente, en la recompra de bonos del Estado -una apuesta que terminó en fracaso-, lo cual impide la reconstrucción de las reservas.

Además del ajuste establecido por las metas del FMI, el mecanismo clave del deterioro del bolsillo es la inflación. Según datos oficiales, tomando los últimos 5 años la escalada fue la siguiente: 25% (2017), 48% (2018), 54% (2019), 36% (2020), 51% (2021) y 95% (2022). Para 2023 las metas oficiales (60%) y las declaraciones de intención de Massa (3% en abril) ya se quedaron cortas: en diciembre llegó al 5% y cerró con un 95% anual (2022), mientras que los aumentos en enero y los que vienen en febrero y marzo probablemente mantengan a la inflación en sus niveles actuales. Entretanto, el plan estrella de los Precios Justos supuso un parche por unos meses pero no terminó de controlar los precios, pues solamente ataca un problema (la remarcación de precios) y otorga a cambio los jugosos dólares oficiales para las empresas que lo respeten (es un gran negociado), mientras que los factores estructurales de la inflación siguen en pie: los términos del acuerdo con el FMI, las altas tasas de interés y  los intereses de la deuda en pesos, los tarifazos en los servicios públicos, la devaluación (que encarece los precios de los insumos importados), etc. Mientras tanto, los aumentos de salarios son pactados de acuerdo a la inflación “oficial”, en torno al 60%, un verdadero favor de la burocracia sindical hacia el gobierno y las empresas. Por supuesto, es esperable que durante el año sean acomodados por cláusulas gatillo, bonos, nuevos acuerdos o por aumentos conseguidos con la lucha, pero se trata de promesas a futuro que siembran de incertidumbre a las familias obreras. Asimismo, este “pisado” de los salarios ocurre en un escenario muy frágil: a pesar del crecimiento del empleo y una baja desocupación (~7%), nuestro país mantiene una tasa de pobreza estimada del 38% (INDEC) al 43% (UCA). Es una canallada financiar aventuras económicas con el bolsillo popular, especialmente cuando un sector del capital está de fiesta, como lo muestran los balances de los principales monopolios que operan en el país.

¿Ajuste para quienes?

Paradójicamente, la fragilidad financiera del Estado y el ajuste fiscal tienen lugar en un contexto donde la actividad económica creció hasta ubicarse en los mismos valores de octubre 2015 y la desocupación se mantiene en umbrales relativamente bajos, es decir, se recuperó de la caída producida por la pandemia e incluso de la debacle macrista y se crearon cientos de miles de puestos de trabajo. Sin embargo, tal recuperación es para unos pocos, pues los salarios son ¡un 25% menores! (ODS / CTA-A). En números, los salarios perdieron $58.000 bruto por mes respecto a 2015 (MATE Rosario), donde la pérdida mayoritaria tuvo lugar bajo el macrismo (-15% en 2015-2019), pero también con el Frente de Todos (-4%, concentrados en 2022). Incluso el propio Estado reconoce la pérdida del salario real de los trabajadores en 2022 y por …¡quinto año consecutivo! (RIPTE, MTEySS). En otras palabras, la “recuperación económica” se basa fundamentalmente en la sobre-explotación de la fuerza de trabajo. ¿Y quién se queda con la diferencia? La respuesta está en la participación de salarios y ganancias en el producto económico. Según un informe de la UNPAZ, la participación de salarios y ganancias en el producto habla de una redistribución regresiva del ingreso: pasamos de 45% salarios y 42% ganancias (enero 2016), a 40% salarios y 49% ganancias (enero 2020), y luego 33% salarios y 56% ganancias (diciembre 2022). Un informe análogo señala que la caída de la participación del salario en la economía se produjo desde un 51% en 2016 hasta el actual 43,6% (MATE Rosario). 

No obstante las diferencias, los informes citados coinciden en mostrar la importante caída del salario en un contexto de recuperación de la actividad económica y la ganancia empresarial. A su vez, si el 2022 fue duro con el bolsillo obrero, el 2023 será más difícil todavía, pues las previsiones de crecimiento son casi nulas: 2% del PBI, según el propio Presupuesto elaborado por el Ejecutivo -el FMI y la OCDE calculan el mismo crecimiento-. Con un 2023 así, es esperable que los salarios sufran aún más.

¿Por dónde salir?

A todo esto, a mediados de febrero la oposición de JxC lanzó una campaña mediática señalando que la deuda en pesos es una “bomba” impagable, intentando provocar una corrida de capitales desde los instrumentos de deuda locales hacia el dólar, con el objetivo de romper el precario equilibrio que amasa el FdT y así configurar, quién sabe, un escenario electoral más propicio y una excusa (el caos) para implementar medidas de ajuste más severas. No es una novedad que la alternativa más agresiva de la gran burguesía busca reordenar la economía nacional a partir de una devaluación brusca, la unificación de los tipos de cambio, la desregulación del mercado financiero y la aplicación de las reformas estructurales (jubilatoria y laboral). Se trata de una falsa alternativa, pues únicamente se trata de descargar en forma más acelerada y directa el peso de la crisis sobre los hombros de los sectores populares.

En ambos lados de la vereda, con estrategias y tiempos distintos, existe una proyección económica asentada -entre otras variables- en la destrucción del poder adquisitivo de los salarios e ingresos populares. Construyamos un gran frente antimonopólico y antiimperialista a partir de un programa económico que priorice el inmediato bienestar popular a través del desconocimiento de la deuda externa y la estatización de los principales recursos y resortes de la economía, apoyado en la movilización y la deliberación política de los sectores populares.

David Paz