Economía: muchas nuevas, pocas buenas

El FdT se rindió ante la presión de los capitales financieros internacionales y el gran empresariado local, que protagonizaron una corrida cambiaria durante julio y agosto para promover una devaluación y presionar por mejores condiciones para la reproducción del capital. La renuncia de Guzmán y el interregno de Batakis abrieron paso a la última carta de la coalición gobernante, Sergio Massa, empoderado con todas las palancas económicas del Poder Ejecutivo y objetivamente mandatado para llevar adelante un ajuste de proporciones.

Primeros anuncios

En su primera conferencia de prensa, las medidas anunciadas por Massa estuvieron dirigidas en beneficio de los sectores dominantes, priorizando la relación del gobierno con los responsables de la crisis económica y profundizando la orientación pro-mercado del plan económico. Se trata de un giro conservador, admitido incluso por sectores integrantes del FdT, algunos de los cuales han amenazado con rupturas por ahora no consumadas.

La ratificación del acuerdo con el FMI y el cumplimiento de las metas pactadas obligan a una serie de medidas en dirección a la disminución del déficit fiscal primario (a 2,5% del PBI en 2022). Para ello, el congelamiento de la planta del Estado, el compromiso de no utilizar adelantos del BCRA al Tesoro, el pago adelantado de Ganancias de grandes empresas y la quita de subsidios a la energía con el consecuente tarifazo; el “ahorro fiscal” de USD 400 millones será descargado sobre los bolsillos de las familias trabajadoras. En materia comercial, el gobierno otorgó beneficios impositivos y crediticios a los sectores exportadores (petróleo, soja, etc) y algunas restricciones a las importaciones desmedidas. En materia financiera, Massa busca una serie de créditos en el exterior (CAF, organismos multilaterales, el propio FMI, etc) para fortalecer las reservas. Finalmente, las referencias al desarrollo inclusivo y los ingresos populares solo se tradujeron en anuncios con sabor a poco: bonos a planes sociales y jubilaciones, más un 15% de aumento en los haberes previsionales. Además, una lejana convocatoria al Consejo del Salario Mínimo para fines de agosto y la promesa de un bono para el sector ocupado: un mecanismo para evitar la apertura de paritarias y la discusión real sobre los salarios.

El ataque a “los planes”

Por otro lado, una parte del plan de reducción del déficit fiscal es atacar los planes sociales, un guiño hacia el electorado de derecha y un tema vinculado a la disputa política entre gobernadores e intendentes y organizaciones sociales. En este campo, el gobierno propone una auditoría sobre los planes sociales, pero se trata de una impostura que busca justificar eventuales recortes en montos y cantidades de planes Potenciar Trabajo, que hoy llegan a solo a 1,3 millones de personas en un país donde el 42% de la población (unas 17 millones de personas) vive bajo la línea de la pobreza. Por otro lado, vuelve a la carga con la propuesta de convertir los planes sociales en empleo, un reclamo eterno del movimiento piquetero. No obstante, la disponibilidad de puestos genuinos de trabajo no depende de los trabajadores sino de los empleadores, y el mercado laboral y el sector privado se mostraron incapaces de absorber la mano de obra disponible; caso contrario no habría 3,7 millones de desocupados y subocupados. Los puestos de trabajo no pueden crearse por decreto: se necesita un plan económico basado en el desarrollo productivo y enfocado en la generación de empleo, como el que proponen las organizaciones de la Unidad Piquetera. Hoy ese plan no existe. Por otra parte, la tendencia de la clase empresaria es pagar salarios de pobreza, razón que explica que con solo 7% de desocupación (que probablemente sea un 14% real) tengamos un 40% de pobreza: entonces, crear empleos es solamente un primer paso para resolver la pobreza, también se necesita aumentar los salarios y mejorar las condiciones de contratación. No obstante, el gobierno bloquea las paritarias y camina lentamente hacia una reforma laboral por etapas, atacando los convenios rama por rama (petroleros, automotrices, etc). 

Finalmente, la propuesta de “convertir los planes en empleo” contiene un riesgo potencial. Concretamente, el gobierno ofrece mantener el pago del plan social durante un año a los beneficiarios que sean contratados en blanco, pero descontando ese monto del salario que le paga el empresario -el cual se “ahorra” $23.700 por mes, o lo que valga el plan en ese momento. De esa manera, es más “atractivo” para el empleador contratar a un beneficiario del Potenciar Trabajo antes que a una persona desocupada común y corriente, a quien debe pagarle un salario completo. En ese sentido, la propuesta del gobierno no busca reducir la desocupación sino promover la contratación de los beneficiarios de planes sociales por sobre otros desocupados, justamente para reducir la cantidad de planes vigentes. Para colmo, esto promueve la competencia entre desocupados y abre una brecha discriminatoria entre desocupados de primera y segunda clase. El universo de personas desocupadas (aproximadamente 3,4 millones) es mucho más grande que la cantidad de titulares del Potenciar Trabajo (1,3 millones): el gobierno no debe elegir quiénes son los primeros en conseguir un empleo, sino crear puestos de trabajo para todos. 

Panorama financiero

En materia de deuda externa, la ratificación del acuerdo con el FMI explica el sendero ortodoxo de Massa. El gran empresariado local es dueño del 55% de la deuda pública y para valorizar los títulos en su poder exige estabilizar las cuentas del Estado, reduciendo el déficit primario (los gastos corrientes del Estado), fundamentalmente recortando subsidios a la energía y el transporte (tarifazos en los servicios) y el gasto social (bajar los planes, salarios y jubilaciones). No obstante, la gran burguesía esquiva un dato de manera interesada: el quebranto del Estado se debe fundamentalmente a la carga de los intereses y el capital de la propia deuda externa, que fue mayormente contraída para sostener mecanismos de especulación financiera y fuga de capitales, de los cuales ha sido la principal beneficiaria. El saneamiento del Estado y la recuperación de su capacidad de intervención e inversión debe comenzar por la suspensión de una deuda ilegítima, ilegal y odiosa, fabricada en beneficio de unos pocos, particularmente el segmento contraído con el FMI, quien tiene la potestad de facto de dirigir la política económica.

Por otra parte, el canje de deuda en pesos ($2 billones que vencían en agosto, septiembre y octubre) fue afrontado con épica y presentado como un triunfo, cuando en rigor el gobierno logró que los inversores financieros no se desplazaran al dólar otorgando elevadísimas tasas de interés y bonos ligados a la inflación (CER) o la cotización del dólar (dollar linked): es decir, grandes beneficios para los especuladores. En esa sintonía también hubo un importante aumento de la tasa de interés de política monetaria del Banco Central, que llevó las tasas efectivas de instrumentos como las Leliq al 96%: un enorme negociado para los bancos y una profundización de la carga de intereses para el Estado. El gobierno evita el descalabro financiero y la fuga al dólar, pero a costa de un fuerte empujón a la inflación, el aumento del stock de deuda pública y un potencial efecto recesivo.

Finalmente, con la misma intención de obtener divisas, Massa puso en marcha el llamado “dólar soja”, un mecanismo comercial y cambiario que permite a productores y corredoras de grano el acceso a dólares baratos durante los próximos 60 días. Sin embargo, sigue sin aparecer la prometida liquidación de la cosecha de soja, estimada en unas 23 millones de toneladas y valuada en USD 14.000 millones. Ocurre que “el campo” pide reducir la brecha entre el dólar oficial y los financieros, es decir, una devaluación en regla para aumentar su renta. 

Sin embargo, no hay que dejarse engañar: Massa busca sostener la deuda en pesos y mejorar la relación entre el ingreso y el egreso de dólares no para sostener la cotización del peso, sino para llevar adelante la devaluación que piden los monopolios. La acumulación de reservas es una condición necesaria para aplicar una devaluación controlada. Esa decisión es un fuerte golpe para quienes viven de un ingreso fijo en pesos (salarios, jubilaciones y planes sociales) y una excelente noticia para el complejo exportador (agropecuario, petrolero, minero, etc.). 

El régimen político del gran capital

Por otro lado, si bien el gobierno prefiere no adelantarse con la devaluación y la oposición la exige inmediatamente, el camino de ajuste encarado por la gestión de Massa está consensuado con el conjunto del régimen político. El sector “moderado” de Juntos por el Cambio contempla realizar un acuerdo parlamentario con el massismo para la sanción de leyes vinculadas al plan económico de ajuste, cosa que motivó la explosión de la interna del bloque opositor, con Carrió marcando la cancha al resto del PRO en nombre de Macri. El kirchnerismo avaló la asunción de Massa y mandó a renunciar a sus “inamovibles” funcionarios de la cartera de Energía y le soltó la mano a los directivos heterodoxos del Banco Nación. El BCRA de Pesce aumentó las tasas de interés, cosa que le había negado a Guzmán. Los gobernadores y prácticamente todo el arco sindical festejaron la llegada de Massa y prometieron sostener al gobierno por sobre cualquier otra cosa: un visto bueno al plan de ajuste. Todos esperan que Massa transite un camino ortodoxo en materia económica y dejan atrás la épica redistributiva: la “guerra contra la inflación” lanzada por Alberto terminó en una derrota, o más bien en una estafa que no pasó del discurso; quedaron en el olvido el salario básico universal, el gravamen a la “renta inesperada” o nuevas versiones del impuesto a las grandes fortunas, todas amagadas de diversos sectores de la coalición gobernante, más para la tribuna que otra cosa. Tampoco avanzaron en presentar ante el Congreso aumentos a las retenciones de cereales y oleaginosas: por miedo a la derrota ya ni encaran las peleas.

Como se observa, la crisis económica tiene como protagonistas a un Estado quebrado, a un régimen político dispuesto a más ajuste y a una clase trabajadora cansada de recibir golpes al bolsillo. No obstante, la crisis económica necesita ser caracterizada considerando también la situación del capital. Por un lado, no hay una ola de quiebra de empresas, ni despidos o suspensiones en forma generalizada: por el contrario, hay una lenta pero sostenida generación de empleo y reaparece la inversión privada conforme se reduce la capacidad instalada ociosa. La actividad económica atraviesa un proceso de recuperación y el ciclo de acumulación del capital tiende a estabilizarse tras la pandemia y el descalabro macrista, todo ello en forma desigual según ramas y tamaños, por supuesto. Algunos sectores y empresas viven un “veranito” a caballo de los aumentos desmedidos de precios, las elevadas tasas de interés o el incremento de los precios internacionales de los commodities, como empresas alimenticias y frigoríficos, farmacéuticas y petroquímicas, supermercados, exportadoras de granos y las firmas más grandes y mejor diversificadas en general. 

Sin embargo, la recuperación económica no se traduce en una distribución progresiva de la riqueza, sino más bien en su concentración en pocas manos: desde 2017, el reparto de la riqueza favoreció al empresariado (+8%) y perjudicó a los trabajadores (-9%), según datos del CIFRA-CTA. La redistribución regresiva del producto ocurrió con Macri y Alberto casi por igual, fue particularmente fuerte en el sector industrial (la caída del salario real fue del 39%) y tuvo a la inflación como el principal mecanismo de transferencia de riquezas desde el trabajo hacia el capital. En otras palabras, los trabajadores sostienen el crecimiento económico, pero la riqueza es apropiada por el empresariado: una lección básica de marxismo. 

David Paz