El pasado 1° de noviembre se sancionó en la legislatura porteña, tras un tratamiento express y vergonzoso, una nueva ley para la carrera profesional de salud en CABA.
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En mayo de este año, tres maestras del jardín de infantes JIN C DE 9 de Palermo habían sido denunciadas por familias por presuntos abusos hacia los niños de sus salas. Además de un agitado revuelo mediático, ello también generó la solidaridad del grueso de la docencia, que vio en esta denuncia un ataque infundado y un aprovechamiento para poner en cuestión el trabajo docente y a la escuela pública. El paro convocado por los sindicatos en defensa de las maestras fue uno de los más masivos del año, teniendo una adhesión casi total en el nivel inicial.
A fines del mes pasado, la perito oficial de la causa firmó que, según lo que surgió de los doce peritajes que se hicieron a los niños, no hubo abusos. Se allana así el camino para el sobreseimiento. Por supuesto, pasadas varias semanas ninguno de los medios que publicó notas catastróficas sobre las denuncias levantó esta noticia.
La docencia se expone permanentemente cuando busca trabajar en profundidad con familias ante síntomas de posibles vulneraciones de derechos de los niños. Estas denuncias falsas no solo atacan al docente en cuestión, sino que ponen en un lugar de mayor vulnerabilidad a los niños involucrados. Y por supuesto, es una excusa perfecta para agitar el parche del discurso antidocente que avala los salarios a la baja y la flexibilización de las condiciones laborales.
Abrazamos a las compañeras damnificadas. El daño sobre ellas está hecho y será de difícil reparación, pero la solidaridad entre las y los trabajadores es una buena ayuda en ese camino.
Corresponsal
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