Docentes - Avanzar hacia un plan de lucha

La situación de la docencia en todo el país no es ajena a la de cualquier trabajador en relación de dependencia: las paritarias firmadas en marzo están muy lejos de la inflación acumulada y de la proyección anual. Con el dato del 7,4% de inflación de julio (la más alta en veinte años) queda más que claro que los salarios se han pulverizado y que los aumentos pactados no compensan en prácticamente nada. Ante esta situación (que tiene variaciones de una provincia a otra pero que en todos los casos es acuciante) algunas provincias no comenzaron las clases luego del receso y se movilizaron. Entre ellas se destaca la movilización en Mendoza, cuyo sindicato, por la presión de las bases movilizadas, no aceptó la paritaria que ofrecía el gobernador Suárez y llamó a parar luego del receso en un plan de lucha con paros escalonados. Esta situación de tensión que se repitió en varias provincias, sumada a la noticia de la condena a Santiago Goodman, ex secretario General de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) quien fue condenado en primera instancia por el incendio a la legislatura que se produjo durante la represión policial que sufrieron los docentes de esa provincia, llevó a que CTERA llamara a un paro nacional el miércoles 10 de agosto con las consignas de reapertura de la paritaria nacional y contra la criminalización de la protesta social.

En CABA el paro tuvo un acatamiento importante porque a los reclamos por las paritarias (cuyo último acuerdo de mayo llega a acumular un 60% recién en noviembre cuando la inflación proyectada ya supera el 71% y lleva acumulado a julio un 50%) se suma la situación de vaciamiento de la Obra Social de los empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) que en los últimos meses ha venido suspendiendo turnos, cobrando cada vez más copagos y disminuyendo convenios con distintos prestadores, lo que afecta no solamente a docentes activos y jubilados sino también a todos los empleados del estado de la CABA y deja en una situación de vulneración del derecho a la salud a cientos de familias. 

Otro punto de conflicto en CABA tiene que ver con la reforma del estatuto docente que la Legislatura aprobó en mayo de este año y que entre varios puntos perjudiciales, prometía la titularización de docentes de media y superior pero que hasta el momento desde el Ministerio de Educación no dan ninguna precisión sobre cuándo se hará efectiva dicha titularización. Mientras tanto, los puntos negativos de la reforma del estatuto avanzan viento en popa.

Por otra parte, en Provincia de Buenos Aires, el SUTEBA de Baradel tuvo que presionar al gobernador Kicillof para que rechazara la propuesta trasnochada del ministro Jaime Perczyk de sumar una hora de clases a la jornada escolar en esa idea sin sustento de que cantidad de horas implica calidad educativa, cuando sabemos que la calidad educativa se logra con mayor presupuesto para salarios docentes, infraestructura, conectividad para estudiantes y, sobre todas las cosas, con las necesidades básicas de lxs estudiantes satisfechas. 

En definitiva, es imposible pretender que la educación sea de calidad cuando el 50% de niños, niñas y adolescentes no pueden hacer las cuatro comidas diarias y cuando los docentes tienen que trabajar el máximo de horas que permiten los estatutos (que no es una cantidad recomendable bajo ningún aspecto) para estar apenas por encima de la línea de pobreza (si es que se llega). Sin embargo, el gobierno de Rodríguez Larreta amenaza con sacar parte del plan Ciudadanía Porteña a los y las estudiantes que no cumplan con un 85% de presentismo, siguiendo así la misma lógica de Perczyk de que cantidad implica calidad. No sólo no implica mejor calidad educativa sino que vulnera aún más los derechos de los estudiantes. Ese es el caso que se conoció al cierre de esta edición en el que una niña de once años que vivía en la Villa 21-24 y que estudiaba en la Escuela N° 11 DE 2 de CABA, perdió la vida producto de años de desnutrición y a pesar de los esfuerzos de sus docentes por ayudarla a ella y a su familia. La ciudad más rica del país permite que sus niños mueran de hambre y el jefe de Gobierno amenaza con recortar aún más la magra ayuda económica que otorga. Ya no es desidia, son criminales en el gobierno.

Con todo esto, las bases presionan a las conducciones sindicales por un plan de lucha. Un paro aislado como el del 10 de agosto no alcanza para poner de manifiesto todos los problemas que atraviesa la educación, necesitamos de la mayor unidad y organización posible para avanzar en los reclamos hasta obtener salarios dignos, condiciones de trabajo adecuadas y los derechos básicos de los estudiantes garantizados.

Diana Carrera