Deuda y chanchos chinos: dos caras de la Argentina dependiente

En julio trascendió la noticia de un posible acuerdo entre empresas chinas y argentinas para la crianza de cerdos. Esto, que en un principio era un rumor, ya tenía como antecedente los dichos durante el mes de enero del CEO de Biogénesis Bagó, Esteban Turic: “Frente a la crítica situación que está viviendo China y la cercanía de Biogénesis con los principales productores de cerdo de ese país, surgió la posibilidad de acercar a las partes para trabajar en una asociación binacional para pasar de una producción de 6 a 100 millones de cerdos en un período de 5 a 8 años”.

China, principal productor y consumidor mundial de carne porcina, viene de lidiar con la Peste Porcina Africana (PPA), una enfermedad hemorrágica con alto nivel de contagiosidad que afecta principalmente a cerdos y jabalíes salvajes, y que obligó a sacrificar el 55% de los chanchos del país en 2019. A pesar de no ser una enfermedad zoonótica -o sea que no se transmite de animales a personas-, desde 2018 viene siendo noticia debido a los rebrotes registrados en 51 países. Una de sus principales características es que, a pesar de que se observó por primera vez en 1921, en Kenia, aún no existe vacuna. Por lo que la única solución es sacrificar a los animales infectados. El propio gobierno chino estima que erradicar la enfermedad demandará al menos 10 años.

Con este antecedente se dan las tratativas para convertir a la Argentina en el principal país proveedor de cerdos de China. A pesar de que al cierre de esta edición no está firmado el Memorando de Entendimiento, los adelantos que dio el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, y los dichos del canciller Felipe Solá bastan para saber lo central de la iniciativa. En primer lugar, el acuerdo comercial consistiría en el desarrollo de granjas agroindustriales para la cría de porcinos a gran escala y abarcaría la cadena completa de producción: plantas de elaboración de alimento balanceado, biodigestores, criadero a ciclo completo (ciclo de las madres y ciclo de los lechones con destino al matadero), frigorífico exportador y demás. Siguiendo la lógica de que los dólares están en el campo, las inversiones que se prevén rondarían los U$D 4 mil millones en los próximos cuatro años. 

En este punto es importante señalar quiénes son los principales beneficiados de este negocio. Para China impulsar las granjas de cerdos en nuestro país significa, entre varias cosas, un mercado rentable a bajo costo. Actualmente en China por cada kilo de cerdo que se produce se gastan U$D 2, mientras que Argentina ofrece un gasto de U$D 0,80 por kilo. Además del interés comercial chino, se le suma el de varias multinacionales, algunas de origen argentino. Este es el caso del Laboratorio Biogénesis Bagó, mayor productor y exportador argentino de vacunas y medicamentos veterinarios. El principal accionista del Laboratorio en nuestro país es el grupo Insud -a través de su firma Chemo- que participa en diversos rubros (que van desde Le Monde Diplomatique hasta el agronegocio). El dueño y fundador de Insud es Hugo Sigman quien, según la Revista Forbes, se encuentra dentro de los 10 argentinos más ricos. Sigman además es accionista del Grupo Bioceres -junto con Gustavo Grobocopatel y Víctor Trucco- que en 2019 presentó el primer trigo transgénico del mundo y fue aprobado para su uso en nuestro país. 

En segundo lugar, el acuerdo implica un traslado del riesgo ambiental de China a nuestro país frente al rebrote mundial de la PPA. Los riesgos que contraen la rápida propagación de la enfermedad -que llevó a países como Alemania a colocar 302 km de vallas eléctricas en su frontera con Polonia para evitar los contagios- representa un riesgo para nuestro país y también para los de la región. Además, queda como interrogante una cuestión no menor: ¿quién pagará los platos rotos si se desata la PPA en Argentina?

En tercer lugar, el impulso de la producción porcina aparejaría el intercambio de investigaciones científicas y tecnología agropecuaria en el sector. Si había dudas sobre cuál era la dirección que tomaría la producción de conocimientos científicos con la gestión de Alberto, acá hay una pista. El “gobierno de los científicos” nos propone más de lo mismo: colocar a la ciencia y técnica al servicio de intereses de monopolios, multinacionales y el imperialismo. Contra esta postura es la que dio pelea Andrés Carrasco y la siguen dando cientos de científicos/as del pueblo.

Conseguir divisas cueste lo que cueste

Ahora bien, acá el tema para el gobierno es la fuente de dólares que significaría la exportación de lo que presumen 9 millones de toneladas anuales. Esto se vuelve central si tomamos en cuenta que comienza la renegociación de la deuda con el FMI y acaba de culminar la del grupo de acreedores con legislación en New York. Los chanchos chinos vienen a reemplazar, en los hechos, la promesa frustrada de Vaca Muerta. Porque más allá de las vueltas discursivas que se le intente dar, para cumplir con la deuda hace falta juntar dólares y eso tiene más sello de entrega que de soberanía nacional. Así como el “exitoso” ciclo de desendeudamiento que se inició en 2005 provino principalmente de las divisas de la exportación de soja, hoy se proponen algo similar con la carne porcina. Aunque hay que advertir que el contexto internacional no es el mismo. 

La meta del gobierno ya la dijo Solá: “Necesitamos aumentar las exportaciones en por lo menos U$D 25.000 millones por año”. Nada nuevo de este personaje que, en 1996, como ministro de Agricultura del gobierno menemista, abrió las puertas a la introducción de la siembra directa y el monocultivo de soja transgénica, que pasó a ser la principal exportación del país ocupando el 60% de la tierra cultivable. Las consecuencias socioambientales de este paquete tecnológico las sigue pagando el pueblo. 

Mientras tanto, buscan endulzar oídos con las 9.500 fuentes laborales que traería el acuerdo. Este argumento, también utilizado para justificar la profundización del modelo extractivista basado en la minería a cielo abierto y el fracking, es perverso. Primero porque juega con la necesidad real y alarmante de trabajo que existe en nuestro país y segundo porque se plantea como la única opción para su generación, negando cualquier posibilidad de potenciar la industria nacional y orientar la generación de trabajo en función de las necesidades populares, y no de las urgencias ajenas. Además, nada se dice sobre las consecuencias que supone la existencia de estas mega granjas en la salud de quienes trabajen en ellas y en las de toda la población en general. 

Así como el peligro en la salud humana, el impacto socioambiental es otro tema del que nada se dice. Según anunció la Cancillería, las 25 unidades integradas se ubicarían en el NEA y NOA. El incremento del desmonte para garantizar semejante producción porcina, es casi un hecho si tomamos como antecedente lo que se hace cada vez que se avanza con el cultivo intensivo o se emprenden grandes negocios inmobiliarios. Además, hay que tener en cuenta que, solo para producir un kilo de carne de cerdo, se necesitan al menos 6.000 litros de agua. El control de los desechos es otra de las preocupaciones a nivel ambiental, además de los olores nauseabundos y enfermedades que pueda causar en las poblaciones cercanas: la producción porcina a nivel mundial es generadora del 15% de la emisión de gases de efecto de invernadero.

El agronegocio: una fiesta para los de arriba

Este acuerdo con China no hace otra cosa que profundizar la dependencia de nuestro país. Pasamos de producir soja para los chanchos chinos, a ser directamente su criadero. Lejos de ser un interés nacional, detrás de este acuerdo hay un saqueo orquestado. El negocio responde a los intereses económicos chinos y de un puñado de grandes empresas locales y fondos de inversión que están asociados a ellos. Mientras tanto, las divisas que puedan ingresar a las arcas del Estado, en concepto de retenciones e impuestos, van a engrosar las reservas que serán utilizadas para pagar una deuda ilegítima y fraudulenta. Para el pueblo quedarán las enfermedades, la destrucción y el derroche de los recursos naturales.

La aclamada soberanía alimentaria terminó siendo una bomba de humo. Más bien, el plan económico va directamente en sentido contrario: se continúa la reprimarización de la economía nacional y se aprovecha el negocio de los commodities para beneficiar al sector financiero y al monopólico. 

El acuerdo de los cerdos chinos pone sobre la mesa la necesidad de la intervención popular. En estos años, fueron cientos las luchas que se dieron contra el saqueo, el despojo y la contaminación. Tenemos el antecedente de la defensa del Famatina, el logro de haber echado a Monsanto de Córdoba y la derogación de la modificación de la ley 7722 en Mendoza, entre las más destacadas. Esas luchas, antiimperialistas y antimonopólicas son las que tenemos que tomar como ejemplo en cada pelea por la soberanía de nuestro territorio y por el justo derecho a tener una vida con trabajo, sin hambre y sin contaminación.

Hay otra salida posible que empieza con el no pago de la deuda externa, la nacionalización de la banca y el comercio exterior y de los recursos energéticos y estratégicos. Esas cuatro políticas, fundamentales para que la crisis no la pague el pueblo, son una buena vara para discutir el carácter popular o no del gobierno actual. 

Martina Bas