Crecen los ataques contra los trabajadores

Nunca fue más gráfica la expresión “salario mínimo”, ya que su monto está por debajo de lo imaginable. Con una canasta básica que supera el millón de pesos, el gobierno de Javier Milei fijó el salario mínimo vital y móvil en $308.000 para mayo y $322.000 para agosto. En el caso de los trabajadores jornalizados, las sumas son de $1.513 y $1.610 por hora.

Las irrisorias cifras fueron decididas por decreto, ya que la reunión del 29 de abril del Consejo del Salario no llegó a un acuerdo. Sin embargo, se trata de números cercanos a la expectativa patronal: en dicha reunión, las cámaras empresarias habían planteado $306.500 para mayo. Así, el salario mínimo quedó lejos incluso del reclamo más que medido de la CGT y la CTA, que plantearon llevarlo a $657.503 para mayo.

Así, el gobierno libertario profundiza su decisión de atacar los ingresos de los trabajadores a motosierra limpia. Otro ejemplo de esta política es su posición frente a las paritarias, poniendo un techo de 1 punto de aumento por mes, y amenazando con tirar atrás los acuerdos que estén por encima. Ya hay acuerdos paritarios que están con ese conflicto en puerta. La Federación Gráfica Bonaerense acordó con las cámaras del sector un aumento salarial de %11,93 para el trimestre abril-junio, acuerdo que la Secretaría de Trabajo se niega a homologar. Lo mismo ocurre con la paritaria de Comercio, en donde el SEC arregló con la parte empresaria un 5,4% en tres tramos, que llevaría el básico con presentismo a unos modestos $1.123.000. El ministerio de Capital Humano sacó un comunicado en el que dice que no homologa la paritaria porque se trata de un “problema de orden público”. Así, los campeones de la libertad le ponen palos en la rueda a acuerdos entre privados. 

Las paritarias y el salario están en el ojo de la mira libertaria. El ministro Sturzenegger participó a principios de mes de un evento del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, una entidad empresaria que reúne a lo más encumbrado de la gran burguesía loca. Allí el ministro planteó que los salarios se deben discutir por región y por productividad, planteando que el actual esquema de paritarias nacionales es una “rigidez” que atenta contra los empresarios. Puso como ejemplo el caso de Alemania, claro que sin especificar el monto de los salarios en aquel país.

Sumando ataques, el mes pasado la Corte Suprema desconoció la vigencia del Convenio 173 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la prioridad de los trabajadores para cobrar indemnizaciones en caso de quiebra de una empresa. Según el fallo del máximo tribunal, ahora serían ARCA y las agencias recaudadoras de provincias y municipios las que tendrían prioridad por sobre los trabajadores.

Todo esto sucede en el marco de crecientes despidos, tanto por cierre de fábricas, de recortes en el Estado o de privatización de empresas públicas. Y si bien la tasa de desocupación -%6,4 al final del año pasado- no es tan alta comparada a otros momentos de crisis, la pérdida de trabajos formales se compensa con el crecimiento de la informalidad, con lo que crece la pobreza entre personas que tienen trabajo.

Hay que impulsar el protagonismo de los trabajadores en la pelea popular, rodeando las luchas en curso, haciendo punta ahí en donde sea posible, y buscando una confluencia que se exprese en una coordinadora de las luchas hacia el paro activo nacional, superando el límite que las conducciones burocráticas le imponen a la pelea obrera.

Valeria Casas