Contra el proyecto de las “falsas denuncias”

Endureciendo las penas por “falsas denuncias”, el gobierno busca ensañarse con las mujeres y niñeces que sufren violencia de género y sexual.

El proyecto para endurecer penas por “falsas denuncias” no busca justicia, sino disciplinar a las mujeres y a las madres protectoras. En un contexto donde la violencia de género sigue creciendo y el gobierno la invisibiliza sin garantizar prevención ni asistencia, el Congreso se dispone a discutir cómo castigar a quienes denuncian la violencia de género y la violencia sexual que sufren cientos de niñas y niños en nuestro país. Pretenden instalar otra vez la sospecha sobre las mujeres y niñeces, pero al silencio no volvemos más. Tenemos que organizarnos para impedir que avance el tratamiento de este proyecto impulsado por el lobby reaccionario que ataca nuestros derechos.

El proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada (UCR) y apoyado por el gobierno insiste en endurecer penas, específicamente cuando se trata de denuncias vinculadas a violencia de género y abuso sexual. Ya habían intentado avanzar en años anteriores con esta iniciativa, pero no llegó a votarse por falta de acuerdos. Ahora se volvió a impulsar y logró dictamen, lo que marca un avance concreto respecto a versiones anteriores: podría llegar a tratarse en el Senado y obtener media sanción.

El proyecto propone elevar las penas por falsas denuncias a un rango de entre uno y seis años de prisión en casos vinculados a violencia de género o abuso sexual. Sin embargo, el delito por falsas denuncias ya se encuentra tipificado en el Código Penal argentino. El artículo 245 establece penas de dos meses a un año de prisión o multa para quien denuncie falsamente, mientras que el artículo 275 prevé sanciones de uno a cuatro años de prisión para el falso testimonio. Es decir, no existe un vacío legal que justifique la creación de nuevas figuras o el agravamiento específico en este ámbito.

A su vez, organismos internacionales han advertido sobre el uso distorsivo del argumento de las “falsas denuncias”. ONU Mujeres señaló que las denuncias falsas en casos de violencia sexual son infrecuentes (alrededor del 1%) y no difieren significativamente de otros delitos, mientras que la Organización Mundial de la Salud subraya que la violencia contra las mujeres está ampliamente subregistrada a nivel global. En la misma línea, el Ministerio Público Fiscal de la Nación advirtió en distintos informes que las principales barreras están en el acceso a la denuncia, no en la existencia de acusaciones falsas generalizadas. Este escenario no habla de un abuso del sistema, sino de enormes barreras para acceder a él.

En ese contexto, este proyecto no viene a resolver un problema real: pretende profundizar el silencio, especialmente en niñeces y adolescencias que sufren violencia sexual, donde el miedo, la dependencia y la dificultad para probar los hechos ya son obstáculos determinantes. A esto se suma un poder judicial plagado de misoginia que ampara a abusadores, como lo demuestra el caso de la niña Arcoiris.

El endurecimiento de penas aparece entonces como una respuesta desproporcionada frente a un fenómeno marginal, que corre el foco del problema estructural: las dificultades que enfrentan las víctimas para denunciar y obtener una respuesta efectiva del sistema de judicial, hecho altamente denunciado por el movimiento de mujeres y diversidades.

El argumento central que esgrimen quienes impulsan este proyecto, apoyado por el gobierno, es un mito conocido: “existen denuncias falsas y es necesario proteger a los acusados”. Esta idea ha sido impulsada por distintas agrupaciones que buscan instalar ese enfoque en el debate público, como Varones Unidos. En ese marco, el caso de Pablo Laurta -quien fue acusado del femicidio de su expareja y de la madre de ella el año pasado en Córdoba- vuelve a poner en evidencia los riesgos de construir discursos que relativizan y niegan la violencia de género. Laurta era uno de los principales referentes de la organización y había tenido participación en espacios que promueven la agenda de las “falsas denuncias”, en sintonía con sectores que cuestionan las políticas de género. Entre quienes sostienen públicamente estas posiciones se encuentran figuras como Nicolás Márquez y Agustín Laje, referentes de Milei en este tipo de cruzadas contra el movimiento feminista.

Más allá de esta avanzada discursiva, los datos muestran otra cosa. Las denuncias falsas en delitos sexuales y violencia por motivo de género son una minoría muy baja, comparable a cualquier otro delito. Lo que sí es estructural es la subdenuncia: mujeres que no denuncian por miedo, por desconfianza o porque saben lo que implica la revictimización judicial. Hacer una denuncia por violencia de género no es sencillo.  Solo 1 de cada 4 mujeres que sufren violencia de género la realiza. Para dimensionar el problema real: en 2026 hubo hasta el momento 66 femicidios; solo 12 mujeres habían denunciado y 7 contaban con medidas que deberían haberlas protegido. 

Existe además una fuerte desinformación. Cuando se realiza una denuncia, interviene en primera instancia un equipo interdisciplinario que evalúa la situación de riesgo de la persona denunciante y posteriormente se entrevista a la persona denunciada. Frente a la acreditación del riesgo, el Estado tiene la obligación de prevenir la repetición del ciclo de violencia y su escalada y brindar medidas de protección. Aunque las mismas son escasas e insuficientes. Las denuncias por violencia de género no generan antecedentes penales por sí mismas: para ello es necesaria una condena firme, que solo se da tras una investigación penal. Las medidas preventivas no implican sanción, sino que buscan evitar daños mayores; únicamente su incumplimiento configura delito. En la práctica esto último sólo es tenido en cuenta cuando ya está en juego la vida de la mujer que pidió asistencia. 

El sistema de prevención y abordaje de la violencia de género se encuentra totalmente desfinanciado tras dos años de ajuste libertario. De aprobarse, el proyecto puede poner en tela de juicio la labor de los equipos interdisciplinarios que intervienen en estos casos, quienes podrían enfrentar sanciones penales en el ejercicio de su trabajo profesional. 

En este sentido, la iniciativa busca consolidar por vía legal lo que el gobierno pretende ocultar: la existencia de la violencia de género y los femicidios. Aunque el proyecto no nombre específicamente a las mujeres, somos quienes nos veremos más afectadas, ya que somos las principales denunciantes en casos de violencia de género y violencia sexual, como ocurre con las madres protectoras que denuncian situaciones de abuso contra sus hijos e hijas.

La Educación Sexual Integral (ESI) es una de las pocas herramientas que tienen niñas, niños y adolescentes para reconocer abusos, ponerles nombre y animarse a hablar. Por eso no es casual que, mientras se ataca y desfinancia la ESI, se impulse una ley que busca endurecer penas por “falsas denuncias”. Es la misma lógica: desalentar la palabra e instalar el miedo. Mientras la ESI construye confianza para denunciar, este proyecto instala sospecha sobre quienes lo hacen. El resultado es claro: menos denuncias, más silencio y mayor impunidad para los abusadores.

Nos tenemos que organizar para evitar que avance el tratamiento del proyecto. Sin poner expectativas de que vengan soluciones desde este sistema judicial, no podemos permitir que quien realiza una denuncia corra el riesgo de ser perseguida penalmente.

Le podemos torcer el brazo al gobierno y sus aliados, venimos de un #8M enorme que demostró disposición a dar pelea y el hartazgo que tenemos. Nuestra voz siempre ganó fuerza en la lucha callejera y es ahí donde tenemos que imponer el grito de Ni Una Menos, sosteniendo nuestro programa de lucha contra el ajuste, por presupuesto, para prevención y asistencia contra la violencia machista, por trabajo y vivienda. 

Va creciendo el descontento contra el gobierno. Sobran razones para organizarnos y rebelarnos contra la barbarie libertaria y desde las calles derrotar todo el plan reaccionario y antipopular de Milei y su casta. 

Julia Quinteros