En las próximas semanas se realizará el traspaso de los trabajadores de EMFER y TATSA a Ferrocarriles Argentinos.
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El 11 de julio cuatro operarios que realizaban tareas de mantenimiento dentro de un pozo cloacal de la localidad de Vilelas (Gran Resistencia) murieron tras ser alcanzado por gases tóxicos. Mario Fernández (22), Leonel De Prieto (24), Jorge Ramírez (26) y Daniel Peloso (38) ingresaron a la cámara séptica y tuvieron que ser rescatados, ya fallecidos, por bomberos. Este hecho lamentable remitió a otro similar que sucedió en el interior de la provincia en el mes de enero de este año, cuando quienes quedaban atrapados por los gases que despiden estos pozos cloacales eran Julio Oscar Romero (47) y Marcelo Cardozo (54).
Las imágenes viralizadas de los operarios en jornadas laborales sin la protección y condiciones de seguridad, ponían en evidencia los riesgos a los que se exponían, como así una situación que se repetía todos los días. Tras el caso, los trabajadores amenazaron con desatar un conflicto que se lleve puesto al directorio de la empresa estatal.
Los trabajadores del sector realizaron asambleas con la presencia del gremio donde más allá de diferencias los unía el reclamo de justicia: “pedimos la cabeza de los jefes porque nos pasaron por encima, nos mandaron a laburar descalzos, estamos siendo explotados” se escuchaba. Los trabajadores no solamente exigían que echen a sus jefes más directos, sino también pedían la cabeza del presidente de la empresa Claudio Westtein y la renuncia de todo el directorio: “Que se vayan de SAMEEP”.
La empresa gestionó seguros por riesgo de accidentes para los empleados del sector poco después de la tragedia. Muchos de ellos decían tener ocho años trabajando como jornalizados y que a menudo eran amenazados con recortes de horas extras o presentismo. Denunciaron que las camionetas con las que se trasladan están descompuestas y no están aseguradas.
El primer día de trabajo posterior a las muertes el total de los operarios decidieron movilizar a Casa de gobierno para que el gobernador de respuestas a todos los reclamos ya, pero no tardó en desentenderse y tercerizó responsabilidad.
El presidente y el resto del directorio no se sintieron afectado por la pérdida de los operarios y siguen intactos en sus puestos como si hubiera ocurrido nada. Westtein solo desafectó al personal superior, es decir los jefes más directos. El peritaje de la justicia chaqueña, también, anunció desentramar solo ese aspecto. El poder político pretende que la culpabilidad de los hechos se dirima entre los trabajadores.
El reclamo de SAMEEP en las calles tiene el acompañamiento de la "Multisectorial contra el ajuste", que en la actualidad motoriza iniciativas junto a integrantes de uno de los gremios de los empleados, el SOSCH (Sindicato de Obras Sanitarias del Chaco), organización que ha decidido intervenir y salir a dar pelea por los reclamos de salario, mejoras en las condiciones laborales y el pase a planta de empleados jornalizados; y que le está costando la persecución de sus autoridades. El SOSCH también cuestiona la transparencia del manejo de los fondos de la empresa, que por ser del Estado provincial se debe a los contribuyentes, y denuncian un vaciamiento.
El año pasado tras las protestas por aumento salarial y los cuestionamientos al manejo de los recursos que provee el Estado para agua y cloacas, como así los fondos de la recaudación, su sede fue allanada por la justicia provincial; en línea con otros allanamientos e intervenciones de sindicatos de trabajadores estatales como SiTECH y UPCP, intención del gobernador Peppo de poner en caja a los gremios que bien lo demostraba la iniciativa, que luego fue frenada, de dotar de superpoderes a la Dirección provincial del trabajo como ser multar o declarar ilegal una huelga.
Hace una semana una patota ligada al dirigente Gustavo Martinez desalojó a integrantes del SOSCH que permanecían encadenados en el hall del local comercial de SAMEEP en carácter de protesta por las condiciones laborales y contra la persecución que les aplica la empresa.
Claudio Westtein, el presidente, es cuñado de Gustavo Martínez, uno de los dirigentes de peso en el justicialismo chaqueño y actual presidente del consejo municipal de Resistencia. En el anterior periodo de gobierno justicialista fue presidente de SAMEEP y a su vez manejó el Ministerio de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, ministerio que fue creado por exigencia suya al entonces gobernador Capitanich y, se cree, aún lo sigue controlando.
Los trabajadores denuncian cómo se maniobra para beneficiar con recursos del Estado a empresas privadas y financiar campañas electorales del peronismo.
Los trabajadores deben impulsar una campaña para que no se olvide fácilmente la muerte de 6 compañeros, que si no se resuelven los reclamos urgentes de pase a planta de los empleados precarizados, los bajos salarios y sobre todo condiciones dignas de trabajo, Westtein y el resto del directorio se debe ir y se los echa con paro, toma y movilización.
Sergio Fontana
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