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El pasado martes 3 de mayo, vecinos y asambleístas del pueblo de Choya que se manifestaban contra la megaminería cortando el camino a las mineras, fueron reprimidos por la policía. La protesta se desarrollaba a causa del agua que baja contaminada desde la mina de Agua-Rica(p royecto MARA, Minera Agua-Rica Alumbrera) de la multinacional canadiense Yamana-Gold.
La represión se produjo luego del lanzamiento de la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac). Esta iniciativa, que el gobierno presenta como “Un espacio para el diálogo público, constructivo y federal sobre minería”, está integrada por funcionarios de gobierno, cámaras del sector minero, la burocracia sindical de los obreros mineros, funcionarios del Consejo Interuniversitario Nacional y organizaciones supuestamente ambientalistas, como Eco House y Jóvenes por el Clima. Es decir, un engendro para cubrir de un manto de legitimidad social a una actividad que no cuenta con ello.
Inmediatamente después de que se conociera la represión, los diputados y diputadas del Frente de Todos de Catamarca enviaron un comunicado a los medios en el que avalan el proyecto megaminero contaminante en la provincia y justifican la represión del gobernador Jalil: "En Andalgalá la minería encuentra una resistencia violenta por parte de un grupo minoritario que menoscaba el trabajo de miles de catamarqueños y catamarqueñas que día a día ponen su mejor esfuerzo para construir una provincia más justa, soberana e independiente".
El compromiso asumido por el gobierno de Alberto Fernández para pagar la deuda ilegítima con el FMI requiere de los fondos que el ingreso de capitales de las mineras dejan en el país. A eso se suma la presión de las multinacionales por hacerse con los recursos naturales de nuestro país, sin importar el impacto para las comunidades. Pero el pueblo que sabe las nefastas consecuencias del extractivismo contaminante, y como sucedió con el pueblo de Chubut, no detendrá la lucha.
Corresponsal
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