Córdoba - Contra el derecho a la protesta

El día 12 de octubre se presentaron en la legislatura de Córdoba -más precisamente en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos que preside el legislador del PJ Juan Manuel Cid- dos proyectos que proponen “regular” la realización de manifestaciones o protestas en la vía pública, con el sentido de salvaguardar la “tranquilidad pública” y para garantizar  “(…) el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, de reunión, de peticionar ante las autoridades, de uso del espacio público y la libre circulación e integridad física de las personas durante el desarrollo de las manifestaciones”, según se puede leer en los mismos.

Estas iniciativas fueron impulsadas por los legisladores radicales Dante Rossi, y María Garade Panetta, por un lado, y desde el Partido Justicialista, un proyecto cuyo autor es Juan Manuel Cid, el mismo que preside la comisión donde se presentaron los proyectos.  En resumidas cuentas, más allá de los matices que podemos encontrar en ambos escritos, lo que se plantea concretamente es que las manifestaciones públicas políticas o de “petición”, deberán contar con la autorización de las “autoridades competentes”; para lo cual además se establece un plazo mínimo de pedido formal antes de la realización de las manifestaciones, marchas, piquetes o acampes. También se determina en ambos proyectos qué espacios públicos podrán ser utilizados para las manifestaciones, delimitando las calles céntricas donde podrán hacerse las marchas, cortes de calle o acampes. Es decir, tal “regulación” no es otra cosa que una limitación de la protesta social y al derecho a la expresión y manifestación públicas. 

En la reunión de presentación de los proyectos estuvieron presentes José Viale, presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba; Héctor Fiorani, prosecretario Institucional de la Cámara de Comercio de Córdoba; David Boffa, presidente del Centro Vecinal de Barrio Centro; y Marina Santini, secretaria del Centro Vecinal de Barrio Centro, entre otros. Todos impulsores del proyecto. 

Ahora bien, ¿en qué contexto se da la presentación de estos proyectos? Con el crecimiento de la inflación, han crecido la pobreza y el hambre en los barrios populares. Según el Departamento de Estadísticas y Censos de la Provincia, el número de pobres pasó de 485 mil, número arrojado para el año 2017, a unos 642 mil pobres. Es decir, se sumaron 157 mil pobres en menos de 5 años. Desde 2017, la cantidad de pobres del Gran Córdoba creció un 32%.

Estas 642 mil personas en condición de pobreza representan un 38,2% de la población del Gran Córdoba. Con respecto a la población en condición de indigencia, se ubicó en 7% (118.000 personas). 

Durante la presentación del proyecto el legislador Dante Rossi, sobre la cuestión de la protesta social dijo que se trata de “un problema social gravísimo y no podemos mirar hacia otro lado”. ¿Será acaso que el crecimiento de la pobreza y la indigencia no son temas a debatir en la legislatura provincial? Para Rossi y el resto de los legisladores que pertenecen a los bloques mayoritarios evidentemente no. Mientras tanto un puñado de grandes empresas como Arcor, Aceitera General Deheza, FIAT-Iveco, Volkswagen, Renault, Holcim, declaran ganancias millonarias todos los años y siguen amasando fortunas, contando además con el apoyo explícito del gobernador Schiaretti. 

En este sentido cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿podrán estos proyectos reaccionarios detener un estallido social, que más tarde o más temprano pueda producirse? La historia de la lucha de clases y la más reciente de nuestro país son claramente demostrativas al respecto. 

Diego Maldonado