Córdoba - Al ajuste le dicen emergencia

Con mayoría automática en el concejo deliberante, el PJ cordobés, acompañado por el radicalismo, aprobó la ordenanza que declara la emergencia municipal por un año, modifica el régimen de contratación de los empleados municipales y da atribuciones especiales al intendente Martín Llaryora. El primer día hábil del 2020 se puso en marcha esa decisión, dejando al menos 400 empleados y empleadas municipales sin contrato, congelando los salarios, desconociendo lo que restaba recibir de la paritaria de 2019 e inclusive habilitando al ejecutivo a tomar pasantes y becarios en reemplazo de hasta un 15% de la masa salarial de los actuales trabajadores y trabajadoras contratados. Con estas facultades Llaryora puede también rever los contratos con los proveedores, acomodando la situación para empresas amigas en las futuras concesiones, y ajustar en lo que considere “gastos innecesarios”. Se habilita la liquidación de bienes muebles e inmuebles, y se promueve la descentralización de bienes y servicios. 

Con el objetivo de renegociar la abultada deuda municipal, busca avanzar sobre conquistas históricas de los y las trabajadores/as municipales, dando rienda suelta a los despidos masivos, la precarización laboral y el trabajo en negro. Se prevé un régimen de retiros voluntarios, mayor incidencia de sumas en negro en el salario de los empleados, “reestructuraciones de personal”, entre otras iniciativas por el estilo. Médicos, enfermeros y camilleros encabezan la lista de no renovación de contratos. Todo esto mientras se profundiza la pauperización de las condiciones de trabajo para muchos empleados municipales, particularmente en el área salud, junto con el deterioro incesante del servicio público para los vecinos de Córdoba. 

Así, el gobierno municipal, fortalecido por la amplia mayoría en el concejo y por el respaldo del gobierno provincial, se siente en condiciones de avanzar sobre los trabajadores, aprovechando también una situación muy compleja entre los gremios que intervienen. El SUOEM, con una secretaría general formalmente en manos de Beatriz Biolatto pero con el poder real -al menos parcialmente- aún en Rubén Daniele. Por otro lado, Surrbac, con su conducción encarcelada, la mutual intervenida y con la amenaza latente de la intervención al gremio. La UTA, con una secretaría general normalizadora, expresión de una conducción nacional desafiada desde adentro. La CGT Rodríguez Peña, en la que se referencia la conducción del SUOEM está virtualmente desarticulada y con sus direcciones perseguidas por la justicia. 

El plan de Hacemos por Córdoba, de “ahorrar” por la vía de despedir trabajadores, congelamiento salarial con más sumas en negro y superexplotación para pasantes, monotributistas y becarios, es una afrenta contra los y las trabajadores/as y contra el conjunto de los usuarios de los servicios municipales, como los hospitales, dispensarios y escuelas. Para esto, el ejecutivo municipal aprovechó el receso administrativo de enero, buscando dificultar la organización y la toma de medidas de fuerza en defensa de los puestos de trabajo. Sin embargo, durante la última semana de enero se multiplicaron las asambleas de dos horas por turno en los lugares de trabajo, forzando a la nueva gestión a abrir una mesa de diálogo para tratar la situación. La perspectiva de agudización del conflicto llevó al gobierno a retroceder en una treintena de contratos caídos, cediendo a la presión que se empezaba a gestar en muchas dependencias. Aun así, la gestión del municipio logró hacer pasar una serie de sumas en negro, que repercutirán en el bolsillo de los trabajadores. Esta primera confrontación deja en claro, además de la voluntad ajustadora del gobierno, la disposición a la lucha de la mayoría de los trabajadores que, aún en pleno receso llenaron las asambleas y mostraron una voluntad de movilización que, momentáneamente fue contenida por la conducción del sindicato.

De cara a las inminentes paritarias 2020, vuelve necesaria la preparación de un plan de lucha apoyado en asambleas en cada lugar de trabajo y con movilización para encarar de conjunto la defensa de los puestos de trabajo, el salario y condenar cualquier forma de profundización de la precarización laboral que el municipio arrastra desde hace años. Las numerosas conquistas gremiales que aún son motivo de orgullo para los y las trabajadores municipales de Córdoba, han sido alcanzadas históricamente por el camino de la lucha. El 2020 exige revalidar esa tradición, poniendo en pie de lucha cada una de las dependencias municipales para enfrentar exitosamente el ajuste de Llaryora. 

Ismael Bello