Cómo cierra la economía en 2025

Para bajar la inflación, el gobierno se apoyó en tres pilares: el ancla cambiaria (dólar barato), la restricción monetaria (no emisión de pesos) y el superávit fiscal (más recaudación que gasto). A ello podemos sumar un “principio”: la apertura y liberalización de la economía.
Una macroeconomía basada en el dólar barato es sumamente vulnerable, porque requiere un ingreso permanente de divisas para no colapsar. Con las reservas netas del Banco Central en negativo y sin la posibilidad de endeudarse en el mercado financiero internacional, en estos dos años el gobierno recurrió a diversos “puentes” de dólares: el blanqueo de capitales, el crédito del FMI y el salvataje del Tesoro de EEUU, que sirvieron para sostener artificialmente un modelo insostenible. 
A la fecha, el BCRA sigue en escasez de reservas: si no se cuenta el préstamo del FMI, están incluso peor que en 2023: USD -16.000 millones. La supuesta intención de comprar divisas y engrosarlas es contradictoria con la continuidad del dólar barato y con la necesidad del Tesoro de comprar dólares para afrontar los vencimientos de deuda del 2026, que superan los USD 18.000 millones. No obstante, el margen del Tesoro para comprar dólares en el mercado de cambios es finísimo, especialmente si consideramos que compite con el propio BCRA el cual, por el acuerdo con el FMI, debe recomponer sus reservas en 2026: antes de marzo tiene que comprar USD 9.000 M; al ser imposible, recurrirá a un waiver o “perdón” del organismo. De hecho, en noviembre el Tesoro apenas pudo comprar USD 200 millones para los vencimientos de deuda: la mayor parte (USD 1.100 M) se los pidió al BCRA. Y para pagar los vencimientos de deuda de enero (USD 4.600 M) se dispone a aprovechar la baja de tasas y tomar crédito en dólares en el mercado local. 
Mientras tanto, para acumular reservas apuesta al endeudamiento provincial y corporativo (cuya liquidación lleva los dólares hacia el BCRA), en virtud de la incapacidad para hacerlo de manera genuina (comercio exterior, inversiones externas productivas, etc.) y con el mercado internacional de crédito bloqueado, pues el riesgo país permanece sobre los 600 puntos, lejos de los 400 aceptables para tomar deuda. Con estos parámetros, el interrogante sobre la sostenibilidad del modelo sigue vigente y, con ello, paradójicamente se obstaculiza el principal salvavidas que desean Caputo y Milei: la llegada de inversiones masivas desde el exterior. En síntesis, el 2026 requiere muchos dólares y, si bien las posibilidades financieras mejoraron tras el triunfo electoral, todavía no es claro de dónde saldrán y si serán suficientes.
Finalmente, respecto al freno en el gasto público y la restricción monetaria, nos concentramos en dos efectos específicos: aprietan la actividad y golpean los ingresos. El famoso “enfriamiento” de la economía.
El gobierno aplicó un paradigma fiscal orientado al achicamiento del Estado: disminución de la inversión y el gasto públicos y caída de la recaudación, con un perfil regresivo al eliminar impuestos a los más ricos. El efecto de lo primero es una caída en la obra pública, jubilaciones, programas sociales, salarios estatales y de los presupuestos de rubros sensibles como salud, educación y seguridad, manteniendo un falso superávit fiscal a costa de la población. En lo segundo, destacan hitos clave como la reducción del impuesto a los bienes personales o la reciente suspensión de las retenciones agropecuarias, medidas innecesarias y con un enorme costo fiscal. El propio Estado desarrolló una enorme transferencia de riquezas de abajo hacia arriba.

El desempleo en la mira 

Por otro lado, la apertura externa y la política desreguladora benefician a los sectores exportadores, generalmente asociados a la explotación de commodities. El mejor representante de esta política es el RIGI, aunque todavía no ha dado grandes frutos. Los grandes ganadores del modelo libertario son un puñado de sectores de la economía altamente concentrados (finanzas, minería y energía, agricultura), con fuerte presencia del capital extranjero y una escasa capacidad de generación de empleo. Los sectores que más personal emplean (construcción, industria, comercio) tienden a perder presencia en la economía, lo cual explica la pérdida de puestos de trabajo en los últimos dos años (unos 180.000 solo en el sector privado), además de los empleos en casas particulares (-25.000) y el sector público (-60.000). 
Este fenómeno ocurre a pesar de la recuperación de la actividad económica que tuvo lugar a finales de ‘24 y principios de ‘25, tras la recesión de la primera parte del mandato de Milei (Fundar, 3/12). Según Marina dal Poggeto, el empleo bajó 2 puntos desde noviembre de 2023, a pesar de que la actividad económica está 6 puntos arriba. No parece que los sectores ganadores puedan absorber la fuerza de trabajo despedida por los perdedores y la economía de aplicaciones no tiene el volumen suficiente para compensar el saldo. Es probable que en los próximos dos años se desenvuelva una crisis en materia de empleo.
En el camino, la pérdida de puestos formales de trabajo es compensada sólo parcialmente por el crecimiento de la informalidad, como lo demuestra el régimen de monotributo (120.000 nuevos inscriptos en 2 años), una forma de contratación prácticamente sin derechos para el trabajador. Al cierre del año, hay 4,7 millones de monotributistas y un 85% pertenece a las categorías más bajas (Ámbito, 5/12). Es un arma de doble filo: originalmente pensado para evitar el empleo “en negro”, termina funcionando como alternativa al empleo “en blanco”.
Trasladando el análisis hacia las unidades productivas, según el CEPA en promedio cierran 30 empresas por día, especialmente en el segmento PyME orientado al mercado interno. Además, tras un año y varios meses de “dólar barato”, grandes jugadores de la industria transitan un sendero peligroso. Las recientes noticias sobre despidos, suspensiones o cierre de fábricas (Mondelez, Georgalos, Textinala, Whirlpool, Electrolux, Mabe, SKF, Dana, Essen, Newsan) no son todavía una ola de quiebras, pero son sintomáticos del retroceso del consumo interno y de la actividad industrial nacional frente a las importaciones, especialmente en los rubros electrodomésticos, textiles y metalurgia. En ocasiones, son las propias firmas quienes dejan de producir para dedicarse a la importación y comercialización: una reconversión regresiva. 

El golpe al bolsillo

Por otro lado, el balance de los últimos dos años en materia de ingresos. Las jubilaciones fueron pulverizadas por el congelamiento del bono en $70.000 que, aún con una fórmula de cálculo de haberes por inflación, provocó una pérdida de 7% para los jubilados que cobran la mínima (Infobae, 29/11). La caída es mayor para quienes cobran la PUAM (-14%) o una pensión no contributiva (-16%), según Data Diario (30/11). Según el MATE, el poder de compra de las jubilaciones está un 23% por debajo de 2023. Los jubilados están pagando la fiesta del capital financiero. 
Por otro lado, el salario público cayó un 18% en dos años y el sector privado perdió un 4%: esto supuso una transferencia de $57 billones hacia el capital, una pérdida compartida por los trabajadores, la recaudación impositiva, las obras sociales y los sindicatos (MATE, 4/12). El retroceso del salario se complementa con la suba de las tarifas de servicios públicos y transporte, por la quita paulatina de subsidios estatales, que achican el ingreso disponible tras pagar los gastos fijos del hogar. Lo anterior es notorio en dos indicadores: la caída del consumo minorista, aún con la disponibilidad de crédito; y el crecimiento del endeudamiento familiar, especialmente con tarjetas de crédito y billeteras virtuales, para costear gastos corrientes.
En definitiva, transitamos un período particular caracterizado por una fiesta del capital financiero y los sectores exportadores, mezclada con las dudas razonables sobre la sostenibilidad de un modelo que debió ser rescatado en dos ocasiones durante 2025. Mientras tanto, el entramado comercial, industrial y de la construcción atraviesa una recesión que impacta en los ingresos de la población, agravado por una política deliberada (fiscal, monetaria, laboral) de transferencia regresiva de ingresos. La ofensiva del gobierno tras el resultado electoral, con reformas estructurales y un presupuesto 2026 de ajuste, busca consolidar en el largo plazo el modelo económico favorito de los monopolios y las multinacionales. 
En la vereda de enfrente deben abandonarse las vacilaciones y especulaciones para avanzar con una política de confrontación contra el ajuste, en unidad y movilizando en las calles, comenzando por la defensa de las condiciones laborales y salariales que se ponen en juego con la reforma laboral.
David Paz