ART: más ganancia para las empresas, menos salud para los trabajadores

El pasado 23 de enero, Macri mediante Decreto de Necesidad y Urgencia modificó la Ley de Riegos delTrabajo vigente desde hace 20 años. Mediante esta ley se puso en manos de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo la atención de las enfermedades y accidentes de los trabajadores, que mediante el modelo del seguro, los empleadores deben contratar para dar cobertura médica o indemnizatoria al trabajador en caso de enfermedad laboral o accidente. Este sistema ha sufrido distintas modificaciones a lo largo de su existencia, cuyas consecuencias siempre han sido en detrimento de un adecuado tratamiento a la salud de los trabajadores, y de las condiciones de seguridad y prevención de accidentes y enfermedades del trabajo.
Desde que se creó el sistema, el trabajador que sufre un accidente o padece una enfermedad originada en su trabajo, lejos de recibir una adecuada atención médica, se les niega atención; de las enfermedades (siniestros) de origen laboral que ingresan al sistema, sólo el 3% se las considera enfermedades profesionales; las ART se niegan a cubrir las reagravaciones de esas enfermedades; altas médicas anticipadas y tratamientos inadecuados, etc. Son la regla y el derrotero que deben padecer los trabajadores con su salud comprometida.
Hasta ahora, quién denunciaba una enfermedad o accidente laboral, y procuraba atención por parte de las ART o reparación del daño sufrido y era negada por estas, debía necesariamente iniciar el reclamo mediante el servicio de conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo, para poder reclamar judicialmente.
Con esta modificación, se crea un procedimiento médico-administrativo “obligatorio y excluyente” ante las Comisiones Médicas por jurisdicción, como condición previa para acceder a un reclamo por vía judicial. Las Comisiones Médicas (tachadas de inconstitucionales en varias oportunidades por la Corte Suprema) son órganos administrativos, con capacidad implícita de decisión sobre cuestiones jurídicas. Ante ellas se tramita la controversia entre el trabajador siniestrado y una ART, y pone a profesionales médicos a dirimir cuestiones netamente jurídicas del ámbito laboral. Con este esquema los trabajadores a los cuales les sean negadas las prestaciones médicas deberán someterse a un ignoto procedimiento administrativo.
Con el argumento de bajar la “litigiosidad”, el gobierno de Mauricio Macri se centra en la baja de los “costos” laborales. Al entorpecer el reclamo de los trabajadores para recibir los tratamientos adecuados, ya de por sí vapuleados por la esencia misma del sistema de exclusión de enfermedades por parte de las ART, aseguran mayor rentabilidad a las Aseguradoras y a sus grandes clientes. Mientras tanto la salud, seguridad y prevención de accidentes en el trabajo se ven cada vez más dañadas y perjudicadas.

Alberto Lemos