Actores de reparto en una guerra declarada

Hacia finales de marzo de 2024 la revista El Gran Continental publicó un artículo titulado “Una nueva doctrina del poder estadounidense: La ciencia del Estado en la era de la seguridad económica”, en la que Daleep Singh, uno de los principales arquitectos del paquete de sanciones contra Rusia tras la invasión a Ucrania, señalaba que hacía casi un siglo el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido había elaborado una doctrina general para orientar el uso de palancas económicas potencialmente disponibles en el inminente conflicto con Alemania.

Dicha reflexión venía a cuento de un escenario similar vivido en el presente donde el conflicto inminente no es con Alemania sino nada más y nada menos que con China. 

En el aludido artículo Singh manifiesta estar convencido de la necesidad de una doctrina moderna que aclare cómo, cuándo, dónde y por qué Estados Unidos puede emplear herramientas económicas en la actual competencia entre grandes potencias, que produzca mejores resultados que hace un siglo. En tal sentido, Estados Unidos y sus socios tendrán que demostrar la misma creatividad y disposición para desarrollar una gobernanza económica positiva que la que han demostrado al idear sanciones y otras medidas restrictivas en los últimos años.

Acordes con dicha doctrina, Trump y Biden comparten un diagnóstico profundo: la hegemonía estadounidense está amenazada. Una nueva ciencia de Estado debe estructurar sus relaciones con el resto del mundo en torno a un eje clave: la seguridad, siendo este eje es el núcleo de, entre otras, la guerra comercial declarada por el Pentágono contra China tras el fin de la globalización.

Esto define claramente una política de pinzas por parte de Estados Unidos: “sometimiento económico o sanciones económicas” como menú principal, delimitando así claramente aliados y adversarios. 

En este sentido el alineamiento de Javier Milei con Estados Unidos y el anuncio del desarrollo de una base naval integrada conjunta en Tierra del Fuego como parte de una "alianza estratégica", viene a poner claridad respecto de la necesidad norteamericana de que Argentina salga de la ambigüedad no sólo en lo concerniente a la continuidad de la estación espacial china construida en 2012 en Bajada del Agrio, provincia de Neuquén, sino, además, de la custodia del Pacífico sur.

Estos temas cobraron notoriedad estratégica tras la visita de la Generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, quien mantuvo varias reuniones a comienzos de mes con el gobierno de Javier Milei y la cúpula de las Fuerzas Armadas planteando la preocupación de Estados Unidos por el avance de China en la región, la pesca ilegal y la necesidad de equipar a Argentina con armamento "de vanguardia", particularmente aviones supersónicos F16, para custodiar eficazmente la zona.  

Pese a que desde Unión por la Patria reclamaron que la iniciativa pasase por el Congreso, lo interesante del caso es que el proyecto de creación de la base norteamericana data de 2022 y que la misma comenzó a construirse formalmente hace un año, en abril de 2023, incluyendo excavaciones para la construcción de cimientos y carenados, cuando Milei no era más que un animador de programas de chimentos.

También es sabido que en un principio el Comando Sur pensaba gastar 3 millones de dólares para instalar en el Chaco un Centro de Operaciones y Almacenamiento y que debido a presiones del Gobierno Nacional, el acuerdo militar firmado por el gobernador Capitanich con los Estados Unidos terminó naufragando.

Como contrapartida, la Embajada de China señaló que su base espacial  "es transparente", que ha sido "coordinada con el gobierno argentino" y que "ya ha sido inspeccionada" en varias ocasiones, lo cual no impidió que tras la visita del Comando Sur se realizara una nueva inspección ordenada por el gobierno de MIlei.

De acuerdo a lo informado por China, distintos ministros, embajadores y científicos de la Comisión Nacional de Actividades Especiales (CONAE) como del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) “no encontraron ningún militar chino o actividades con fines militares” dentro de las instalaciones.

Cabe recordar que el acuerdo con China se firmó durante el segundo gobierno de Cristina Fernández en 2012, otorgando por 50 años la potestad de 200 hectáreas a una empresa que responde al ejército chino, y que este acuerdo pasó por el Congreso y fue aprobado por la mayoría de los legisladores.

Como contrapartida, como parte de la guerra económica y del resguardo de su seguridad, Estados Unidos mantiene unas 6.000 bases militares en su territorio y otras 800 en 135 países, de las cuales 76 están en América Latina y el Caribe.

Según Telma Luzzani, autora de Territorios Vigilados, las bases que actualmente Estados Unidos está sembrando en la región son más pequeñas que las de antaño, con poco personal, muy disimuladas, pero con logística adecuada para garantizar en cuestión de horas un despliegue de tropas a gran escala.

Muchas unidades son FOL’S (Sitios de Operación de Avanzada) según el lenguaje técnico del Pentágono, son las denominadas bases dormidas o con poco personal. Otras, como las de Panamá, son bases tradicionales, con barracas, casas y escuelas; casi ciudades. También están las bases con radares muy potentes para hacer inteligencia como la base de Aruba, cerca de la costa venezolana. 

Este escenario plantea una situación compleja. Por un lado el pedido de Argentina de ingreso a la OTAN como socio global, lo cual pondrá a nuestro país en la absurda situación de convertirse en aliado de Inglaterra, país con quien mantiene una disputa por la soberanía de Malvinas; por otro, la implicación directa en una guerra comercial y de seguridad ya declarada en salvaguarda de los intereses norteamericanos.

Jorge Díaz