50 años del Operativo Independencia

El 5 de febrero de 1975 la presidenta María Estela Martínez de Perón firmaba el decreto 261/75 que instaba a las Fuerzas Armadas a “aniquilar a la subversión” en la provincia de Tucumán. Era el comienzo del Operativo Independencia. 

Tucumán era una de las provincias de mayor auge de lucha posterior al Cordobazo. De hecho, en 1970 se produjo el Tucumanazo. Destacaban por su capacidad de pelea los obreros de los ingenios azucareros, con un importante pico en la huelga organizada por la FOTIA en 1974, en el marco de una creciente organización de los ferroviarios, los estatales y otras ramas. También era elevada la agitación entre el movimiento estudiantil. La izquierda revolucionaria ejercía una influencia sobre la vanguardia obrera y popular. En ese marco, como parte de su estrategia de guerra popular y prolongada, en 1974 el PRT instaló una compañía del ERP en el monte tucumano. 

El objetivo declarado del Operativo fue el enfrentamiento con la guerrilla; sin embargo, los combates con el ERP fueron escasos. Lo principal de la represión se volcó sobre pueblos y ciudades. Si bien es cierto que con esta táctica el Ejército aislaba al ERP, no menos cierto es que el ejército persiguió a toda la organización obrera y popular. Según datos que se recogen de la megacausa por el Operativo Independencia, de los 269 casos investigados alrededor de un 42% de víctimas fueron obreros y jornaleros y sus familiares directos, y un 15% fueron dirigentes sindicales. Un informe de la Comisión Bicameral Investigadora de las Violaciones a los Derechos Humanos de Tucumán plantea que entre 1975 y 1979 “la estadística indica que el mayor porcentaje (75%) de personas secuestradas y desaparecidas desde el Operativo Independencia correspondió a obreros de fábrica y surco de la industria azucarera, peones rurales y obreros de la construcción”.

Especial interés en esto tenían las grandes empresas, principalmente las patronales azucareras: como sucedería luego durante la dictadura, varias empresas pusieron su infraestructura y su logística al servicio de la represión, además de entregar listas de trabajadores. El 17 de febrero comenzará el juicio “La Fronterita” contra cuatro empresarios acusados de colaborar con la represión, en el marco de los crímenes cometidos en un centro clandestino de detención ubicado dentro de un ingenio azucarero en Famaillá.

Al mando del general Acdel Vilas -luego sucedido por Antonio Domingo Bussi-, el Ejército asentó su comando táctico en Famaillá. Allí fueron levantados varios de los centros clandestinos de detención de los 57 que funcionaron en la provincia, en donde se detenía, se torturaba y se desaparecía. Según el diario personal de Vilas, solo en “La Escuelita” -el más tristemente célebre de ellos-, habrían pasado más de 1.500 personas; otras estimaciones calculan la cifra en 2.000. 

El Operativo en el presente

Es recordada la foto que el año pasado juntó a la actual vicepresidenta Victoria Villarroel con la presidenta de aquellos años, Isabel Perón. Esa reunión representó simbólicamente el abrazo entre los represores del gobierno peronista y los represores de la dictadura. En los últimos días aparecieron alrededor del Congreso afiches agradeciéndole a Isabel el Operativo Independencia, aunque sin firma: se trata de una reivindicación cobarde, propia de quienes no se animan a sostener su programa de cara a las masas.

Igual de cobarde es el acto conmemorativo que impulsaron en Tucumán ex militares y allegados. Los organizadores dicen haber tenido el apoyo del gobernador Jaldo, quien evitó pronunciarse públicamente sobre el tema, al igual que Villarroel, el ministro Petri y el alto mando de las FFAA. Uno de los voceros del acto planteaba que “queremos mostrar que hubo una historia escondida que nadie quiso ver. Con dos bandos enfrentados y gente en el medio”. Los reivindicacionistas pretenden esgrimir un supuesto honor militar que no fue tal. El pueblo tucumano no estuvo en el medio, sino que fue víctima de un ejército reaccionario que se dedicó a reprimirlo. 

Las organizaciones populares, de DDHH y de izquierda recordaron el inicio del Operativo Independencia el 5 de febrero en el Centro Clandestino de Detención “La escuelita” de Famaillá. Una actividad de suma importancia frente a este gobierno de reivindicadores del genocidio que ataca al pueblo y amenaza a los “zurdos de mierda”. El homenaje a los caídos seguirá firme, así como la lucha por derrotar para siempre a los herederos de la dictadura que hoy nos gobiernan.

Valeria Casas