Se cocina el pacto social
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Pasado el veto a los jubilados y las universidades, el gobierno parece atravesar semanas favorables, en las cuales aprovecha para alardear acerca de los éxitos de su plan económico, el “está pasando”. El entusiasmo oficialista se apoya en algunos indicadores económicos, como la desaceleración de la inflación (2,7% en octubre), la calma del dólar paralelo (en la franja de los $1100 - $1200), cierta recuperación promedio de los salarios privados (1,2% por arriba de la inflación en septiembre), del consumo minorista (+2,9% interanual en octubre, según CAME) y la caída del “riesgo país” (800 puntos en noviembre).
Las estadísticas no mienten, pero tampoco cuentan toda la verdad, especialmente cuando se decide mostrar solamente aquellas que resulten más convenientes para el relato oficial. Hay que entender qué significan o cuál es la causa de las estadísticas que emocionan a los libertarios y mirar otros indicadores para entender el panorama global.
Ficción o realidad
Detrás de la desaceleración de la inflación se encuentran tres factores clave. Por un lado el ancla cambiaria, es decir, un dólar ficticiamente barato que impide que los precios en pesos crezcan demasiado en relación a los precios internacionales. Por otro, un superávit fiscal que permite la restricción de la emisión monetaria, limitando la cantidad de pesos en circulación y, por ende, tendiendo a que mantengan su valor: esto incluyó el traspaso de la deuda del BCRA al Tesoro. Finalmente la caída de los ingresos, el consumo, la actividad económica y las importaciones, un “enfriamiento” de la economía donde la falta de demanda empuja los precios hacia abajo, con el objetivo de vender las mercancías.
La política de dólar barato ha sido usada por todos los gobiernos y es un recurso de patas cortas, porque una economía no se vuelve más fuerte por fortalecer artificialmente su moneda, mucho menos haciéndolo sin reservas en el Banco Central. El gobierno puede sostener esa ficción en base al mantenimiento del cepo (que impide a los pesos volcarse masivamente al dólar) y el sacrificio de reservas, al derivar un 20% de los ingresos por exportaciones agrarias al dólar paralelo, lo que empuja su cotización hacia abajo.
El gobierno apuesta por no devaluar bruscamente y mantener el crawling peg del 2% mensual para continuar el sendero desinflacionario hasta las elecciones de medio término. Una devaluación brusca haría explotar la inflación, y con ello el apoyo social al modelo.
El ministro Caputo sostiene un tipo de cambio bajo sin contar con reservas suficientes por lo que, a falta de fuentes de divisas (exportaciones, endeudamiento externo, inversiones extranjeras), está obligado a mantener el cepo, que evita la libre venta de dólares a valor oficial. Sin fuentes genuinas de dólares, es cuestionable la sostenibilidad del esquema: las exportaciones no crecen artificialmente de un día para el otro; la lluvia de inversiones prometidas tras el RIGI está perezosa; los capitalistas locales no arriesgarán su dinero hasta no ver levantado el cepo; y tomar deuda es una canilla cerrada, pues el país está sobreendeudado y particularmente con el prestamista de última instancia, el FMI.
La sostenibilidad del modelo también es puesta en jaque por el déficit de la balanza de pagos, es decir, la diferencia negativa entre los dólares que ingresan y salen del país. El esquema de “dólar barato” trae una fuga constante de divisas por diversas ventanillas (importación de servicios, pago de intereses, turismo), que ya no pueden ser compensadas por la exportación de bienes (soja, petróleo, etc.). Por eso la llamada “cuenta corriente del balance cambiario” presenta un déficit creciente a lo largo del 2024: solamente el pago de intereses acumuló más de USD 10.000 millones en los últimos 12 meses, como señaló el periodista y economista Alejandro Bercovich (12/11).
Por otra parte, la política de dólar barato sin dólares es una traba para el crecimiento en el mediano plazo. Si la economía efectivamente va camino a una recuperación, comenzarán a crecer las importaciones de bienes y servicios para la industria y otras actividades económicas, para lo cual se necesitará disponer de los dólares que escasean. También sería esperable que los saldos exportables disminuyeran ligeramente, producto del incremento del consumo interno, afectando el ingreso de divisas. Finalmente, esta política impide las exportaciones de prácticamente cualquier sector de la economía por fuera de los exportadores de commodities, impidiendo una recuperación de los sectores económicos que generan empleo, dinamizan el mercado interno y generan encadenamientos virtuosos a nivel local.
Respecto al superávit fiscal, Milei llevó adelante una reducción de los gastos e inversiones del Estado hasta revertir el saldo desfavorable entre ingresos y gastos. El recorte recayó en rubros que afectan directamente las condiciones de vida de los sectores populares: del total, un 30% corresponde a jubilaciones y pensiones, un 20% transferencias a provincias y otro 20% obra pública, 10% salarios públicos, 10% programas sociales, entre otros. En particular, el presupuesto universitario fue blanco de un ataque sin igual, que lo dejó en valores similares a los observados en la crisis de 2001/2. No se trata de una mejora virtuosa del resultado fiscal, sino un proceso de desinversión en infraestructura pública y, en algunos casos, directamente la confiscación de un derecho.
Por otro lado, parte del superávit es conseguido mediante la capitalización de los intereses de la deuda pública: en lugar de pagar una parte de los intereses, el gobierno los reconvierte en más deuda. Entonces, uno de los pilares del modelo -el superávit fiscal, que permite no emitir pesos- se apoya en trampas, desinversiones y confiscaciones: no es justo, ni sostenible.
Una deuda que viene de frente
Los años 2025 y 2026 serán muy duros en términos de pagos de deuda externa. El año entrante nos espera con vencimientos por unos USD 26.000 millones entre capital e intereses, mayormente impostergables. La economía argentina no genera tal nivel de acumulación de reservas, con lo cual la única opción -desde un punto de vista del gran capital- es un nuevo acuerdo con el FMI que permita patear por unos años los vencimientos con el organismo, e incluso obtener fondos frescos para derivar hacia el pago de la deuda con los acreedores privados. Pero un nuevo acuerdo con el FMI tendría dos requisitos contrarios al sendero económico de Milei y Caputo: el levantamiento del cepo y una devaluación del peso.
El Fondo mantiene su optimismo con el plan de Milei, tras observar el grosero ajuste fiscal y la restricción monetaria implementadas, dos de las metas del Acuerdo vigente. No obstante, pone el ojo en el flanco débil del modelo: la acumulación de reservas, la meta clave, pues sin ellas la devolución de las deudas es una fantasía. Las reservas del BCRA continúan siendo negativas a pesar del freno a las importaciones (producto de la recesión) y la normalización de las exportaciones, con el agro liquidando y la balanza energética equilibrada.
En este contexto, incluso con el empujón favorable del triunfo de Trump en EEUU, la perspectiva del salvavidas de hierro del FMI no es segura.
Mientras tanto, la deuda bruta de la administración nacional subió USD 90.000 millones desde que asumió Milei. Una parte de la misma corresponde al stock de LELIQ acumulado en el BCRA durante la etapa del Frente de Todos, que fue transferida en su totalidad al Tesoro por la actual administración. No obstante, el proceso de endeudamiento se aceleró gracias al plan de Caputo de emisión de letras y bonos, que los especuladores financieros usan para aquel carry trade.
Sí, señores, volvió el carry trade. Toto Caputo habilitó el mecanismo de especulación dadas las variables macroeconómicas de su plan: liberación de las restricciones para que las empresas que generan divisas tomen deuda en dólares, cotización del dólar estable y tasas de interés en pesos por arriba de la inflación. Se trata de un negociado impresionante para los capitales especulativos, que engrosan sus cuentas bancarias mientras se deterioran los bolsillos populares. Este montaje no es antojadizo. Por un lado, garantiza que los empresarios vendan dólares para comprar pesos e invertir en bonos y otros instrumentos, empujando hacia abajo la cotización del dólar paralelo, uno de los objetivos del plan económico. Asimismo, la compra de tales bonos hace subir su cotización y, por ende, disminuye el riesgo país.
El esquema se sostendrá mientras el flujo de capitales sea positivo, es decir, siempre que entren al país más dólares especulativos de los que salen. No obstante el enorme atractivo del esquema macroeconómico y el régimen de inversiones RIGI, todavía no llegan las inversiones productivas y de largo plazo. El riesgo: apenas se revierta el flujo de capitales -como le sucedió a Macri en 2018- el gobierno no tendrá colchón para detener una corrida cambiaria, sostener el tipo de cambio y evitar un salto devaluatorio.
La destrucción de la economía
Como muchos notarán, la desinflación que muestran las estadísticas no se siente así en el bolsillo, pues los ingresos de la población están deprimidos.
Según el MATE-Rosario, el ajuste del gobierno ha recaído más fuertemente sobre algunos sectores, como los empleados públicos (-20% de salario, en agosto), los informales (-15%) y jubilados/pensionados (-8%), mientras que solamente los salarios privados registrados han logrado recuperar, vía paritarias, niveles próximos a los de noviembre 2023 (-3%), que tampoco eran gran cosa. En general, los salarios “en recuperación” que pregona el gobierno aún están por debajo de los niveles de finales de 2023, los cuales además estaban muy por debajo de los valores de 2021. Los ingresos de la población siguen, en promedio, un 12% abajo respecto de 2023 (ODS-UCA).
En términos globales, en 2024 la pérdida de ingresos del sector trabajador alcanzó los $17 billones (dic-ago), unos USD 16.000 millones a valores actuales, que pasaron del bolsillo obrero hacia las cuentas bancarias de los grandes empresarios y capitales financieros. De hecho, la participación del salario en la economía se ubica en cifras históricamente bajas (43%), solamente vistas en tiempos recientes durante la pandemia. Esto consolida un modelo de redistribución negativa del ingreso, donde tener trabajo no es garantía de salir de la pobreza.
Según el MATE, la caída de la actividad económica producida en el primer trimestre del año todavía no se recupera. La industria y el comercio han perdido un 7 a 8% de actividad, mientras que la construcción retrocedió un 18%. Además, la disminución de la actividad económica (recesión) implicó cierre de unas 16.000 empresas -sobre todo PyMES-, empujando hacia arriba el desempleo.
En definitiva, el festejo del gobierno libertario se basa en la estabilidad transitoria de un modelo insostenible a mediano y largo plazo, y basado en la caída de la actividad económica y el ataque a las condiciones de vida de la población. En cuanto la marea retroceda, aparecerá la mugre. La clase obrera debe prepararse para enfrentar no solamente las consecuencias del modelo económico, sino a sus artífices políticos. Se tienen que ir.
David Paz
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