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Gran jornada nacional por los presos políticos del FMI
Se realizó el 6 de abril la jornada nacional por la libertad de los presos políticos detenidos tras el repudio al acuerdo con el FMI. El centro de la misma estuvo en la CABA, en donde un amplio arco de organizaciones -encabezado por la CUBa-MTR y el MTR Histórico, a quienes pertenecen los compañeros detenidos- se movilizó desde el Obelisco hasta la Cámara Penal de la Ciudad. Esta actividad, impulsada luego de una serie de reuniones convocadas en el Serpaj, fue continuidad de la conferencia de prensa del 21 de marzo impulsada desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia.
En el acto realizado, las organizaciones presentes expresaron su solidaridad con Julián Lazarte, Jaru Rodríguez y Oscar Santillán y resaltaron su condición de presos políticos, represaliados por su participación en el repudio a un nuevo acuerdo con el Fondo que traerá más miseria para el pueblo. En la causa que impulsa el juez de la Ciudad Circo, los tres se encuentran con prisión preventiva acusados de asociación ilícita, a pesar de que las pruebas en su contra son de una debilidad insostenible.
La marcha tuvo que sortear la provocación constante de la policía de la Ciudad, que amedrentó todo lo que pudo a los compañeros movilizados. Esta jornada tuvo lugar la semana posterior al acampe piquetero en la 9 de Julio, tras el cual el jefe de gobierno Rodríguez Larreta arremetió con su discurso de represión a los que luchan. Recordar también que la misma policía montó una provocación al final de dicha actividad, deteniendo compañeros del Polo Obrero. Asimismo tomar de que en el interior se produjeron detenciones de referentes que, si bien no se dieron en el marco de esta jornada, sí se produjeron el mismo día: uno del MTR 12 de Abril y otro del Polo Obrero en Jujuy (ver aparte) y dos de la 17 de Noviembre en Villa Ángela (Chaco). A su vez, en Misiones fue detenido un dirigente del MTR Histórico cuando se dirigía hacia la actividad.
Pero lo central estuvo dado por la masividad del reclamo por la libertad inmediata, que se volcó en las calles y que viene sumando adhesiones de distintos sectores democráticos. Además de la marcha en la CABA, la jornada también se expresó con distintas modalidades en Rosario, Córdoba, Resistencia, Salta, Santiago del Estero, Misiones y Mar del Plata, entre otros puntos del país.
Los compañeros
Julián Lazarte integra la CUBa-MTR de la zona oeste del Gran Buenos Aires. Cuando fue detenido en la semana posterior a la movilización del 10 de marzo, los medios de comunicación anunciaron que habían encontrado “al que arrojó la bomba molotov”: recordar que en los días previos, el ministro de Seguridad porteño Dalessandro había dicho que por tal conducta debía imputarse “intento de homicidio”. La acusación se sostuvo en base a un informe de la Policía de la Ciudad en el que aparecen fotos de Lazarte comparadas con fotos de otra persona -si bien ambos están tapados por el barbijo, a simple vista se nota que los rasgos son distintos, además de que llevan otra ropa-, concluyendo que “podría tratarse” de la misma persona. Luego, el informe contiene imágenes de Lazarte en la manifestación, en las que no aparece haciendo nada que se pudiera imputar como delito. A pesar de lo impresentable de las pruebas, el pedido de revocación de la preventiva fue rechazado (al cierre de esta nota estaba en curso la apelación). Lazarte fue trasladado esta semana al penal de Ezeiza. Su defensa fue asumida por la CORREPI.
Jaru Rodríguez Carrero venía colaborando con un merendero de la CUBa-MTR de Ciudadela, organización con la que se movilizó el 10 de marzo. Venezolano, tiene estrechos vínculos con la Secretaría de Migrantes de la UTEP. También es estudiante de Sociología de la UBA. Fue detenido un día antes que Lazarte, luego de un trabajo de inteligencia policial: Rodríguez denunció que un móvil lo siguió toda la tarde mientras realizaba su trabajo para una aplicación de reparto. La prueba para su detención es una foto en la que aparece empujando un contenedor de basura, en el momento en que se había desatado la represión policial. En la Alcaidía 8 de la Ciudad en donde permanece alojado, las autoridades son reticentes a que reciba visitas, luego de una nota publicada en medios después de que Juan Grabois lo fuera a ver. Está a la espera de ser trasladado a una cárcel federal. Su defensa fue asumida por la CADEP.
Oscar Santillán integra el MTR Histórico. Fue detenido en la misma movilización, cuando la policía persiguió a los manifestantes. Se lo quiso presentar como la punta del iceberg de una asociación ilícita, para lo cual supuestamente se había encontrado en su celular información sensible que probaría la premeditación de ciertos delitos. La realidad es que en su teléfono había conversaciones sobre cómo sería la marcha: lo más comprometedor que encontraron fue un comentario de que podía llegar a haber represión. Se encuentra alojado en la Alcaidía 12 de Saavedra a la espera de ser trasladado a un penal federal. Su defensa fue asumida por la Gremial de Abogadas y Abogados.
La situación procesal
La Justicia de la CABA acusa a los tres de formar parte de una “asociación ilícita llamada MTR”. Tal acusación suena disparatada, máxime si se tiene en cuenta lo expuesto por los abogados defensores -y sabido por toda la militancia popular- respecto de que la sigla MTR incluye a una variedad de organizaciones independientes entre sí, y que en el caso de estos compañeros detenidos incluye a dos movimientos diferentes. La acusación va en sintonía con la presentación mediática del tema, según la cual el MTR sería un único movimiento con diferentes ramas, y que en este caso puntual habría preparado la comisión de delitos. Como se vio más arriba, tal acusación no se sostiene con los elementos de prueba recogidos. Se trata de una imputación estrictamente política.
A esto se suma la rosca entre los distintos fueros. Luego de que el juez Circo comenzara las actuaciones, la jueza federal Capuchetti reclamó la causa por tratarse de presuntos delitos federales, pidiéndole a Circo la inhibición. La misma tuvo curso, pero el fiscal de la CABA apeló dicha decisión. La justicia de la Ciudad está conformada por jueces y fiscales ahijados por el macrismo, quienes pretenden apuntalar su carrera e instalar su impronta. Así, además de presos políticos, los compañeros en este momento son rehenes de una disputa por arriba.
En las semanas que transcurrieron, la justicia federal ordenó distintos allanamientos y libró órdenes de captura para ocho compañeros participantes de la movilización -tres de ellos de la CUBa-MTR- en lo que fue un verdadero show de amedrentamiento policial en las barriadas. No obstante ello, fueron aceptados los ocho pedidos de eximición de prisión -presentados por las mencionadas defensas-, con lo cual estos compañeros afrontarán el proceso en libertad. Esto es un indicio de que, de pasar a la justicia federal, la situación de los tres detenidos en CABA podría mejorar.
De todas formas, en el largo plazo se avecina una batalla dura, ya que la jueza Capuchetti imputó a los ocho compañeros por “intimidación pública en concurso ideas con daños agravados”. Intimidación pública es la figura por la cual se condenó a Ruiz y Arakaki en el juicio por la manifestación contra la reforma jubilatoria macrista. Es decir: para la justicia federal, las imágenes de Ruiz tirando pirotecnia y de Arakaki resistiendo la represión son prueba suficiente de que ambos buscaron amedrentar a la población para imponer por la fuerza sus ideas. Hacia eso vamos en esta causa, en la que la vicepresidenta se presentó como particular damnificada, decisión aceptada por Capuchetti pero anulada por la Cámara Federal porteña. Cristina Kirchner insiste en el ataque planificado contra su despacho. En principio, sus intenciones parecieran estar orientadas a seguir metiendo baza en la interna del oficialismo, al tiempo que le tira dardos a Larreta por la actuación de la policía de la Ciudad. Pero en medio de estas disputas por arriba están nuestros compañeros, a quienes las clases dominantes no le querrán perdonar el atrevimiento de repudiar una nueva estafa de la mano del FMI.
Libertad a los presos políticos
A medida que se agudiza el ataque a las condiciones de vida, la pelea popular también se irá profundizando. Por arriba, las fracciones del oficialismo y la oposición discuten qué hacer para contener la lucha de los de abajo, mientras ensayan distintas variantes para pasar de la represión a los que luchan a una represión estrictamente política. Así se vio en el citado juicio por la reforma previsional y así se ve en esta causa, al igual que en otros casos. La exigencia de libertad inmediata para Lazarte, Rodríguez y Santillán es parte de una pelea más larga, que debe inscribirse en la consolidación de un movimiento por la libertad de los presos políticos y contra la persecución de quienes se organizan para luchar contra los planes de hambre, entrega y miseria.
Facundo Palacios
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