¡A la calle por el aborto legal!

En Argentina mueren por año 300 mujeres como consecuencia de 500 mil abortos clandestinos realizados. A esta cifra se le suma un cálculo de 68 mil mujeres con lesiones y problemas de salud post-aborto.
Las clínicas privadas que realizan abortos clandestinos facturan 1.200 millones de pesos por año. Son las mujeres de los sectores populares, quienes ante la falta de recursos se ven imposibilitadas a acceder al aborto en un consultorio privado, quedando expuestas a métodos que ponen en riesgo sus vidas.
Mientras, el gobierno nacional de CFK que se llenó la boca hablando de “todos y todas”, fue el impulsor de la reciente modificación del Código Civil cuyo punto más retrógrado en materia de derechos de la mujer, es el que establece que el inicio de la existencia de una persona se da al momento de la concepción; un claro guiño a la cúpula reaccionaria de la Iglesia y un gran retroceso en el plano del debate de ideas y en el plano legal en relación a la lucha por el aborto seguro legal y gratuito.
A la par si revisamos el “Presupuesto 2015 para Salud”, sólo algo más de tres millones de pesos, ($3.150.465.879,00, o expresado por habitante $78,76) salta a la luz lo postergado que esta nuestro derecho a la salud, y con ello la posibilidad de acceder a métodos anticonceptivos y ni hablar del aborto en el hospital para no morir. Es necesario eliminar barreras de acceso y que la salud sexual se aborde de manera integral, es necesario que haya un acceso real a los anticonceptivos en los hospitales y a la atención médica para un seguimiento adecuado. Para prevenir embarazos no deseados es necesario que se universalice la “educación sexual científica en las escuelas” que se acompañe de gabinetes de sexualidad infantil y adolescente, que haya presupuesto necesario y suficiente para ello.
La contracara de estas políticas de presupuesto insuficiente en materia de salud pública, es una política de criminalización de las problemáticas sociales donde el Estado lejos de dar soluciones a las víctimas y a los que tenemos derechos sin garantizar, nos persigue y nos trata de criminales. En el caso de las mujeres que abortan son consideradas asesinas según el nuevo Código Civil y Comercial, ya que considerando que existe persona desde la concepción, la interrupción del embarazo sería un delito contra la vida, un asesinato, sujeto a penas de 1 a 4 años de prisión según el art. 88 del Código Penal.
Ni a lo legal se accede
La criminalización se agrava considerando que sólo 8 de las 24 provincias del país cuentan con guías para la realización de los abortos que, de acuerdo al artículo 86 del código penal deben realizarse, en caso que la mujer lo consienta.
En dicho artículo se expresa que si está en riesgo la vida o la salud de la mujer, o los embarazos son producto de una violación, la interrupción del embarazo es legal y debe ser realizada con acompañamiento del equipo de salud. En julio pasado el Ministerio de Salud de la Nación volvió a publicar el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” (cuya versión anterior fue publicada en el año 2010). El protocolo es de “aplicación obligatoria en todo el territorio argentino y debe ser puesto en práctica por todas las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas”. La guía aclara que no deben mediar autorizaciones judiciales para realizar esta práctica, que la interrupción legal del embarazo debe ser accesible, no debe estar judicializada en ningún caso, y que para el caso de violación no se debe exigir la denuncia penal ni cualquier tipo de autorización judicial.
Pero la realidad nacional dista nuevamente de la letra de la ley y los protocolos. Inclusive en aquellas provin¬cias donde existen protocolos locales, las Interrupciones Legales del Embarazo (ILE) no se garantizan universalmente para las mujeres que de acuerdo a la legislación vigente podrían realizarse esta práctica “legalmente”. Esto demuestra que no existe una política activa que busque hacer efectiva la aplicación de dichos protocolos para que este derecho se concrete. En la práctica por distrito se termina contando con algunos servicios “amigables” donde sí se garantizan los ILE con la participación de equipos interdisciplinarios, mientras se convive con servicios enteros objetores de conciencia en los cuales los protocolos no se aplican y los ministerios de salud tanto provinciales como nacional- no mueven un dedo para hacerlos efectivos. En síntesis, prima una política de “no confrontación” con provincias, ministerios y servicios que incumplen con lo que la ley estableció en el año 1921. Por lo cual de política pública y acceso a derechos, bien gracias.
No puede quedar en manos de trabajadores de la salud, que realizan el ejercicio de la profesión en condiciones de precariedad laboral, la efectivización última de los derechos de las mujeres. Eso no es una política pública.
¡Aborto legal ya!
El aborto seguro legal y gratuito es una reivindicación histórica de las mujeres de nuestro pueblo que ha sido ignorada por todos los gobiernos sucedidos en estos 32 años de democracia trucha, donde las instituciones del régimen no han dado respuesta alguna a las problemáticas populares.
El “Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo” (IVE) lleva cajoneado en el Parlamento más de 10 años, lo cual significa que la agenda del Gobierno nac&pop no contempla a las víctimas de abortos clandestinos al tiempo que hace la vista gorda al negocio ilegal de las clínicas truchas. Estos hechos dan cuenta de que los tiempos de las demandas populares no son los tiempos de la Legislación ni la del Estado aliado a la cúpula reaccionaria de la Iglesia.
Ante este escenario que nos demuestra que de las urnas no vienen las soluciones, no podemos delegar nuestros derechos ni sembrar expectativas parlamentarias. Es por ello que la vía por la cual las mujeres hemos de conquistar y exigir nuestros derechos es la organización y la lucha junto al resto de los sectores populares. La pelea por políticas integrales en materia de Salud y Educación públicas y por el aborto seguro legal y gratuito en el hospital, es parte de la lucha política contra el ajuste del gobierno de CFK, que priorizando las ganancias de los monopolios ajusta hacia abajo recortando presupuestos y subsidios, y precarizando trabajadores.
Poder político y vaticano
La influencia del Vaticano se hace sentir en los discursos de Scioli, Macri, y Massa anunciando que no van a legalizar el aborto, tal cual sucedió con el
gobierno de Cristina. Debemos profundizar en las calles la pelea por el aborto legal y hacer frente a la provocación del Vaticano, que pregona en el año de la “misericordia” el “perdón” de las mujeres que realizaron un aborto, reavivando el estigma de pecadora para la mujer que quiere decidir sobre su vida, proponiendo para las pobres seguir sufriendo en la tierra.
¡Vamos con fuerza en las calles por el aborto legal en el hospital!