Venezuela - Una traición al servicio de la entrega

En la última reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Argentina sumó una vergüenza más a su historia de relaciones internacionales. La resolución 43 votada por este organismo condena al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela como una dictadura que lleva adelante crímenes de lesa humanidad contra su población. A esta conclusión se llega apoyado en dos informes que repiten casi textualmente las acusaciones de la oposición al gobierno venezolano. 

El primero elaborado por la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, elaborado en julio. La falta de rigor y completa parcialidad del ‘Informe Bachelet’ obligó en su momento al Consejo a crear una “Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”, destinada a subsanar las flaquezas de aquel informe. De esta “Misión” surge el segundo informe, donde las acusaciones son aún peores: se describe un plan organizado por el gobierno para reprimir a la oposición y aterrorizar a la población, señalando, desde Maduro para abajo, a decenas de funcionarios como responsables de este plan sistemático. 

Hay que destacar que la “Misión” jamás pisó suelo venezolano, y que subcontrató a un grupo de “expertos” provenientes de Chile, Portugal y Reino Unido. El hilo conductor es que estos tres países reconocen al autoproclamado Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. El grupo de “expertos” tampoco se tomó la molestia de visitar Venezuela. Se limitó a hacer base en Panamá y elaborar el informe en base a recolectar datos de redes sociales, páginas web y correos electrónicos que les mandó la oposición venezolana. La resolución votada sobre la información vertida por estos informes prorroga por dos años el funcionamiento de esta “Misión Independiente”, para seguir monitoreando el respeto a los derechos humanos en Venezuela. 

Este engendro parcial, mentiroso e injerencista fue votado a favor por la representación argentina, junto con los delegados de Bolsonaro, Piñera y Añez, legitimando a golpistas y fascistas como referentes de los derechos humanos en la región. Argentina votó de acuerdo con los lineamientos del Grupo de Lima -del que sigue siendo miembro-, que fue creado para desestabilizar y voltear al gobierno legítimo de Maduro. Votó junto con el Reino Unido contra Venezuela, cuando el país de Bolívar ha sido un constante defensor de la soberanía argentina en las Islas Malvinas. Pero sobre todo votó agachando la cabeza frente a Estados Unidos, principal interesado en tumbar al gobierno venezolano, para poder avanzar sobre la inmensa riqueza hidrocarburífera y minera del país hermano, y para castigar a uno de los pocos gobiernos que no se han mostrado dóciles a las directivas del imperialismo yanqui en lo que va del siglo. 

Este hecho vergonzoso tuvo consecuencias inmediatas en las filas del oficialismo local. Carlos Raimundi, embajador argentino ante la OEA, marcó públicamente diferencias con el informe de la “Misión Independiente” y Alicia Castro renunció a la embajada en la Federación Rusa, repudiando la política exterior del Gobierno argentino. Y hablamos de Gobierno y no de Cancillería, porque esto no se reduce a una aventura solitaria de Felipe Solá. Horas antes de emitir el voto, un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores despejaba cualquier duda: “El presidente Alberto Fernández dio instrucciones a la Cancillería sobre la posición a fijar por la representación argentina en Ginebra ante los proyectos de resolución en relación con la situación en Venezuela”. Y luego sostiene: “Asimismo, valorará y apoyará con fuerza el trabajo realizado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Michelle Bachelet. En ese marco, instamos al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a cooperar plenamente con el Consejo y todos sus mecanismos, y a implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en sus informes. Así como con su llamado a que conduzca investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, lleve a los perpetradores ante la justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas”. 

Al día de hoy Argentina sigue sin tener embajador en Venezuela. En cambio, sigue en funciones el encargado de negocios que nombró Macri en su momento. La política de retirar la representación diplomática en Venezuela es propia del Grupo de Lima, como parte del aislamiento al que se somete al país hermano. Casi un año después de asumir el gobierno de Fernández, la situación sigue inalterable. Mientras tanto, van cuatro años de un bloqueo criminal contra Venezuela, impidiéndole importar alimentos, medicamentos, y demás artículos de primera necesidad. Nada de esto figura en los informes votados favorablemente por la representación argentina. Bloquear comercialmente a una nación no es materia de derechos humanos para este gobierno. 

Las razones de esta claudicación histórica frente a los intereses del imperialismo estadounidense son aún más ruines que el hecho en sí. El gobierno argentino está embarcado en la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y en el directorio del Fondo la voz del gobierno de EEUU tiene poder de veto. La voluntad manifiesta de pagar a libro cerrado, sin siquiera investigar el origen y destino de la deuda en cuestión, cuenta con el antecedente reciente del acuerdo con los bonistas extranjeros. Señalar como dictadura a un gobierno legítimo, aunque se levante la mano junto con golpistas consumados como el que usurpa el gobierno en Bolivia, es una de las tantas ofrendas que Washington reclama para sentarse a negociar la deuda. El gobierno argentino está demostrando su disposición a cumplir con el mandato del norte, aunque esto implique pisotear la voluntad de buena parte de quienes lo eligieron en las urnas hace menos de un año. La traición al pueblo y gobierno venezolanos se fundamentan en la “necesidad” de hacer buena letra con el acreedor en jefe. Una traición al servicio de la entrega de nuestra propia soberanía.

Leo Funes