Uruguay - Crisis hídrica: ¿es la sequía?

En los meses de mayo y junio comenzó a escasear el agua en Uruguay. A principios de julio ya la falta de agua potable era un hecho: de las canillas del país vecino salía agua con elevados niveles de sodio y potasio, lo cual la hacía salada al paladar y no podía ser ingerida por hipertensos, embarazadas ni bebés.

Desde el gobierno uruguayo dicen que esto se debe a la sequía de los últimos tres años, la que se agravó en estos meses. Pero si miramos un poco más allá veremos que la sequía es el desencadenante de la crisis hídrica y la consecuencia, paradójicamente, que rebalsó el vaso y dejó expuestas las otras causas, las que dependen de decisiones políticas y del modelo económico: desinversión, privatización, extractivismo…

Desde la asunción del presidente Lacalle Pou hubo una reducción de 1.000 puestos de trabajo en Obras Sanitarias del Estado (OSE) y un recorte de la inversión en USD 200 millones, además de que el 50% del agua “se pierde” por roturas en cañerías debido a la falta de mantenimiento.

En noviembre del 2022 el gobierno anunció que finalmente habían conseguido la aprobación del Proyecto Neptuno (también conocido como Proyecto Arazatí) para construir una planta de toma y potabilización de agua del Río de la Plata en la zona de Arazatí, la cual incrementaría la producción pero no el almacenamiento de agua potable, por lo tanto no resolvería la cuestión del abastecimiento. Dicho proyecto se llevará a cabo con inversiones de empresas privadas a las que OSE deberá pagarle una cuota fija de USD 41 millones anuales por la operación, y se contrapone a un proyecto anterior que data del 2013 para construir la represa Casupá. Éste último era un proyecto público que ya contaba con una evaluación de impacto ambiental aprobada, así como la adquisición de terrenos y financiación de parte del Banco de Desarrollo de América Latina, con un costo de USD 100 millones. La decisión del actual gobierno de apostar al Proyecto Neptuno es una decisión en pos de privatizar este recurso y que se constituya como un negocio para algunas empresas, olvidando que el acceso al agua potable es un derecho humano, y por lo tanto no le puede ser negado a nadie.

Por otro lado, resultan esclarecedores los datos sobre la utilización y consumo del agua: 

- El consumo total de agua de la población es de un promedio de 250 millones de m3 por año, mientras que el consumo habilitado para uso privado (empresas) por año ronda los 2.500 millones de m3, insumo necesario para la producción y por el cual dichas empresas no pagan un peso.

- Sólo entre 19 empresas consumen 296 millones de m3, más de lo que consume toda la población. La papelera finlandesa UPM utiliza la mitad de lo que usan los uruguayos, unos 129 millones de m3 anuales. La producción de arroz insume 4 o 5 veces el total de agua potabilizada, la producción de celulosa 10 veces, la soja 17 veces y la carne 20 veces.

Lo acontecido en el país vecino es proyectable al nuestro: un informe realizado por la Organización Meteorológica Mundial indica que en el 2021 en grandes zonas del planeta se han registrado condiciones más secas de lo común en comparación con el promedio de referencia de los últimos 30 años. Dos de esas zonas se encuentran en Argentina: la Patagonia y la cuenca del plata. 

Hay que tener en cuenta que el agua dulce en nuestro país se utiliza en gran medida para riego en agricultura. Con la expansión de la frontera agrícola en los últimos 20 años se planta soja en zonas áridas que requieren mayor riego artificial y en lugares que antes eran bosques, que al dejar de serlo ya no absorben el agua de lluvia, además del empobrecimiento de los suelos por el uso de pesticidas y la no rotación de cultivos. Actualmente hay que sumar el impacto de la extracción de litio en el noroeste que requiere de mucha agua, en una zona que se caracteriza por ser naturalmente más seca que otras.

Estos datos dejan en claro que no es la sequía el problema, sino el modelo extractivista que saquea los recursos naturales en Uruguay, pero también en Argentina y América Latina toda, y que nos deja a los pueblos sin agua, sin suelos fértiles, sin humedales, sin aire puro, con hambre, pobreza y desocupación; es el imperialismo robándose nuestros recursos estratégicos, es la matriz productiva a favor de los monopolios, es el capitalismo dependiente.

Para finalizar con el saqueo y la catástrofe ambiental generada por la voracidad de monopolios y multinacionales, los recursos estratégicos deben decretarse como propiedad inalienable del estado nacional. Esto acompañado de un programa integral, ya que la crisis es profunda y por ende se debe combatir con esa misma profundidad: un conjunto de medidas económicas orientadas a promover la creación de empleo, la defensa del salario, la reactivación del mercado interno y el desarrollo industrial autónomo, basado en la nacionalización de la banca, del comercio exterior y los recursos naturales. 

Teresa Gambadé