Rechazar el acuerdo con el FMI

El principio de acuerdo entre el gobierno de Alberto Fernández y el FMI convalida indefinidamente una historia que se pretende construir sobre una conducta común de la gran burguesía -aun en sus expresiones más renegociadoras- y de los gobiernos en su vínculo con el imperialismo.
La estafa consumada en 2018 por el gobierno de macrista los CEOs es el más grave de los 21 acuerdos anteriores. Siempre fueron para peor. En todo caso el estado deplorable del país en los niveles de pobreza, trabajo y alimentación, requerían una gallardía de la dirigencia en rechazo a las políticas de sometimiento y de mayor ajuste. El sentido progresista que haya tenido el peronismo en sus orígenes, e incluso antes el yrigoyenismo, en el sentido de afirmar un  desarrollo propio, nunca llegaron a fondo en el planteo y solución de las cuestiones nacionales. De tal forma que la globalización y su colonización neoliberal han ganado espacio en la misma conducción peronista vinculada con la reciclada matriz productiva que se consolidó en la década menemista. Muy lejos y en sentido contrario al programa de liberación aplicado por la generación setentista de conjunto, para enfrentar a las dictaduras instrumentadas por Estados Unidos. Menos se justifica en un momento donde el país y sobre todo a los trabajadores están inmersos en una crisis superior.
Reconocer la estafa legitima el saqueo y quita sustento a las querellas iniciadas contra sus responsables, entre ellos al propio FMI, recalificado últimamente ya no como “enemigo de los pueblos”. Es un acto de lesa soberanía y repitente inobjetable del mismo camino que profundiza la dependencia política y económica mientras la liberación nunca aparece.
Sobre ello aparece la conducta de aceptar el monitoreo trimestral con un desparpajo propio de quien abre las puertas de su casa al “amigo” que viene a “salvar”, en lugar del enemigo que tradicionalmente fue. Cual representantes de la corona, en otros tiempos, allí cuando los barcos volvían a Europa con el oro y plata producto de la conquista, esta vez su instalación en las oficinas del Banco Central condiciona todo el proyecto y constituye un acto de lesa soberanía. Conducta de pusilánimes, que no se justifican con destacar la benignidad de algunos puntos ni con el padrinazgo del nobel Stigliz, cuando las imposiciones son leoninas por su propia razón de ser y sus efectos castigan impiadosamente a los más vulnerables.
De fondo aparece el verdadero sentido de ajuste que conlleva el ordenamiento de las llamadas variables macro económicas del capitalismo concentrado, con lo cual se busca generar el diferencial para cumplir con el pago, sea achicando el gasto social, alta inflación e incidencia en el costo de vida, pérdida de salario real y jubilaciones, aumentos de tarifas y de tasas entre otros, tal cual se desprende de lo negociado por Guzmán. En definitiva, agravar las condiciones de vida e incumplir con la deuda interna legalizando el saqueo para congraciarse con la externa.
Justificar tal cual hacen dirigentes de la CGT-CTA porque no exige reforma laboral o previsional,  no es determinante en la medida que ya existe una ley previsional a la baja y en lo ocupacional convenios como el de Toyota y Vaca Muerta, habilitan una  línea racionalizadora y de flexibilización que la burocracia cómplice puede colar en cualquier momento. Tampoco con haber evitado el default mientras la guillotina pende sobre el hambre y necesidades del pueblo.
En lugar de aceptar esto, hay que suspender el pago, investigar la misma y destinar todos los recursos a recuperar independencia política y desarrollo económico equitativo bajo un gobierno de clase trabajadora, en el mismo sentido de rechazo que viene planteando la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago conjuntamente con la izquierda movilizada.

A.Z.