Rebelión popular en Ecuador | Así se trata a los gobiernos ajustadores

El primer día de octubre el gobierno de Lenin Moreno decretó un paquete de medidas económicas acordado con el Fondo Monetario Internacional que castiga con dureza a las mayorías trabajadoras del país. El rechazo popular volcándose masivamente a las calles fue inmediato y, ante el inminente desborde de las fuerzas represivas, el gobierno respondió dictando el “estado de excepción” en todo el territorio nacional. El estallido social como corolario del ajuste fondomonetarista en Ecuador explicita el futuro de los países sometidos a recetas similares.

La escalada en el ajuste que aplica Moreno responde a los requerimientos del FMI para desembolsar un “salvataje” acordado en el primer trimestre del año que supera los U$S 10.000 millones, y que en lo inmediato tiene pendientes U$S 4.200 millones. Las condiciones para hacer efectivo el préstamo son conocidas en todos los países dependientes: reducción del gasto público, aumento de los ingresos fiscales, reformas laboral y jubilatoria regresivas, etc. El “paquetazo” que acaba de anunciar Moreno avanza en varios de estos puntos, y se destaca una quita de los subsidios al combustible y la liberalización de sus precios, lo que implica un aumento del 123%. Junto con esto se incluye un recorte del 20% del salario a los contratados por el Estado, múltiples medidas de precarización laboral, un recorte a la mitad en las vacaciones para los trabajadores del sector público, entre otras.

Apagar el fuego con nafta

La movilización espontánea en las calles y rutas del país fue inmediata, y con el paso de las horas se volvió masiva. Diversos sectores del transporte se declararon en huelga y el gobierno se vio obligado a suspender las clases en todo el territorio. La evidencia de que el alzamiento popular se expandía entre trabajadores, pueblos indígenas, estudiantes universitarios y organizaciones sociales y políticas de diversas tendencias, llevó al gobierno a tomar una decisión que puede terminar siendo autocondenatoria: el establecimiento del estado de excepción en todo el territorio nacional por un plazo de 60 días. Esto implica sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, impedir el derecho a reunión y asociación, restringir los derechos a la circulación y manifestación en la vía pública y, en los hechos, reprimir abiertamente a un pueblo masivamente movilizado. Las detenciones masivas y los heridos por la represión se multiplican desde ese decreto y, teniendo en cuenta el hartazgo popular con el ajuste fondomonetarista vigente, la perspectiva es a la elevación de las confrontaciones callejeras.

Con el paro nacional por tiempo indefinido de las confederaciones indígenas, cientos de piquetes en las rutas, varias gobernaciones tomadas por los manifestantes, protestas callejeras en numerosos puntos del país, incluidos los alrededores de la casa de gobierno en Quito, Ecuador comienza a recuperar lo mejor de su pasado reciente. Pionero en la oleada de rebeliones populares que marcaron a fuego a las nuevas generaciones del continente entre fines de los años 90 y principios del siglo XXI, el pueblo ecuatoriano supo derribar a tres gobiernos consecutivos desde la lucha insurreccional. En este camino el aprendizaje va tomando cuerpo en las distintas organizaciones del pueblo, que hoy vuelven mejor pertrechados al combate social. Así, mientras algunos sindicatos del transporte levantaron el paro por mínimas concesiones, otras organizaciones sociales han decidido hacerle frente a la represión tomando una decena de rehenes entre las filas de los militares que salieron a tratar de recuperar el control de las rutas en el interior del país. Así, exigen el fin de la represión y la liberación de cientos de compañeros detenidos como condición para devolver a los represores retenidos. Simultáneamente, y sobre todo en zonas rurales, son varias las divisiones del ejército que han depuesto sus armas frente a la firmeza de las protestas, o que directamente han huido de las principales zonas de conflicto. Esto es solo un ejemplo de la acumulación de experiencia de lucha en sectores que vienen protagonizando un estado de rebelión popular que, con alzas y bajas, surca las últimas décadas del Ecuador, y buena parte de América Latina.

Del saqueo económico se sale con rebelión

En el marco de una economía en absoluto dolarizada, sufriendo las consecuencias de una caída pronunciada del precio internacional de los principales productos exportables, una fuerte contracción de la recaudación impositiva, deuda externa en niveles récord, y un déficit del Estado que acumula U$S 8.000 millones al año, la economía ecuatoriana está al borde del colapso y las condiciones de vida de las mayorías populares se vuelven insostenibles. El itinerario que se propone el oficialismo, dictado al oído por los funcionarios del FMI, tiende a agravar esta situación, con medidas programadas como la próxima eliminación de los subsidios al gas y a la energía eléctrica, el alza en el IVA, y la profundización de un cronograma de despidos en el Estado.

Ya desde antes del arribo de los funcionarios del FMI, el gobierno de Moreno venía avanzando en las concesiones petroleras, mineras e hidroeléctricas a multinacionales, pisoteando los derechos indígenas sobre los territorios afectados. De allí que el protagonismo indígena a través de la CONAIE sea determinante para entender esta semana de protestas. Caminando masivamente desde los cerros, alrededor de 20.000 hombres y mujeres de distintas nacionalidades indígenas han llegado ya al centro histórico de Quito al grito de “Fuera Moreno”, y la población local los ha recibido con agua, comida y alojamiento para recuperar energías hacia el miércoles 9 de octubre, fecha prevista para una huelga general con movilizaciones en todo el país. Mientras tanto, los sectores urbanos mantienen el combate con las fuerzas policiales, lo que obligó al presidente aún en funciones a ordenar el desalojo de la casa de gobierno en Quito, y el traslado de la sede de gobierno a Guayaquil. Olfateando un próximo desenlace, la burguesía local más concentrada está fugando capitales en cifras récord y alentando alternativas políticas para un poder que tambalea. Entre ellos, el ex presidente Rafael Correa -desde su domicilio en Bélgica- ha aprovechado para llamar a un adelantamiento de las elecciones. “Ni con Moreno, ni con Correa”, es una de las consignas más repetidas entre las multitudes que se manifiestan, junto con la derogación del decreto 883 (el paquetazo), la nulidad de las concesiones petroleras, mineras e hidroeléctricas que favorecen a empresas transnacionales en detrimento de los pueblos indígenas, y la renuncia inmediata del presidente Lenin Moreno.

La única posibilidad de un Ecuador próspero y capaz de garantizar una vida digna para su pueblo trabajador reside en la urgencia de hacer un giro de 180 grados en la orientación política que lo rige actualmente. Cortar lazos con el FMI y los acreedores financieros que lo vienen desangrando es una medida de primer orden, que debe ser acompañada por la nacionalización de las principales palancas de la economía, el comercio exterior y las finanzas, recuperando la soberanía sobre sus propios recursos, para volcarlos al servicio de un plan de emergencia que saque de la miseria y los apremios urgentes que sufre la mayoría de su población, tanto urbana como rural. Para esto, la esperanza ecuatoriana está en las organizaciones del pueblo movilizado, que hoy están enfrentando el “paquetazo” de Moreno, y que son conscientes que derrotar estas medidas antipopulares es el primer paso en dirección al “que se vayan todos” que retumba en las calles, y a la imposición de un gobierno popular y democrático, surgido de la rebelión en curso, que aplique aquel programa de liberación nacional para salir de la crisis.

Mientras tanto, la tarea primordial de los pueblos latinoamericanos, sometidos a regímenes similares, está en hermanarse con la lucha del pueblo trabajador que en Ecuador, tal como hace 20 años, vuelve a indicar el rumbo para sacarse de encima a los ajustadores.

Leo Funes