Por una nueva oleada de luchas populares

Sábado, 20. Mayo 2017

La escenificación de una política derrotada

 

El gobierno levantó, con su participación en el acto del 1° de Mayo, un peldaño más en su intento de recuperar la iniciativa perdida. El ahogo en que lo sumergió la profusa lucha popular de marzo, fundamentalmente, dejó claro dónde radican sus mayores temores. La efectividad del paro nacional no se desvaneció por la conducta huidiza de la dirección de la CGT, después del 6/4, que prefirió guardar el violín en la bolsa antes que la radicalización de la protesta los deje fuera de circuito. Macri aprovechó esa debilidad registrada en los actos raquíticos y defensivos de la CGT y CTA para organizar uno propio. De la mano del Momo Venegas, compañero de ruta de las tres CGT que precedieron a esta, se envalentonó en el discurso y los trató de mafiosos, sin mirarse y sin considerar que su actual socio Venegas lleva cinco períodos como secretario del gremio de obreros rurales y estibadores, registrando cerca del 52% de trabajadores en negro y con condiciones de precariedad absoluta. No obstante la propuesta central que bajó fue el llamado “plan empalme”, por el cual las empresas que ofrezcan trabajo a los beneficiarios de cooperativas u otros planes sociales dispondrán a cuenta de los $4000 que hoy cobran, durante 24 meses. No garantiza pagos previsionales sobre tal monto, ni que no sea utilizado para reemplazar actuales ocupados o al servicio de grandes patronales. Un espejismo de fuerte contenido electoral, que ni el propio presidente cree, como si la generación de empleo se definiera por decreto y no tuviera nada que ver con inversiones genuinas o reactivación del consumo. 

 

Las inversiones dónde están

 

En el tema de inversiones es donde el plan registra uno de sus mayores fracasos. Luego del oneroso pago a los buitres y efectuadas ya dos Mini-Davos con asistencia perfecta por parte de los grupos de inversión, los brotes verdes no llegan y atan sus compromisos, ahora, a los resultados legislativos de octubre. No basta solo con la rentabilidad del negocio: la gobernabilidad es un condicionante mayor. Mientras tanto la bicicleta financiera con las Lebac u otros préstamos les garantiza utilidades sin riesgo y de veloz realización, de tal forma que el endeudamiento actual por las letras suma ya $ 650.000 millones.

 

Viaje a Estados Unidos

 

La resonancia otorgada al viaje presidencial, a fines de abril, contrastó con sus resultados concretos. La entrevista concedida por Trump se enmarcó en el requerimiento político de un alineamiento mayor con sus intereses. Justo antes del viaje a China, donde Macri debe negociar acuerdos firmados, solicitar el financiamiento para que el Plan Belgrano arranque y ampliar el crédito vigente en yuanes. Tampoco con los chinos habrá nada gratuito.

También estuvo presente la demanda de una intervención más activa contra el gobierno venezolano, como parte de un rol de vocero carnal que pretende hacerle jugar a nuestro país junto a Brasil, en áreas del Cono Sur donde ya nada es como antes. Bajo dicha pretensión, avanzaron los nuevos convenios en seguridad revestidos de “cooperación contra el narcotráfico y el terrorismo” o “capacitación e instrucción” vía cursos especiales que impulsa la ministra Bullrich, quien aparece más preocupada por facilitar la injerencia interna que por defender la soberanía territorial. La venta y provisión de armamentos caracteriza el acentuado intervencionismo de Trump en el mundo, con lo cual, además de reactivar las utilidades del complejo armamentístico, pretende recuperar espacios frente a nuevos competidores zonales como Rusia, Brasil e Israel. Con ese rumbo se gestiona la compra de aviones, elementos antimotines y armamento liviano. 

En el tema petrolero, quedaron expuestas las intenciones de acelerar la entrega del yacimiento Vaca Muerta. Acompañado del secretario del gremio petrolero de Neuquén, empresario y actual diputado Pereyra (PJ), el presidente resaltó las ventajas patronales del convenio flexibilizado que reduce el costo laboral a las condiciones requeridas por las petroleras. También las favoreció con la baja de aranceles, del 35 a 7%, para la importación de maquinarias y equipos de segunda mano que se utilizan en la extracción de gas y petróleo no convencional. No obstante, las pautas de inversión dependen de las petroleras, y por ahora sus necesidades no responden a las urgencias políticas y económicas del macrismo. Lo mismo surge del comparativo en las inversiones del grupo Techint, que destina U$S 1800 millones para instalar una planta de tubos sin costura en Texas, mientras suspende y reduce personal en su planta de Campana.

Más allá de las adulaciones los resultados comerciales, aunque parezca una ironía, se registraron solo en la venta de limones. Ni en el biodiesel, ni en la carne, ni en el aceleramiento de las inversiones energéticas pese a la potencialidad del yacimiento neuquino, se registraron cambios tangibles.

 

Los reclamos populares al margen de la polarización

 

Macri polariza en el terreno político con el kirchnerismo y especula con la pasividad y crisis que atraviesa a la mayoría de la oposición que se expresa en el parlamento como en lo sindical. De allí la escenificación montada alrededor del viaje al Norte y de su participación  este 1° de Mayo, o en temas como la quiebra de la provincia Santa Cruz gobernada desde hace 21 años por los Kirchner, o también del destino que depara al régimen venezolano y a quienes pretendan cambiar las reglas establecidas por los monopolios. Pero la realidad es más fuerte que los anuncios y tanto los efectos del ajuste como la intención confesa de profundizarlo, amplían la lucha y han derivado también en cuestión política. La liberación de genocidas demuele aquel escenario presidencial y lo identifica cada vez más con la década del 90.

 

Jueces de la impunidad

 

El fallo de la Corte Suprema de Justicia por la que se reducen las penas a los genocidas fundada en leyes inexistentes al momento de cometer el delito, constituye un brutal traspié para el gobierno que afecta incluso a parte de su base social, enrolada como anticristinista pero no como antidemocrática o fascista. La decisión cortesana de computar el 2x1 en crímenes de lesa humanidad, considerados imprescriptibles universalmente, se definió por mayoría con el voto de los dos jueces nuevos (Rosatti y Rosenkrantz) propuestos por el gobierno y el de la jueza Highton de Nolasco, que se sostiene ilegalmente más allá de los 75 años también con apoyo oficial. Difícil presentar como una decisión de la justicia tomada en forma independiente, cuando desde el propio gobierno se fomenta la línea de “terminar con el curro de los derechos humanos”, “no fueron 30000 los desaparecidos”, “no fue un plan de exterminio”, etc, y se intentó decretar la movilidad del feriado del 24 de Marzo. El gobierno retrocede, miente e intenta minimizar. Al decir del ministro Garavano: “son pocas personas las que cumplieron prisión preventiva en el período de vigencia de la ley 24.390”. Aunque sean pocos es repudiable, pero la verdad es que todos los genocidas que hayan tenido prisión preventiva, a partir de ahora, cuentan con posibilidades de ser liberados. El torturador Muiña favorecido con el 2x1 y condenado a 13 años de prisión, detonante del fallo, fue detenido recién en 2007 cuando aquella ley ya no existía. Rigió de 1994 al 2001. El endurecimiento de las condenas es una lógica implícita en la sustancia del macrismo. Si en este caso algunos de sus voceros son críticos o intentan despegarse del fallo pro-genocidio, lo hacen más por especulación electoral antes que por diferencias ideológicas. 

 

Avanzar en la confluencia de luchas sin distracciones

 

El tono positivo del discurso ya no alcanza. Transcurrido un año y medio, la visión del “cambio” prometido se percibe en amplios sectores como una gran mentira. Suben los precios y cae el consumo general desde hace 16 meses. Que haya disminuido en productos básicos como leche, carne y otros lácteos, son señales de una descomposición en marcha que abarca otros planos y ya no se aguanta. Mayor empobrecimiento y a su vez mayor endeudamiento para financiar un déficit que se sostiene sobre la espalda de los trabajadores. La deuda oficial, incluido las Lebac, asciende a U$S 325.000 millones, casi el 70% del PBI. Las explicaciones técnicas no resuelven los problemas del hambre, del trabajo, de salud o la convivencia. Allí están las razones, entre otras, del alto grado de insatisfacción y de luchas que se registran diariamente. Se mantiene tensa la conflictividad en Santa Cruz, y revientan los reclamos en docentes universitarios, Sancor, Cresta Roja, El Tabacal, Villegas, organizaciones territoriales, etc. Más allá de la capitulación de la dirigencia sindical, crece la corriente antiburocrática y la posibilidad de avanzar también en la recuperación de internas y gremios. Que no se quiera sacar los pies del plato ni elevar la confrontación para quebrar el ajuste, no implica depender de la convocatoria de la CGT para avanzar en ese sentido. Se puede instrumentar un camino distinto y acorde a las condiciones, impulsando coordinadoras regionales, intersindicales o multisectoriales, detrás de un programa político reivindicativo que contenga al conjunto y con escenario de calle. En otro plano la construcción política y un frentismo cada vez más necesario cuyo centro no gire alrededor de las candidaturas ni pierda de vista el rol de vanguardia que deben jugar los trabajadores, el combativismo y la izquierda revolucionaria. El auge de luchas se eleva siempre que haya intención política de hacerlo. Subordinar el camino del protagonismo de masas movilizadas a los acuerdos electorales, oxigena al oficialismo, a la institucionalidad vigente y las expresiones políticas de la gran burguesía. Supone de alguna manera seguir el mismo camino de aquellos, en lugar de avanzar por uno distinto de puebladas y rebelión, para que la crisis verdaderamente la paguen los de arriba. 

Andrés Zamponi

Publicado en: 
Sábado, Mayo 20, 2017 - 14:30

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