A pesar del ajuste, la entrega y la corrupción | Crece la respuesta de los trabajadores

El gobierno pisó el acelerador y lo que se insinuó como gradualismo se transformó en ajuste ortodoxo a secas. Luego que devaluó y liberó precios y tarifas, buscó absorber el circulante monetario pagando tasas exorbitantes, contener los salarios y reducir el empleo para que, por efectos de una caída en el consumo o demanda compradora, los precios a partir de junio, en el mejor de los casos, comiencen a estacionarse y bajen los índices inflacionarios. El gobierno decidió salir de la crisis según el manual de la ortodoxia capitalista, trasladando los costos del ajuste al campo popular. El viejo argumento sobre la herencia recibida y la necesidad de aplicar medidas dolorosas porque no hay otra alternativa surge siempre después de cada elección. Frente a una economía que ya venía planchada y sin crecimiento industrial, acentuar la recesión y secar la plaza de billetes requiere necesariamente del ingreso de capitales extranjeros que den sustento al funcionamiento del capitalismo monopólico. Eso sí, será en condiciones de mayor sometimiento externo, de mayor vulnerabilidad en el manejo de los recursos naturales, de regresión salarial y empobrecimiento. Aun así, nada tienen asegurado. Según el informe último de FIEL, se necesitarían U$S 32.000 millones en principio para equilibrar y recién después todo nuevo ingreso podría tener un sentido productivo en la economía. Dicha cifra incluye los bonos a emitir para cumplir con los holdouts, las remesas de dividendos de las multinacionales, pagos de deudas pendientes de las provincias y de sectores privados. El informe sostiene que, en lo que va del año, solo había ingresado el 10% de aquella impactante suma.
Macri sigue exprimiendo los efectos del viaje del presidente norteamericano, tanto como el éxito político obtenido con el acuerdo parlamentario para cancelar la deuda con los fondos usureros y salir del default. Ambos hechos sirvieron como cobertura política para profundizar los tarifazos de abril y la inflación, aunque sus resultados, destacados como “históricos” en los medios, se diluyen rápidamente ante el crecimiento de la disconformidad y la movilización popular.

La visita de Obama

El notorio contraste entre calles vacías de pueblo el día 23 a la llegada del presidente y las calles pobladas por miles el 24 en la marcha para conmemorar un nuevo aniversario del golpe de 1976 y en repudio a la dictadura -y también al visitante-, diluyeron los esfuerzos de la planificación oficial para resaltar la bienvenida.
Entre los objetivos de la visita prevaleció la firma de acuerdos políticos estratégicos y de seguridad, sin mayor divulgación pública pero con pretensiones superiores a lo esperado en el terreno económico. En este plano los anuncios, pese a la comitiva acompañante integrada por más de 400 empresarios, no superarían los U$S 2.300 millones incluyendo proyectos ya publicados anteriormente. El alineamiento político e ideológico explícito con EEUU fue compensado luego por Obama con la recomendación a los jueces de la Cámara de Nueva York para cerrar el oneroso acuerdo con los buitres. También se retomó el camino de los tratados de libre comercio con el Mercosur a la par del seguimiento estricto a las crisis brasileña y venezolana. Esta señalada reinserción con el mundo occidental, cuyos antecedentes datan de la década del 90´, no es nueva y traerá mayor subordinación al capital financiero a la vez que una mayor disputa por las zonas de influencia, sobre todo con la creciente presencia en los últimos años del capitalismo chino.

La deuda, una claudicación permanente

El acuerdo legislativo para cancelar a los buitres es la coronación de una política de claudicación compartida por todos los círculos dominantes. Que muchas de aquellas manos y partidos que votaron en 2001 el default o no pago se alcen otra vez en 2016 por el sí pago, no hace más que confirmar la institucionalización del saqueo y subordinación del país mientras rijan los intereses de la gran burguesía asociada al imperialismo de turno. A la vez confirma también que, si aquella decisión fue producto de la rebelión del 20 de diciembre que obligó en forma oportunista a levantar asustados la mano, esta vez la decisión institucional de los legisladores no la hace más legítima, dado que el pueblo no votó para esto y será, por otro lado, quien soporte el empobrecimiento y privaciones propias de tal decisión. Deberían escuchar, con las diferencias del caso y del momento, que hoy en Brasil también suena el “que se vayan todos”.
La negativa impulsada por el kirchnerismo, que sumó 16 votos luego de haber tenido el FpV amplia mayoría en el Senado, no lo exime de responsabilidad, porque su conducta nunca fue el no pago de una deuda fraudulenta sino la de pagar menos como aseveró Kicillof, en sintonía con aquella autocalificación presidencial de haber sido pagadores seriales. La obsecuencia de la mayoría justicialista que ya se había expresado en la cena brindada por el gobierno al presidente yanqui en el Centro Cultural Kirchner, ha cambiado la correlación de fuerzas dentro del PJ pero no ha resuelto su crisis. La pretensión de acompañar el rumbo impreso por el macrismo tiene que ver con sus propias necesidades para gestionar las provincias que gobiernan, afectadas por crisis regionales generadas en estos años, pero también con afianzar la gobernabilidad del régimen político. El festejo oficial frente a la holgada aprobación parlamentaria y los elogios al senador Picheto como “profesional de la política”, tienen que ver más con dicha necesidad de contención frente a la inevitable repuesta popular que se extiende y profundiza por encima de la traición de su propia dirigencia. Secundariamente intentarán reducir cualquier posibilidad de retorno del cristinismo como corriente hegemónica, a la par de reposicionarse en la dirección del PJ para la disputa electoral en 2017. En ese marco hay que entender el respaldo de Scioli al realineamiento internacional efectuado por Macri como la justificación realizada luego de conocerse la participación del presidente en empresas registradas en un paraíso fiscal de Panamá. El ex gobernador también se cura en salud.

Todos deben ir presos

La pérdida del poder abrió grietas importantes en el armado kirchnerista. La corrupción es una de ellas y cuanto más trascienden las evidencias más pronunciado es el derrumbe. Hay un interés político cuyo costo paga Cristina Kirchner y un interés económico por desmantelar el armado empresarial de socios visibles como Cristóbal López, Báez, Ferreira y de otros tantos funcionarios. La presión social es real y surge estimulada luego de la tragedia de Once, donde los condenados aún no cumplen prisión efectiva. Cansados de promesas de campaña y hartos de presenciar cómo después de cada elección muchos de los “representantes” en el gobierno se vuelven millonarios frente a un pueblo que sigue empobrecido. Que los jueces actúen ahora encarcelando algunos corruptos, tiene que ver con aquella presión y no tanto con el carácter justiciero de un poder Judicial que forma parte, junto a Ejecutivo y Legislativo, del mismo estado capitalista prohijado por los grupos monopólicos. Es el mismo poder cuyos jueces, también millonarios muchos de ellos, aceptaron la suspensión de la Constitución en tiempos de la dictadura, se transformaron en jueces de la servilleta con Menem-Cavallo, miraron para otro lado y cajonearon expedientes con el kirchnerismo, convalidaron el gatillo fácil con cárceles atestadas de pobres nunca de ricos, y hoy en una voltereta oportunista se autoerigen en “justicia independiente”. Desde el inicio de la democracia hasta el gobierno de Néstor Kirchner se registraron 750 casos de corrupción denunciados y tan solo el 3% recibieron condena. El promedio de duración de los juicios son 14 años y la gran mayoría de los expedientes fueron cajoneados hasta su prescripción. Esa es la realidad pese a que la ley determina que el inicio y la condena de una causa debería producirse dentro de los 6 meses. Entonces no hay razones para suponer que comienza una nueva etapa o un “lava jato” tal cual sucede hoy en Brasil, como no ser la instrumentación política del tema por parte del nuevo gobierno o la necesidad compartida junto a otras facciones de la gran burguesía para recuperar credibilidad institucional. Tampoco fue ajena a este cambio la presión ejercida por EEUU durante la visita presidencial.

Macri también

La aparición de una empresa offshore registrada en Panamá con directorio integrado por el presidente Macri, deslizó la acusación volcada sobre el kirchnerismo hacia su propio terreno y colocó el tema de la corrupción como un componente medular en la conformación del estado capitalista monopólico y su bloque dominante. No es necesario comprobar lo evidente, cuando el solo hecho de estar registrado aunque no sea ilegal por sí mismo responde únicamente a la necesidad de evadir u ocultar dinero mal habido. Para eso el capital imperialista habilita los paraísos fiscales, para ocultar y traficar millonarias sumas de dólares en el mercado negro. Todas las explicaciones relacionadas con la actividad de su padre agrandan las sospechas, puesto que la fortuna de Franco Macri se hizo con sobreprecios y contrataciones con el estado en tiempos de dictadura y también bajo el gobierno menemista. Mauricio Macri fue procesado en 2001, junto a su padre, por contrabando. Siendo dueños de Sevel Argentina transferían autopartes hacia Uruguay utilizando una empresa fantasma -Opalsen S.A.- controlada por ellos mismos, y reingresaban luego los automóviles completos hacia Argentina quedándose con un diferencial que la propia DGI ponderó como evasión por 55 millones de dólares. Abundarán las explicaciones, pero al “culto a la verdad y la transparencia” pregonada por Cambiemos se le cayó la careta. Son varios los funcionarios que figuran como dueños de empresas offshore, como el actual intendente de Lanús y ex ministro de Economía de Macri en la CABA, Néstor Grindetti.
Siempre, en el ejercicio de gobierno, el poder de la burguesía garantiza impunidad frente al delito, pero luego son las correlaciones de fuerzas las que determinan la condena o no y el castigo o no de los mismos. En este plano la movilización en respaldo de la ex presidenta a Comodoro Py apunta a frenar desde la política cualquier intento legal por privarla de libertad pese a las evidencias. La causa por la venta de dólares a futuro poco antes de terminar su mandato constituyó un verdadero negociado que benefició a cerealeras, bancos y multinacionales en $76.000 millones. El gobierno de Macri, en lugar de rechazar y denunciar también a dichos grupos como partícipes de la bicicleta financiera, convalidó su pago. Por un lado pierde nuestro pueblo cuando se aplican los tarifazos últimos para reducir el déficit en $ 130.000 millones y por otro vuelve a perder con la decisión oficial de pagar en lugar de recuperar aquella cifra millonaria. Entre bueyes no hay cornadas, aquellos grupos monopólicos son los mismos que anticiparon una suma de U$S 4.000 millones para fortalecer las reservas en el inicio de esta gestión. Agradecido el presidente.

Sin incertidumbres y sin retornos, lo que crece es la lucha

Han transcurridos 4 meses y la calle constituye el escenario principal donde vuelcan su desagrado los trabajadores. Con referencias puntuales como en Tierra del Fuego, donde la gobernadora no puede acceder a la Casa de Gobierno cercada por docentes y estatales, pasando por medidas de permanencia o toma de oficinas en el Ministerio de Trabajo de Triaca, hasta los cortes de ruta 9 por obreros de Atucha o el de la Richieri en provincia, los paros y medidas se extienden pese a que aún faltan cerrar la mayoría de los acuerdos paritarios. No se corresponde el consenso electoral logrado en noviembre por el gobierno con la reacción y el descontento hoy presente. Es que los tarifazos, el costo de vida, los despidos y la inequidad manifiesta golpean despiadadamente a quienes menos o nada tienen, y todos los indicios adelantan su agravamiento. Cuánto tardará esta conflictividad creciente en elevarse, cuánto más los trabajadores seguirán perdiendo y, ya sea por decisión propia o por el accionar de un aparato represivo cada vez más ostentoso, cuánto transcurrirán los reclamos pacíficamente. Con niveles de pobreza del 34,6% según publicó la UCA, sin computar los aumentos de abril que anticipan una inflación no menor a 6 ó 7%, hasta la misma burocracia de las CGT que hoy tributan a Macri se verán obligadas a actuar. Desplegar la movilización y el paro, promover la unidad y solidaridad combativa de todos los que luchan, intervenir en todas las convocatorias, como fue la de ATE en febrero y las que vienen hacia otras jornadas nacionales, mantener la independencia política frente a oxidadas alternativas patronales que se renuevan en cada elección y sumar las demandas piqueteras y estudiantiles junto con los pobres del campo; esa es la línea. Es el camino para una acumulación de fuerzas en la perspectiva de que el auge de luchas cobre mayores alturas, como una condición para que esa nueva vanguardia que madura legitime salidas rebeldes y clasistas que deben construirse en lugar de subordinarse al sindicalerismo reformista ya existente. En ese plano la convocatoria desde el PRML para conmemorar un 1° de mayo combativo, unitario e insurrecto como históricamente lo fue, sin apropiarse ni patentar las plazas con políticas electoralistas sectarias que achican y adormecen la perspectiva de los cordobazos.
Hacia allí vamos.

Andrés Zamponi