Peppo: un balance desaprobado

Cumplido el año de gobierno, Oscar Domingo Peppo dio cuenta más de lo que debe, que lo realizado. En un acto a puertas cerradas, solo con su gabinete y la prensa, el mandatario balanceó este primer año excusándose en la retracción económica. Confía en que “el año que viene sea el año de la obra pública y la recuperación”. Es así que ofrenda colaboracionismo a Macri- que ya visitó tres veces la provincia- y se muestra prudente con el conflicto social.

En la provincia entre agosto y octubre de este año se registraron, en promedio, dos cortes de ruta y tres cortes de calle en Resistencia por día. Los paros en escuelas y organismos estatales se suceden por encima de los acuerdos entre el gobierno y los dirigentes sindicales.

Lo que Peppo pasó por alto

Los hospitales provinciales se encuentran en estado de abandono. Fue así  que luego que la ministra de Salud, Mariel Crespo, dijera que el gobierno le reclamaría una compensación económica al Paraguay por la atención que reciben ciudadanos de ese país en el Gran Hospital Perrando y la indignación que produjo, tuvieron que reconocer que el principal problema del nosocomio es su ajustado presupuesto y no los ciudadanos paraguayos que se atienden en él.

Según el director Cristian Obregón el gran hospital no da abasto ante “la alta demanda de tratamiento de alta complejidad, que son costosos”. “Somos un centro de derivaciones de pacientes con tratamientos oncológicos de Corrientes, El Colorado (Formosa), Florencia y Las Toscas (Santa Fe) y Pilar (Paraguay)”. 

Los gremios de los empleados del sistema sanitario denuncian que no hay continuidad en la provisión de medicamentos, las guardias están sobrepasadas y en los centros de salud existen conexiones eléctricas deficientes y en algunos casos falta agua.

Por otra parte el Ministerio de Educación adeuda a las escuelas los fondos para los comedores escolares desde julio. Además que son partidas que no fueron actualizadas- los montos dependiendo la modalidad de la escuela rondan entre los 6 y 9 pesos por alumno- es la escuela y su comunidad los que deben hacerse cargo con fondos de cooperadora. Con respecto a infraestructura escolar el gobernador dijo que hay 23 obras en marcha, finalizado el año solo inauguró dos.

La cuestión del agua es también deuda pendiente. Son obras muchas veces mencionadas pero que no están terminadas: en el segundo acueducto del interior resta una tercera parte para su conclusión, que con su puesta en funcionamiento resolvería la distribución asimétrica en la provincia, de importante beneficio al sudoeste chaqueño. El gerente general de SAMEEP Ricardo Requena señaló que todavía persiste una distribución desigual: “la dotación de agua potable para el área metropolitana es más del doble de lo que se envía al interior”. Mientras que en la primera la relación por día es de 400 litros por habitante, en la segunda es 180 litros por habitante.

Hoy  esa obra, que se inició a principios de 2011, está parada y el financiamiento actual de la obra se distancia mucho del cálculo original. El crédito de un banco brasileño no se siguió desembolsando y prevén ahora que los fondos se giren desde Nación

En el Impenetrable serían 60 mil los habitantes que tendrían resuelto el problema del agua potable con el acueducto de ese mismo nombre, que se espera que esté terminado en 2018. Con financiamiento del Banco Mundial Macri, lo visitó días atrás y aseguró su continuidad, ya que la infraestructura está por la mitad. Quien no tiene inconvenientes para tomar agua del Río Bermejo (que junto al Paraná son las fuentes de los acueductos), ya que este sufre pronunciadas bajantes, es el empresario Eduardo Eurnekian y su emprendimiento agrícola de grandes extensiones Estancia Don Panos. Posee un sistema desde un barco con bombas, para no perder toma por la bajante del río y consigue tener agua corriente para riego en igual proporción del caudal que SAMEEP potabiliza para Resistencia

En su balance de gestión Peppo afirmó que este año resguardó el empleo, pero según distintas fuentes y relevos de datos, podemos contrastar esa afirmación.

Según los registros del trámite que realiza el sector privado “formulario 931” de AFIP para la contratación de personal, en enero de 2016 en call centers había 5507 empleos registrados, pero en agosto disminuyeron un 10% los empleos registrado vía ese trámite. En servicios, a enero de este año se registraron 39597 empleos y en agosto solo 38015, es decir 1500 empleos menos. En la construcción según un cálculo que realizó la secretaría de desarrollo económico de Resistencia sobre el despacho de cemento, que de enero a julio de este año se contrajo en 36.300 toneladas, el impacto en el empleo formal de la construcción fue la pérdida de 7000 puestos.

Sobre la desocupación

Si se analiza el nivel de actividad en los últimos años -en 2009 la tasa de actividad era del 55,4% y en 2014 del 46%.- resulta que más de la mitad de las personas en edad de trabajar en la provincia están desempleados.

Según datos de la Encuesta Provincial de Hogares la población chaqueña que ni estudia ni trabaja es de 60 mil habitantes, donde las mujeres representan un 80%.

El gobernador tampoco tuvo en cuenta en su balance la caída en desgracias de algunas industrias provinciales como la textil y de la carne. TN & PLATEX en septiembre pasado cerró su planta y despidió a 170 personas. La ex Mides que el grupo Karagozian compró a precio de remate en los 90 no había sido modernizada y se seguían utilizando máquinas con más de veinte años de antigüedad.

La dirigencia sindical de la Asociación Obrera Textil sabía del cierre, que la patronal justificó por la apertura de las importaciones, la baja en las ventas del sector y el hundimiento del piso de la planta. Lo cierto es que según el grupo había hecho inversiones en tecnología gracias a un año, como 2015, de buenas ventas y  crecimiento en la producción de hilado para la venta al mercado interno y la exportación, que es a lo que se dedicaba la planta ubicada en Puerto Tirol.

Se cree que como consecuencia de dejar de recibir los Repro (programa de recuperación productiva), un subsidio que les entregaba el Ministerio de Trabajo de la Nación para pagar los sueldos, la empresa se quitó de encima la planta de Chaco y sus trabajadores.

Pero donde el gobierno provincial no actuó de reparto fue en el cierre definitivo del frigorífico Toba, donde perdieron su empleo 170 personas. El ejecutivo argumentó que “en 2012 Capitanich decidió que el Estado se haga cargo de los sueldos y los costos operativos, teniendo como intención en ese momento exportar, pero eso no ocurrió”.

El secretario general del sindicato de la carne Armando Rambado explicó que solo 40 de los 170 obreros lograron ser empleados en otros lugares, a su vez se adeuda el pago de dos meses y el aguinaldo.

Viviendas

El gobernador dijo que este año se entregaron entre 500 y 600 viviendas sociales, pero hay otras 6800 que se esperan los recursos nacionales para construirlas. En promedio desde 1983 hasta acá los gobiernos construyeron 4 mil viviendas por año, Peppo lejos está de llegar y solo en Resistencia existen 266 asentamientos en los que viven 18 mil familias. Entre finales de noviembre y principio de este mes, familias adjudicatarias de 200 viviendas del proyecto Caraguatá fueron reprimidos por la policía en dos oportunidades tras cortar la calle frente al instituto de la vivienda y el puente interprovincial. Adoptaron esas medidas luego de que las autoridades del instituto respondieran que ese proyecto “solo fue una promesa electoral, una expectativa creada”.

Durante este 2016 hubo episodios donde el gobierno justicialista de Peppo se manejó de la prudencia al conflicto y el ataque a la protesta, y fue justamente cuanto más sintió desafiado su poder por sectores combativos.

Quien mantiene vigente la expresión de unidad de organizaciones de ocupados y desocupados es la Multisectorial Contra el Ajuste.

La movilización de sindicatos de estatales y el movimiento de desocupados logró dar marcha atrás el proyecto de ley del ejecutivo provincial que introducía modificaciones en las atribuciones de la dirección provincial de trabajo, que consistían en establecer la ilegalidad de un paro, extensión del plazo de conciliación obligatoria y aplicación de multas, buscaban prohibir el derecho de huelga.

La misma unidad también enfrentó la posibilidad de que el gobierno transfiriera el sistema previsional INSSSEP a la órbita nacional como lo establece la ley ómnibus. La obra social presidida por el gobierno muestra una aparente crisis con un déficit de su caja y disminución de prestaciones.

Así las cosas, el balance de este año está muy lejos del aprobado para la gobernación de Peppo. Los trabajadores y los sectores populares más postergados, movilizados y en la calle, en defensa de sus justas demandas, son la única garantía para poner freno al ajuste.

Sergio Fontana