Ocupar calles y plazas contra el ajuste, la entrega y la represión

Martes, 15. Marzo 2016

El éxito inicial que pretendió anotarse el gobierno, con el levantamiento del cepo sin que se dispare el dólar más allá de los $ 13,5 establecido en diciembre, comenzó a diluirse rápidamente. Tampoco alcanzó con el discurso del presidente en la sesión inaugural del Congreso intentando deslindar responsabilidades entre la herencia recibida de Cristina y lo que son hoy resultados de la propia gestión. Los anuncios concretos que se esperaban para alivio de la angustia social y de la incertidumbre laboral no existieron, como no ser la ampliación de la asignación universal y el reintegro del IVA para jubilados con la mínima, sin especificar fecha o forma de instrumentación. Lo cierto es que transcurrida la primera mitad de marzo la combinación de precios descontrolados, pérdida de empleo, desesperación por obtener fondos, turbulencias del espionaje y su ligazón judicial, sumado al arte de la transa en que derivó el parlamento, van transformando expectativas en decepción y mucho antes de lo pensado crece la convicción de que los trabajadores y sectores medios son los que pagan el costo. Por lo tanto desplegar la lucha y confluir en la acción es el recurso histórico de los afectados para intentar frenar y derrotar dicha política.
Precios regulados por los monopolios

La escalada del dólar a $ 16 fue una advertencia para los mentores de la libre flotación del mercado, en consonancia con la aparición de diferencias en el equipo económico oficial. Los planteos fueron directamente sobre Sturzenegger del Banco Central, que debió autorizar la venta de U$S 500 millones de las reservas y proceder a elevar otra vez las tasas de interés para contenerlo. Pagando tasas de 38% para plazos en títulos a 35 días, aseguran fuertes ganancias a la banca mayorista que le presta al Central el mismo dinero de los plazos fijos de los ahorristas, a los que reconocen una tasas de 26 o 27% promedio. Con esa combinación claramente recesiva e intervencionista lograron retener transitoriamente la cotización. Es decir aquella devaluación inicial de 40% en diciembre que alteró todos los precios, se transformó en 63% a marzo y volvió a ser la excusa para nuevas remarcaciones, cuyos efectos luego nunca vuelven atrás. Los aumentos últimos en luz, alquileres, naftas, peajes, prepagas, estacionamiento, escolaridad, expensas y otros servicios, configuran a esta altura una proyección inflacionaria anualizada por encima de 40%. En una economía dependiente cuyos engranajes comerciales e industriales están concentrados en pocas manos son los monopolios quienes imponen los precios, de manera tal que, en el caso de los alimentos, son cinco las cadenas de supermercados que controlan el 70% y, en el resto de los otros artículos como limpieza, sanitarios, plásticos, utilerías y medicamentos son 28 las empresas que controlan el 80% del mercado.
Entonces es hipocresía pura hablar de precios que se “regulan por la libre competencia” cuando los actuales funcionarios piden equidad a las grandes empresas -de las que muchos de ellos vienen de ser CEOs o gerentes- sin intervenir ni sancionarlas.

Vivir de rodillas es el plan
La oposición acompaña

Los apremios del gobierno por cerrar definitivamente con los fondos buitres y profundizar el endeudamiento externo son la única carta. No hay plan B sin alterar el escenario o las condiciones de funcionamiento del actual régimen político. No es solo apuro del presidente: es una necesidad de la gran burguesía financiera agro-industrial, que se plantea encontrar en el mercado de capitales de Wall Street los elementos para recomponer el funcionamiento del capitalismo monopólico y sus tasas de ganancias frente a una previsible crisis social en que puede derivar la persistencia de los efectos inflacionarios. Dicha necesidad de pago a los buitres también abarca a la oposición. Está en la lógica del sistema y de sus fuerzas políticas dirimir electoralmente la administración del Estado en tanto y en cuanto no se alteren las condiciones de gobernabilidad ni se abran impugnaciones populares como la de 2001. Por eso el regateo con los gobernadores y la obtención de consenso con la mayoría de representantes del PJ para salir del default. Los propios asesores de Scioli, como Blejer o Marangoni, remarcaron sus coincidencias en el dictamen de comisión realizado en diputados. Al final de cuentas no es más que la culminación del proceso iniciado por Kicillof en 2014, donde luego de pagar a Repsol, al Ciadi y al Club de París, más la posterior convalidación de EEUU del fallo de Griesa, se cerró toda posibilidad de acuerdo y obligó a Cristina, en pleno año electoral, a ‘agitar’ con la consigna “patria o buitres”. Por lo tanto, la decisión de boicotear el quórum por parte del bloque kirchnerista responde más a una táctica tendiente a desgastar al macrismo y especular con las posibilidades de un retorno, antes que a una verdadera vocación antiimperialista.
El chantaje oficial de que sin acuerdo lo que viene es un ajuste mayor y en shock, está dirigido a amedrentar al pueblo y a quienes luchamos por la liberación y la construcción de una democracia popular. Justamen en el año del bicentenario de la declaración formal de la independencia nacional tras la revolución de 1810, el gobierno de Macri, acompañado por la gran mayoría de las fuerzas políticas domesticadas, corporiza el acto de mayor sometimiento al imperialismo de turno hipotecando el futuro de los trabajadores. En realidad, endeudamiento y ajuste son parte de la misma política. Obtener financiamiento externo para recomponer el control y funcionamiento del capital monopólico requerirá aún mayores esfuerzos y sacrificios del pueblo argentino.

Un camino sin salida

La política del endeudamiento eterno ante los centros financieros es un camino sin salida para las economías dependientes. Esa es la historia de los últimos 50 años del país, en cuyo tramo final la ex presidenta, luego de haberse reconocido como pagadora serial, tras cancelar casi U$S 200.000 millones, dejó un saldo de deuda cercano a los U$S 248.000 millones. Volver a endeudarse para pagar a los buitres, así como los U$S 12.000 millones que se gestionan, no sólo hipoteca el futuro sino que profundiza restricciones y carencias actuales, a la vez que incita a redoblar la lucha y, tal como hicieron aquellos patriotas en 1816, a rebelarse contra la explotación por la liberación definitiva del país.
La ‘legalidad’ imperialista requiere la eliminación de la ley cerrojo y la de pago soberano, junto con el compromiso de pago actual y la cancelación de los intereses usurarios acordados. Lo determinante no está en el mayor o menor descuento que se obtenga, sino en revertir la lógica derrotista instalada de que no hay otra salida junto con creer que pagar, aunque sea una extorsión, redundará en mayores beneficios para el pueblo.

Las condiciones de vida se agravan pero crece la lucha

Desde que asumió el nuevo gobierno las condiciones de vida de los trabajadores se agravaron enormemente. Con los sueldos viejos se enfrenta la escalada de precios nuevos; los despidos ya se ubican por encima de los 100.000 en los dos primeros meses del año; se profundiza la recesión para contener precios y achicar salarios de tal forma que el consumo minorista registró una baja de 4,5%. La expectativa electoral tiende a disiparse rápidamente. En vísperas de cumplir los primeros 100 días, la emisión monetaria sigue siendo la política más activa e inflacionaria, a la espera de que lleguen los préstamos de la banca internacional que pagarán deuda ‘vieja’ o irán a parar a la fuga de capitales.
A todo esto los efectos del paro y movilización del 24 de febrero convocado por ATE nacional confirmaron, por encima del reclamo de paritarias y contra los despidos, que para un amplio sector de trabajadores el tiempo de espera ya expiró. La efectividad de la medida, con más de 50.000 trabajadores en la Plaza de Mayo y otros tantos en el interior del país, constituyó un verdadero plebiscito de rechazo, a la vez que una advertencia a la burocracia sindical atornillada en las CGT por su inacción y complicidad. También los docentes arrancaron con paros en 10 provincias, algunas de las cuales aún se mantienen. En aquellos lugares que sí iniciaron las clases, como en Provincia de Buenos Aires, la propuesta inicial de 23% de la gobernación terminó cerrando por encima del 30%. La perforación del techo salarial sentó un precedente para que, aceleración de la inflación mediante, el grueso de paritarias aún pendientes la vara del reclamo no baje del 35%.
La conflictividad es amplia y despareja en todo el país frente a tantos recortes y despidos que se producen. La ausencia de un espacio unitario convocante es un límite importante para que los trabajadores desplieguen y ejerzan mayor protagonismo. Las fábricas, reparticiones, aulas y rutas son el escenario principal donde actúan y defienden sus intereses. Evidentemente el parlamento no lo es. Pesa negativamente la decisión que impidió se realice el Encuentro Nacional de Trabajadores este 5 de marzo (ver declaración en pág. 7). Estaba allí la oportunidad de aprobar un programa e intervenir para unir el combativismo, la izquierda y los que luchan junto al resto de los trabajadores, pero desde una identidad propia clasista e insurrecta que hoy les niegan los Moyano, los Caló o los Yaski.
El panorama hacia adelante viene cargado de conflictividad. No hay colchón distributivo para amortiguar; será la propia lucha de clases quien ponga los topes. Evidentemente hay una izquierda que elude la perspectiva de confrontación que plantea la política recesiva y de ajuste del macrismo pero, sobre todo, subestima la capacidad de lucha de nuestra clase obrera, contradiciendo su propia historia. Es una visión defensista, de acumulación reformista y extremadamente parlamentarista que no compartimos.

40 años y una visita que redobla la bronca

En este cuadro de situación, la movilización por los 40 años del golpe de estado de 1976 viene cargada de connotaciones extras. Muchos de los impulsores de aquella dictadura genocida, fundamentalmente en su expresión económica empresarial, se sienten identificados hoy y hasta mimetizados en los pliegues de la democracia detrás del gobierno actual. Por sus planteos económicos de libre mercado en un mundo donde la concentración económica de los grandes monopolios, fundamentalmente yanquis, establecen las reglas de juego. Por la obsecuencia en la política de endeudamiento y la permisividad ante el capital financiero cuyos condicionamientos conllevan destrucción de fuerzas productivas y profundización en el saqueo de los recursos naturales. Porque puesto ante similares condiciones históricas el mayor escollo para estabilizar el plan actual lo constituye la lucha de la clase obrera, el pueblo y la intelectualidad comprometida, y de ahí que todos los esfuerzos de ‘protocolizar’ o criminalizar y penar la protesta social se orientan contra ellos.
La visita del presidente Obama le suma un ingrediente de mayor compromiso para las fuerzas verdaderamente democráticas y populares. A despecho de una consideración benévola hacia el Partido Demócrata en relación a la conducta de los republicanos en el tema de los derechos humanos, Obama viene como representante del imperialismo para tratar de acoplar y subordinar al país a su estrategia para el ‘patio trasero’, con acuerdos económicos-militares como los de Libre Comercio del Pacífico (TTP) y también condicionar o limitar la intromisión de otras potencias extranjeras. Así como EEUU supo controlar y promocionar los golpes de estado para instalar dictaduras sangrientas en el período pasado, intenta hoy alinear a los gobiernos “democráticos” con mayor afinidad ideológica en el continente, frente a un mundo multipolar en crisis cargado de inestabilidad. Tampoco podemos olvidar la colaboración con Inglaterra en la guerra de Malvinas y la información de inteligencia aportada para que la flota pirata produjera el hundimiento del crucero General Belgrano.
La multiplicidad de luchas populares que se venían proyectando en el gobierno de Cristina Kirchner encontró nuevas razones para su encrespamiento y continuidad en las políticas ajustadoras del macrismo. La perspectiva en los reclamos actuales se nutre además de las reservas a desplegar en la defensa de las libertades democráticas, contra la impunidad y las leyes represivas, que seguramente expresarán miles de compañeros en calles y plazas del país, este 24 de Marzo a los 40 años de aquel golpe oligárquico-imperialista.

Andrés Zamponi

Publicado en: 
Martes, Marzo 15, 2016 - 16:15

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