Los que atentan contra el pueblo tienen que pagar

Con la actividad económica paralizada por la cuarentena obligatoria, Techint, el grupo empresarial más grande del país, acaba de anunciar que despedirá este lunes a 1450 empleados de sus obras de construcción.
Esto se da en el marco de una enorme caída del sector, con aproximadamente 47.000 puestos de trabajo perdidos desde diciembre pasado. Hay que destacar que el gobierno favoreció a estas empresas con la eximición de los aportes patronales como forma de incentivar la creación de empleo y de evitar despidos. Ahora, la cámara de la construcción reclama ser incluida en la línea de créditos especiales, con tasas promocionales, para el pago de salarios; que nada de esto afecte la calificación crediticia de la empresa; más planes de financiamiento, entre otros beneficios.
Por otro lado, una inspección de AFIP encontró hace unos días un depósito de la empresa Farmacity en Buenos Aires repleto de alcohol en gel, en momentos que escasea el producto en todo el país y lo que está disponible se vende a precios irracionales. Farmacity, empresa fundada por el alto funcionario macrista Mario Quintana, es una de las que más viene lucrando con el estado de emergencia vigente, y ahora le agrega el acaparamiento de productos de primera necesidad para especular con su precio de venta al público. “Vamos a ser implacables con quienes pongan precios abusivos o escondan mercadería”, había dicho la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. No hubo ni un acta de infracción.
Para estos casos es que debería estar actuando el gobierno con las fuerzas de seguridad, en lugar de andar verdugueando pibes en las villas. Paolo Rocca (Techint) y Alejandro Gorodisch (Farmacity) deberían rendir cuentas ante la justicia por atentar contra la población en pleno estado de emergencia, la mercadería debe ser decomisada y puesta a disposición de los barrios más humildes, y los puestos laborales asegurados por el Ministerio de Trabajo. Y, en la medida que se mantenga la cuarentena y las inmensas carencias de recursos por parte de las mayorías populares en Argentina, avanzar sobre el patrimonio de estos empresarios que, en el caso de Rocca, rondan los 4.000 millones de dólares.
En la medida en que la situación planteada por el coronavirus se extienda, más necesario se vuelve que el conjunto de los recursos que genera el país se vuelque hacia las necesidades populares. Intervención y nacionalización de las grandes empresas que especulen o que atentes contra los puestos de trabajo.

PRML 28/03/2020