Frente a los despidos, suspensiones y cierres - Vamos por el triunfo de los trabajadores

Hace casi exactamente un año atrás, Schmidt, uno de los triunviros de la CGT decía: “Cerramos las paritarias sin volcar la carretilla…”; aludía a la conclusión de acuerdos salariales a la baja sin grandes conflictos. Vale recordar que, con una inflación del orden del 41%, lo firmado arrojaba una pérdida aproximada del 5 al 12%, según los casos.

Ahora, nuevamente, con la mayoría de los acuerdos salariales ya cerrados, y si bien superaron en general la pauta inicial del Gobierno en torno a una inflación del 12 al 17% (según el Banco Central), salvo excepciones, en ningún caso recuperaron lo perdido en 2016 y ni siquiera alcanzan la inflación esperada para este año, con un piso del 25%, aunque los acuerdos contengan ‘cláusulas gatillo” de aplicación incierta. 

Cuando aún tienen pendiente su negociación algunos gremios importantes como los del  transporte (UTA y ferroviarios) y el SMATA, entre el 20% de Comercio y los 31,6% de la Federación de Aceiteros se encuentran los acuerdos pactados. A esto se suma que, por primera vez en más de diez años, al ministerio de Trabajo fijó arbitrariamente el salario mínimo, vital y móvil en $8.860, para alcanzar los $10.000 en… julio del 2018. 

Con una canasta básica familiar alrededor de los $15.000 de acuerdo al Indec, cerca de un año y medio de caída consecutiva del consumo, que a su vez  arrastra a la producción industrial, configura la base objetiva del agravamiento de las condiciones materiales de vida de la mayoría de los trabajadores y sectores populares. Como contrapartida, las escandalosas ganancias en la ‘bicicleta’ financiera que van a parar a la billetera de los grandes bancos y especuladores.

Despidos, cierres y ofensiva antilaboral

Como si el cierre de las paritarias obrara como señal de largada, el gobierno y las grandes patronales pusieron proa hacia la profundización del ajuste, contra las regulaciones del trabajo y la flexibilización laboral. 

No es una casualidad que, en un lapso breve, se sucedieran el cierre sorpresivo de PepsiCo, que involucra el despido de casi 700 trabajadores, al que se le sumaron los casi 1.000 despidos de la empresa Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), operadora de Atucha, a los que se agregan 400 obreros despedidos por las industrias químicas que recientemente cerraron en Zárate: Carboclor y Lanxess (ex Bayer). Por su parte Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint, anunció más de 300 despidos en su yacimiento El Tordillo, en Chubut. En lo que va de 2017, los despidos en la industria en general superan con creces los 15.000 trabajadores.

Junto al cierre y los despidos, desde las filas del gobierno nacional se lanzó una ofensiva en los discursos y en los hechos, tendiente a desprestigiar y desarmar la respuesta a las políticas ajustadoras por parte del combativismo sindical y no tanto.

El cierre de PepsiCo, como ayer ocurrió con AGR, conlleva el descabezamiento del cuerpo de delegados combativo. En el conflicto de los chóferes de Córdoba se castiga a los delegados que protagonizaron la lucha contra el acuerdo paritario, al punto de chantajearlos con su renuncia como condición para reincorporar a los despedidos (ver nota "Ajustadores y cómplices al desnudo" - pág.8). 

Por otro lado, el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma enfrentó un avance intervencionista promovido por la patronal de los Blaquier y consentido por el gobierno macrista y el gobernador Morales, que pretendía impedir sus elecciones.

Tampoco faltaron los discursos de Macri contra el fuero laboral y los abogados laboralistas acusándolos por lo que cínicamente llamó la “mafia laboral” o antes la “industria del juicio”, desconociendo que si hay juicios es porque hay violaciones patronales a las leyes y a las condiciones laborales.

Si hay un eje que unifica a las grandes patronales empresarias con el gobierno nacional es lo que definen como ‘altos costos laborales’ de la economía argentina; en realidad se refieren a los obstáculos que impiden una explotación mayor de la mano de obra asalariada. Por eso, incluso sin esperar a las elecciones, el gobierno de Cambiemos siembra el escenario para avanzar con la flexibilización y precarización laborales, como ya hizo con el régimen de ART para abaratarlo a costa del aumento de la inseguridad del trabajo y los accidentes, además de continuar el desguace del fuero laboral. Esto requerirá tanto de medidas legislativas como políticas y, por supuesto, el encorsetamiento y criminalización de la protesta.

Mientras, la CGT navega entre la complicidad y la parálisis. Recortada en su influencia como quedó reflejado en la participación irrelevante en el armado de las listas electorales, parece destinada sólo a cumplir su papel de contención de las demandas de los trabajadores. Por su lado, las CTAs marchan a levantar su convocatoria del 7 de agosto en San Cayetano, a pedido de Cristina Kirchner, para centrar el eje en las elecciones. Votar sí, movilizar no.

La lucha por quebrar el ajuste en marcha, en definitiva, es responsabilidad principal del combativismo sindical y del conjunto de los trabajadores que, por el camino del paro y la movilización, la ocupación y los bloqueos fabriles y de calles, abran paso a una salida obrera, popular y rebelde. 

Ricardo Jufré