Frente a la estafa y la usura Deuda externa: vamos con la Autoconvocatoria

La deuda externa tiene una historia propia. Su evolución es similar en toda América Latina y nuestro país es una fracción de un gran mecanismo de usura montado por el capital financiero (bancos, fondos), gobiernos imperialistas (EEUU) y organismos de crédito (FMI, BM), a costa del hambre y el sufrimiento de los pueblos.

El origen

Impulsada por las necesidades del capital financiero internacional y el oportunismo de la gran burguesía local, la deuda nació durante el gobierno de Isabel Perón en los ´70, fue alimentada por los militares en la dictadura, reconocida por la democracia alfonsinista en los ´80 y agigantada por el menemismo de los ´90. Conoció algunos períodos de relativa estabilidad en el menemismo (1991-94) y el kirchnerismo (2005-2008 y 2010-2011), pero nunca dejó de condicionar el rumbo económico del país, llegando a ser determinante en dos grandes crisis (1989 y 2001), con graves consecuencias políticas y sociales. 

En los últimos años, la experiencia macrista facilitó la bicicleta financiera, levantó los controles existentes, reconoció la estafa de los fondos buitre y tomó créditos hasta límites históricos (U$S 311 MM) con auxilio del FMI, terminando su mandato en virtual cesación de pagos (default), con el ratio de Deuda / PBI cercano al 100% y los vencimientos concentrados en pocos años (2020-2024). Una auténtica espada de Damocles pendiendo sobre las condiciones de vida de los sectores populares. 

El 2020 presenta una situación económica y social muy frágil, agudizada por la pandemia y sus efectos: es urgente afrontar el desafío de frenar el saqueo, la usura y la especulación del endeudamiento. 

Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández decidió reconocer el conjunto de la deuda, pagar los vencimientos y “negociar” una reestructuración con los acreedores (fondos de inversión y FMI). “Negociar” entre comillas, porque negociar realmente sería suspender los pagos e investigar el origen de la deuda, auditar todos sus movimientos, identificar su legitimidad / legalidad y, en función de ello, determinar qué parte realmente debe pagarse y cuál es simplemente una estafa al pueblo -y quienes son los responsables.

Iniciativa unitaria

En ese camino y con tal objetivo se constituyó en febrero la Autoconvocatoria por la suspensión e investigación de la deuda, un espacio abierto a la participación e integrado por organizaciones y personalidades comprometidas en la lucha por el bienestar popular y la soberanía económica.

Superando los obstáculos del aislamiento obligatorio, la Autoconvocatoria viene realizando actividades y emitiendo pronunciamientos para concientizar acerca del efecto de la deuda externa sobre las condiciones de vida del pueblo trabajador: decenas de mesas de agitación y volanteadas en diversas ciudades, pedidos de audiencia en el BCRA, Presidencia y Ministerio de Economía, interpelaciones al Congreso de la Nación y un homenaje virtual al investigador Alejandro Olmos -al cumplirse 20 años del histórico “Fallo Olmos”-, quien durante 18 años investigó y reveló las múltiples estafas e irregularidades en el proceso de endeudamiento en 1976-1983.

Juicio popular

Asimismo, la Autoconvocatoria anunció recientemente la realización de un Juicio popular a la deuda y el FMI, inspirado en antecedentes que juzgaron crímenes de guerra y contra los derechos humanos, como el Tribunal Russell (1966) y el Tribunal Permanente de los Pueblos (1979), así como en iniciativas contra las deudas externas como el Tribunal internacional de los Pueblos sobre la Deuda (2002) y otra decena más. 

A realizarse en agosto y septiembre, la iniciativa del Juicio popular consiste en una serie de Foros de Denuncia transmitidos por redes sociales: audiencias con especialistas y referentes que buscarán poner de manifiesto las consecuencias y perjuicios del endeudamiento en todos los aspectos de la vida -salud, educación, alimentación, medio ambiente, territorio, mujeres y géneros, desarrollo económico, derechos humanos y más. 

El juicio transcurrirá bajo la supervisión de un tribunal integrado por personalidades como Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo), Alejandro Bercovich (periodista y economista), Nina Brugo (abogada, Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito), Miguel Rodríguez Villafañe (abogado, periodista y ex juez federal) y Adolfo Pérez Esquivel (Nobel de la Paz, SERPAJ). Además, contará con una secretaría y fiscales para formular la acusación, los correspondientes defensores de los acusados y un jurado encargado de dictar el veredicto a mediados de octubre.

Una salida

La conformación de la Autoconvocatoria, la organización del Juicio popular y la denuncia sobre la deuda son un importante paso en el cuestionamiento del conjunto del modelo económico, un capitalismo dependiente basado en la exportación de commodities que mantiene de fiesta a unos pocos grandes capitales y sume a la mitad de la población bajo la pobreza y la carestía de vida. No se trata solamente de una medida económica, sino un desafío político, pues declarar el no pago de la deuda implica enfrentar al capital financiero internacional, a la gran burguesía local y a los gobiernos que defienden esos intereses.

Más allá de los matices que puedan existir entre quienes integramos la Autoconvocatoria, la experiencia tiene el valor de ir dándole forma a la fuerza social que sea capaz de plantear una impugnación de la deuda externa y materializar la lucha por el no pago. Lo cual comienza por el acuerdo de expresiones políticas y personalidades, debiendo buscar hacerse fuerte en las fuerzas vivas del movimiento popular, en las organizaciones de masas, sindicatos, asambleas territoriales, centros de estudiantes, etc; para que los trabajadores y el pueblo sean los protagonistas de esta pelea.

Como señalamos en no transar 149, “se necesita un plan integral que comience por expropiar los principales resortes de la economía local bajo propiedad del Estado y control de los trabajadores: nacionalizar los recursos energéticos, los bancos y el comercio exterior, los grandes campos, puertos e industrias. Vista la entrega y el saqueo organizados bajo la democracia de los monopolios, se trata de un plan que solamente los trabajadores y sectores populares están en condiciones de debatir, organizar y llevar adelante. El futuro del país depende de un cambio en el régimen político”.

David Paz