El fantasma del “que se vayan todos” recorre México.

El fantasma del “que se vayan todos” recorre México.
Un tarifazo sobre el precio de los combustibles, que se ha popularizado como Gasolinazo, entró en vigencia en todo el territorio mexicano el 1 de enero de 2017. Los aumentos llegan hasta el 24%, detonando un efecto multiplicador sobre los precios de la electricidad y gas domiciliarios, y el conjunto de servicios y productos de consumo masivo. Esto saqueo a los bolsillos populares es el efecto lógico de la desregulación del mercado de combustibles y la cartelización de los precios, habilitados por la privatización de Pemex (petrolera estatal), como parte crucial de la reforma energética acordada en el “Pacto por México”. Con este nombre se conoce al paquete de reformas estructurales consensuado en 2013 por los principales partidos políticos de México y que, desde entonces, oficia del hoja de ruta para el gobierno nacional de Enrique Peña Nieto (PRI), y las gobernaciones a cargo de los firmantes del pacto (PRI, PAN, PRD).
Desde el mismo día de entrada en vigencia del gasolinazo, se han multiplicado las protestas en todo el territorio nacional, con expresiones puntuales de auténtica rebelión popular. Piquetes en las principales rutas, liberación de peajes, tomas de estaciones de servicios y recuperación de camiones cargados con combustible para distribuirlo entre los pobladores, son los métodos de lucha que más se repiten en los distintos estados donde la población se ha rebelado contra estas medidas. Como era esperable, la represión policial no demoró, y produjo hasta el momento al menos dos muertos, cientos de heridos y cerca de 2000 detenidos. Conjuntamente, y sobre todo en donde las fuerzas represivas encontraron una fuerte resistencia popular, se empezó a sentir el desabastecimiento, no sólo de combustible sino de todos los productos de primera necesidad. En este marco, se contabilizan alrededor de 800 comercios saqueados en varios estados del país. Esto, como suele suceder en estos casos, resulta de la combinación de una legítima recuperación de alimentos y bienes almacenados en los supermercados, con operaciones propias del gobierno que está echando mano a cualquier recurso para dividir a la población y deslegitimar las protestas. Una rápida recorrida por los principales datos socioeconómicos de México, da cuenta de que, más allá de cualquier intervención del gobierno en estos hechos, la miseria en que se encuentran las masas populares son un justificativo más que suficiente para entender el accionar de un pueblo sublevado que, mientras desarrolla la lucha, toma de las góndolas lo que sus sueldos le impiden comprar.
Al mismo tiempo, el hartazgo hacia la élite gobernante levanta temperatura y comienza a cuestionar en los hechos la legitimidad de sus gobernantes. El grito unánime de “Fuera Peña” le pone sonido a todas las movilizaciones que recorren el país, y se multiplican los casos de escraches espontáneos cada vez que un legislador o cualquier funcionario público es sorprendido en la vía pública. En momentos así, la calle no es para cualquiera. Pero en algunos lugares puntuales se ha llegado aún más lejos. En los estados donde la lucha callejera hizo replegar momentáneamente a la represión policial, sectores importantes de la población movilizada intentaron tomar los palacios de gobierno, como en Nuevo León y Aguascalientes.
El repudio generalizado a la primera plana del régimen político mexicano se alimenta de gestos que parecen hechos para incendiar la pradera. El caso de Luis Videgaray, uno de los mentores del Pacto por México del que este gasolinazo es una de sus peores consecuencias, fue Ministro de Hacienda hasta septiembre del año pasado. Su último acto en el gobierno fue invitar, conjuntamente con el presidente Peña Nieto, al entonces candidato republicano Donald Trump a visitar México, mientras éste hacía campaña en su país acusando a los mexicanos de ser narcos, violadores, ilegales y de robarle el trabajo a los estadounidenses. Luego de la ola de críticas que esta visita generó, el ministro presentó su renuncia. Sin embargo, mientras el país empezaba a sublevarse contra el gasolinazo, el presidente vuelve a convocar a Videgaray para hacerse cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el discurso de asunción admitió que no tenía experiencia en el área, pero que “venía a aprender”.
México lleva 23 años integrando el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) junto a EEUU y Canadá. Al cabo de este tiempo acumula un 20% de pobreza extrema y más del 50 % de su población por debajo de la línea de pobreza, con salarios que, en dólares, son entre 10 y 14 veces más bajos que los que se pagan en EEUU. La mayor fuente de ingresos históricamente fue el petróleo, cuya empresa estatal (PEMEX) ha sido privatizada y abierta al negocio de las multinacionales, bajo el discurso de la necesidad de inversiones y competitividad. Junto con esto, la reforma energética implica un aumento en la edad jubilatoria para los trabajadores del sector y la privatización del sistema jubilatorio. Actualmente, con la privatización de Pemex y la caída del precio internacional del crudo, la principal fuente de divisas ha pasado a ser las remesas de los mexicanos residentes en EEUU. En un país donde más del 80% de las exportaciones van al vecino del norte, y de allí llegan casi el 80% de las importaciones, la dependencia estructural del capitalismo mexicano resulta desesperante.
Si a este marco se le agrega la perspectiva de caída o renegociación del TLCAN por parte de la administración Trump, la creación de un arancel para las importaciones de hasta un 35%, y la amenaza del próximo presidente estadounidense de confiscar la remesas mexicanas como garantía de financiamiento del muro que construiría para separarse de los vecinos del sur, los pronósticos para México bajo un régimen político que existe para someter a su pueblo a las penurias del capitalismo dependiente de las necesidades norteamericanas, son extremadamente sombríos.
“La mayoría de las protestas han sido pacíficas, pero pueden volverse violentas si la frustración con las élites políticas y económicas crece, o si los gobiernos utilizan la mano dura”. Esto no lo dice una organización revolucionaria mexicana, sino el último informe de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos. La reciente lucha de los docentes contra el paquete de reformas estructurales para la educación, junto con el actual estado de rebelión contra las reformas energéticas, dan cuenta de las potencialidades del pueblo mexicano, en la medida que recupere las mejores experiencias de lucha y organización que ha ido hilvanando en los últimos años. En tanto y en cuanto la lucha en las calles prevalezca sobre cualquier especulación electoral, y el “Fuera Peña y todo el gobierno” siga unificando, orientando y ampliando la movilización popular, con la proliferación de asambleas y diversas formas de democracia popular, es posible pensar en un México insurrecto que haga temblar hasta caer las estructuras de un régimen político podrido, incapaz de contener en su seno ninguna alternativa favorable a los intereses de las mayorías explotadas y oprimidas. De más está decir que esto tendría el efecto de un terremoto para todos los regímenes afines de la región y sería un enorme impulso para las luchas populares en curso. Tanto en México como en Argentina, las fuerzas democráticas, antimperialistas y revolucionarias tenemos la tarea de alimentar esta poderosa tendencia a la rebelión de los de abajo que hoy se expresa, con matices, en todo el continente.
PRML, 17 de enero de 2017