Editorial - Vicentin, una historia de acumulación fraudulenta

Apremiado por la crisis y, cuando escalan los efectos de la pandemia, el gobierno decretó la intervención del grupo Vicentin S.A. y anunció el envío de un proyecto de ley para su expropiación. Los apuros, más allá del “stress financiero” anunciado por el grupo para justificar la cesación de pago en diciembre 2019, se enmarcan también en el improvisado rumbo del plan económico post-pandemia. Por otro lado, un componente central en dicho plan refiere también al acuerdo, cada vez más indulgente con los bonistas, para cerrar el pago de la deuda externa sin caer en default.

Lo cierto es que el aparente apuro en la decisión tomada contrasta con las negociaciones abiertas desde inicios de año. También con las advertencias y presentaciones realizadas por Claudio Lozano como directivo del Banco Nación, en relación a los pasivos y enjuagues aún después de la convocatoria de acreedores, realizados por la empresa. El asombro planteado por algunos medios tiene más que ver con el aparente antagonismo de la medida al “statu quo” existente en los círculos del empresariado local, acostumbrado a que el estado se haga cargo de los retazos de las empresas quebradas, pero no de aquellas que gozan de salud y de última, son apetecidas, como en este caso, por otras multinacionales u operadores de fondos de inversión. Un “ataque a la propiedad privada” como denunció el Pro, no hubiera entrado en cuestión, siempre que la titularidad del grupo lo asumieran otros interesados como Dreyfus o Cargill. No está definido aún en el ámbito oficial cuál será el alcance -si se concreta- de la expropiación, aunque sí está claro que la oportunidad fue considerada exhaustivamente, y que por otro lado no desencaja con medidas similares visto la crisis en el capitalismo occidental como también los efectos más gravosos introducidos por la pandemia. Ni las presiones del imperialismo fueron tantas ni el rechazo de los grupos locales muy profundos. Tal es el caso de la tibia declaración efectuada por la UIA. Por otro lado desde el gobierno, por si no quedaba claro, lo plantearon como una excepción y se encargaron muchas veces de ratificar su pertenencia, curados en salud, al mundo de un capitalismo pretendidamente menos hereje.

Vicentín S.A. es un grupo agroindustrial local radicado al norte de la provincia de Santa Fe. Con un crecimiento acelerado y diversificado en los últimos 20 años, controla 17 empresas, entre frigorífico, algodonera, aceitera, vitivinícola, envase, etc. En 2013 inauguró la planta de biocombustible y derivados de soja más grande del mundo, en sociedad con la multinacional Glencore. Cubre el 10% en el mercado de exportación de granos y su nivel de facturación alcanza los U$S 4.000 millones. Su capacidad financiera tocó fondo en 2019, con una deuda contable de U$S 1.350. Entre sus acreedores, la banca local suma el 22%, dentro de lo cual el Banco Nación figura con U$S 350 millones, y la banca internacional suma el 30% siendo la CFI del Banco Mundial la principal acreedora. Por otro lado, en la deuda comercial, son más de 2500 los productores de la zona afectados por sus cosechas impagas. El argumento esgrimido por el CEO Nardelli sobre los perjuicios de las devaluaciones en 2018/19 es insostenible desde el momento que por su actividad exportadora el 85% lo cobran en dólares. La displicencia para renovar u otorgar los créditos por parte de González Fraga como presidente del Banco Nación en el gobierno anterior, y por fuera de lo estatutario, tiene más que ver con negociados en beneficio mutuo que con la insolvencia declarada. Vicentin tiene empresas en Paraguay, Uruguay, Panamá y en Europa. La triangulación, subfacturación y lavado han sido una práctica constante, y común también por parte de las otras cerealeras que manejan el comercio exterior y tienen sus casas matrices en el extranjero. En este caso gran parte de las divisas quedan afuera; declaradas o no, forman parte en la constitución de activos en el exterior. Por lo cual todos sus accionistas, más allá del destino del grupo en el orden local, nunca dejarán de ser millonarios. La firma Renova, radicada en Timbués (San Lorenzo), es la empresa compartida con la suiza Glencore y figura como empresa extranjera desde la conformación de Vicentin Paraguay S. A. Con la venta de una parte de las acciones en 2019 (Vicentín se quedó con el 27%) aún se desconoce su aplicación, puesto que nunca cancelaron deuda con el Nación.

Existen sobradas razones para que sea considerada de utilidad pública, más aun cuando están en juego los puestos de 7.000 trabajadores, a los que se agregan las acreencias impagas de cientos de productores y de cooperativas de la zona.

De qué soberanía alimentaria hablan

De allí al intento de justificar la intervención para garantizar la “soberanía alimentaria” como dice el gobierno, hay un largo trecho. Por elevada que sea la producción de alimentos, no habrá soberanía alguna si a la vez el 50% de la población es pobre y está muy lejos de acceder a una canasta completa tasada hoy en $ 65.000. Por otro lado, hablar de soberanía remite a quien tiene el poder, visto que han pasado muchos gobiernos, y sin embargo el país no garantiza soberanía sobre sus recursos económicos, financieros, energéticos y marítimos, ni la justicia social, ni la jurídica, por mayor cantidad de votos que logre sumar.

Tampoco es serio el argumento de “empresa testigo”, en un rubro que por cierto controlan los pool de siembra asociados a las cerealeras y monopolios de insumos, máquinas y derivados. Por lo cual, si se concreta la expropiación, el estado solo representaría menos del 10% en el comercio de granos. En un comparativo con el rol de YPF en el rubro hidrocarburífero, en cuya composición accionaria con mayoría del estado, también integran bonistas como Blackrock, las condiciones siempre las terminan imponiendo las petroleras. Tan es así, que los precios del combustible local nunca bajaron cuando internacionalmente el barril del crudo llegó a cotizar a valor negativo o cero. Tanto la “empresa testigo” como la “soberanía alimentaria” son medidas parciales camufladas bajo un falso estatismo, cuando aún está pendiente quién se hará cargo del pasivo que arrastra la empresa como de los puestos de trabajo en juego. También se desconoce si la expropiación abarcará a todas las empresas del grupo, incluida la porción societaria dentro de Renova, dirigida por Glencore.

En un gobierno que se pretende iría a fondo con medidas que signifiquen cambios estructurales, tal como reclaman algunos integrantes del Frente de Todos, correspondería avanzar en la estatización de todo el comercio exterior como también disponer, a partir de la banca oficial, del control, orientación y nacionalización de los depósitos y acreencias bancarias. En el caso puntual de Vicentin, hay suficientes elementos para disponer la confiscación del grupo sin pago indemnizatorio alguno. Pero las disparidades dentro del oficialismo, que pretende montar una gesta pero se enreda permanentemente sobre la profundidad de la medida, no son tales al momento de cerrar acuerdos para el pago de la deuda externa en condiciones cada vez más favorables a la propuesta de los bonistas. Ambas cosas, la posible expropiación como el pago de la deuda, son parte de la misma política. No solo por las divisas que genera la facturación del grupo que hacen tanta falta, también por el bono de compensación atado a la exportación, con lo cual el ministro Guzmán pretende endulzar a los usureros.

Los trabajadores presentes, los jerarcas ausentes

La prórroga de la cuarentena en función de amortiguar víctimas y contagios del Covid-19, no logra disimular que la preocupación central para gran parte del país radica hoy en la precariedad de vida, la desocupación y la pobreza. La repuesta a la emergencia alimentaria y ocupacional es tardía e insuficiente en todos los planos. En abril se perdieron 91.000 puestos del trabajo registrado, y en su proyección anual no bajan de 600.000. A la de por sí dura situación social se agrega el deterioro salarial, nuevos despidos y suspensiones, costo de vida, déficit habitacional, niñez abandonada, y otras tantas realidades como femicidios, violaciones, discriminación y represión a los jóvenes principalmente.

En esa perspectiva, el anuncio efectuado oportunamente sobre un plan de obras públicas para reocupar 750.000 puestos laborales en todo el país aún no empezó y tampoco resulta suficiente frente a tantas necesidades. Los trabajadores de la salud, a la vanguardia de la lucha contra el virus, no son atendidos en en sus reclamos laborales y salariales. El 10% han sido contagiados y en muchos casos seguidos de muerte. Por eso se movilizan en distintas provincias y hospitales, de la misma forma que en Córdoba otros sectores públicos afectados por recortes, y otros tantos por despidos en el Conurbano.

La conducta de la CGT atada en el acuerdo con la UIA y el gobierno, de por sí ya es repudiable. Pero asombra mucho más la ausencia y el boicot de las direcciones de las CTA y otros gremios estatales, cuya pérdida de iniciativas solo se explica en la obsecuencia ante un gobierno, distinto al macrismo por supuesto, pero que tampoco expresa los intereses o programa de los trabajadores, ni respeta los niveles salariales, ni las paritarias, ni genera trabajo genuino, ni combate al monopolio. De la misma forma el espacio de las organizaciones sociales apodadas Cayetanos, cuya gran parte de la dirigencia se han mimetizado como nuevos funcionarios en los ministerios. En la otra dirección están las distintas expresiones del piqueterismo combativo, que tomando los recaudos sanitarios del caso, confluyen en el reclamo y la militancia concreta para paliar el hambre de tantos compañeros.

No se trata de ser impacientes ante un gobierno que recién comienza ni ser indiferentes ante el azote de la pandemia. Pero hay una historia conocida, también un camino para obtener los recursos y cumplir con las prioridades del pueblo y de la nación. Eso es justamente lo que no aparece en estos largos meses, con un gobierno pendiente de lograr acuerdos con los bonistas y el FMI, como de plantear la intervención a una cerealera por única vez, en lugar de estatizar todo el comercio exterior. La resignación a vivir en la pobreza y a su vez organizarla para contenerla, va contra la propia historia de la clase trabajadora. Es una política de conciliación condenada a la derrota, más aún si se pone paños fríos a la movilización de masas y se reemplaza la acción de calles por la disputa institucional.

Andrés Zamponi