Editorial - Un acuerdo muerto antes de nacer

Martes, 15. Marzo 2022
Editorial - Un acuerdo muerto antes de nacer

No es la primera vez que el Congreso, definido como caja de resonancia de la democracia donde los representantes del pueblo toman decisiones, se transforma en el verdadero obstáculo para cumplir con las aspiraciones populares. Allí  mueren las buenas intenciones de una democracia que ha hecho del rosqueo su razón de ser, en lugar de enaltecer la función para lo cual son elegidos. Responsables sus componentes, por acción u omisión, de la degradación actual, la entrega de nuestras riquezas, la inequidad social y los inmensos niveles de pobreza que se prolongan desde hace décadas. Allí se consumó el desguace del Estado en favor de las multinacionales y a mano alzada de muchos de los presentes, en los 90, durante el menemismo. Allí murió el fallo del juez Ballestero elevado en el 2000 para que se establezcan las penalidades políticas, probatorio del carácter fraudulento e ilegítimo de la deuda externa generada por la dictadura conjuntamente con el traslado a cargo del Estado, de la deuda privada correspondiente a empresarios del llamado “círculo rojo”.

Y allí, otra vez un acuerdo de verdadera claudicación ante el FMI. Resuena la obsecuencia de la oligarquía en 1873 cuando, por boca del presidente Avellaneda, juramentó honrar la deuda con la banca inglesa así sea “con el sudor, sangre y lágrimas del pueblo argentino”. La historia se vuelve a repetir, solo que en este caso vino de la mano del peronismo. En lugar de suspender los pagos, investigar la deuda y destinar todos los recursos al desarrollo independiente cumpliendo con la deuda interna, han optado por la sumisión amparados en “evitar la catástrofe”, “salir del abismo” o “votar con la nariz apretada”, dando por cerrado todo libreto de soberanía con justicia social que alguna vez impregnaron sus principios. Un peronismo totalmente menemizado y aggiornado al capitalismo de las multinacionales, con el acento puesto más en los votos que en la movilización del pueblo trabajador. De allí su impotencia ante el poder real como si los grandes hechos históricos de un pueblo en rebeldía (17 octubre, Cordobazo o Diciembre 2001) no hubieran abierto un camino distinto en el cual confiar para romper cadenas o introducir cambios reales. Sin ironías, los autores del préstamo-estafa en 2018 otorgaron la mayoría necesaria que los eximiría de toda responsabilidad en el delito cometido. Con 202 votos positivos (FdT y JxC) los diputados legitimaron la estafa, lo cual implica también avanzar en el plan de ajuste monitoreado por el capital financiero. Las querellas penales sobre Macri y sus funcionarios iniciadas anteriormente por Alberto Fernández y otra por el procurador Zannini, son un consuelo sin destino dirigido a la tropa propia, quedarán inmersas en la telaraña de Comodoro Py viciadas por el acuerdo aprobado. No es un problema legal sino político. Si hasta la fecha el gobierno de Fernández y Cristina no se atrevió a meter en prisión a ninguno de ellos, pese a las evidencias en la fuga de divisas, menos sustento tendrán ahora. El punto al que se llegó no se resolverá en 2023 ni en los marcos de una democracia pusilánime y servil como esta.

Si en algo se beneficia el espacio electoral de la derecha ortodoxa es justamente en la genuflexión del peronismo, sin programa para romper con la dependencia y reducidos al debate entre políticas reguladoras o de libre mercado. No necesitan apelar a golpes de estado, por ahora basta con ganar elecciones favorecidos por el posibilismo ideológico en que ha derivado la dirección del movimiento justicialista. Las políticas desmovilizadoras junto al fracaso de gestión han corroído notablemente la credibilidad en el Frente de Todos, con mayor razón a partir del pacto con el Fondo del cual no se saldrá mansamente.

El voto en contra de la corriente encabezada por Máximo Kirchner, sin poner en riesgo la decisión mayoritaria pre-acordada, marcó diferencias pero no los exime de responsabilidades ni antes ni después. En todo caso deberán salir del mutismo defensivo, generar otra alternativa y/o marcar un rumbo distinto en el programa de recuperación de soberanía y en la condena al ajuste en marcha. Poco se puede esperar de quienes comparten la misma mesa aunque se coma en platos distintos. Mucho tiempo por delante y poca gesta para demostrar tomados de las manos de Kicillof, De Pedro, Espinoza, Moyano, Yasky o de una CGT advenida en empresaria más que sindical. Al presidente y a Sergio Massa les resultó más fácil negociar con la oposición que con el propio kirchnerismo, con lo cual la perspectiva más allá de tal actitud ensombrece el futuro de la coalición oficialista. Sostienen que no hay margen político para rupturas, pero las tendencias definidas están atadas con alambre. Tan solo la polarización con el macrismo y el oportunismo los alienta en su afán de no perder al progresismo. Consumada la felonía, la gravedad de la crisis lejos de contemporizar incorpora las presiones de un ajuste mayor en busca de los excedentes requeridos por el Fondo. Son las políticas detalladas por el ministro Guzmán que no fueron sometidas a votación pero que se aplican a rajatabla desde 2021 principalmente.   

Una plaza colmada en el repudio

El hecho distintivo fue la movilización en todo el país, fundamentalmente frente al Congreso, protagonizada por la izquierda, movimientos independientes, de derechos humanos, jóvenes y patriotas en general, cuyo rechazo fue reprimido con gases y balas de goma. Cuestión común en gobiernos que frente al reclamo directo del pueblo optan por reprimir en lugar de disuadir, tal como sucedió en diciembre de 2017 con el gobierno de Cambiemos. El préstamo se tomó para que bonistas y grandes capitales fuguen las divisas. Figuran en la lista del Banco Central pero con la aprobación del  acuerdo se pretende que lo paguen obreros y el pueblo en general. El sentimiento antiimperialista se extiende más allá del protagonismo directo en las calles o del contraste con la conducta trapera e inmoral de los levantamanos en el recinto. Abarca incluso a quienes en las sesgadas encuestas se justificaban con evitar el default de cualquier forma. Vale recordar que después de 2001 pasaron tres años en default y aún sin programa alternativo, el país continuó. Luego se abrió una relativa recuperación sobre la que operó Néstor Kirchner.  

Después del pacto se profundiza la crisis

Lograda la rendición, nada altera en lo inmediato como no ser el agravamiento de la crisis con las exigencias planteadas. En su parte más sensible los precios, no solo carne, verduras, aceite, sino también pan, fideos y arroz, todos productos propios de la mesa de los argentinos, soportan una escalada sin freno. Los aumentos del trigo a nivel internacional agravan las condiciones. Los molineros acotados por la situación reclaman, y se movilizan los panaderos contra los aumentos en la bolsa de harina. El secretario Feletti dispuso crear un fideicomiso buscando desacoplar el precio internacional del local, con 800 mil toneladas de trigo, o en su defecto cerrar la exportación.  

El índice inflacionario cerraría febrero con el 4% y se proyecta marzo por encima del mismo. Alinear las políticas macroeconómicas en correspondencia al acuerdo firmado implica entre otras: la desaparición del déficit afectando el gasto social principalmente pero no los intereses usurarios de la banca, liberar tarifas con aumentos promedios del 38% en los servicios públicos (pretendidamente para reducir subsidios a las energéticas), reducir la impresión de billetes asestando nuevos achaques a las cajas previsionales, elevar la edad jubilatoria con probables intenciones de reducir regímenes especiales de los trabajadores o cajas provinciales, revalúo inmobiliario para mayor recaudación, etc. Un rosario de medidas muchas de las cuales se aplicaban pero que a partir del pacto quedarían institucionalizadas en busca del diferencial que garantice el pago eterno. Atentan en la recuperación de reservas comprometidas, también en las tarifas, las nuevas erogaciones a partir del aumento de petróleo y gas producto de la guerra ruso-ucrania y del embargo establecido. En el mejor de los casos serán USD 4.000 millones más para no quedar desabastecidos en temporada invernal.

Nada cambió en relación a las nulas perspectivas de un mejor vivir con trabajo genuino como parte de la recuperación soberana de las riquezas en manos del pueblo. Las presiones impulsadas por el capital financiero y los grandes grupos, complacientes todos con la rendición, tienen más que ver con sus propios intereses que con la inexistente posibilidad que se abre al país de aquí en adelante. 

La movilización popular como alternativa

Los obreros y estatales que no han dejado de movilizarse por salario y mejores condiciones laborales, incluidos aquellos sectores atados al oficialismo CGT-CTA-Cayetanos y a la conducta vergonzante de muchos de sus dirigentes, deberán acentuar sus reclamos frente al 40% que se pretende en las paritarias cuando el índice de inflación proyectado por el propio Banco Central no baja del 55% al cierre del año. De tal forma se agranda la brecha entre el salario real y el poder adquisitivo por sexto año consecutivo sin que por otro lado se hayan incrementado el trabajo genuino ni achicado la precarización y el trabajo en negro. Millones de desocupados, changarines y monotributistas a la deriva, en donde la composición mayoritaria de jóvenes alimenta una rebeldía creciente ante el incierto futuro que acecha. Los compromisos de inversión giran alrededor de la megaminería, litio y energía, contempladas en el mejor de los casos a partir del último semestre de 2023, incluidos los acuerdos devenidos con los chinos. Por lo cual no habrá empleos genuinos sustanciales como para dejar de estigmatizar a los desocupados y/o programas sociales.  

El gobierno convocó al Consejo de Salario Mínimo para el 16/03. Sobre la base de $33.000 a febrero definirían para todo el año 40% más. Con lo cual se podría llegar a $45.000 en diciembre. Con el mismo criterio y aplicado sobre la canasta básica valuada en $ 80.000 a febrero, la línea de pobreza se ubicaría en los $112.000 a diciembre 2022. Miserables aumentos que en lugar de reducir, acentúan la pérdida de valor en los salarios. Durante el macrismo se perdió el 24% del poder adquisitivo y en los dos años de Fernández un 7%. De concretarse tal decisión en el salario mínimo la miseria sería mucho mayor. Y esto con pleno despliegue del pacto firmado. 

El salario y las demandas básicas por trabajo genuino, techo y educación, son parte de una política y planes de lucha sectoriales o integrales que contrapongan una salida soberana de independencia y justicia social frente a la entrega. Deberán ser los carriles para acrecentar la movilización popular y desbordar los frenos de la burocracia. El control trimestral del FMI y las exigencias a cumplir serán ejes convocantes permanentes hasta quebrar el acuerdo. De allí que la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago junto a otros espacios vigentes, que han motorizando diversas iniciativas están llamados a cumplir un rol central en los ejes políticos, tanto como la estatización y control de las vías navegables, incautación de cerealeras evasoras, nacionalización de la banca y el comercio exterior como parte de un programa mayor para producir cambios estructurales.   

Nuestro partido se moviliza en esa dirección. Las provocaciones mediáticas hacia la CUBa-MTR, que no descartamos que deriven en represalias concretas como las recibidas en Jujuy estos días, no van a ser un freno en la tarea de seguir organizando la bronca popular hacia una salida rebelde.

Andrés Zamponi

Martes, Marzo 15, 2022 - 09:30

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