Editorial - Movilizar para romper con la dependencia y la pobreza

La magnitud de la crisis empantana la gestión del gobierno. Las expectativas generadas cuando asumió se desvanecen rápidamente. Vamos hacia un cierre de año con niveles de despidos, pobreza y encarecimiento de vida con ribetes explosivos. Al asumir Alberto Fernández la situación ya era complicada. El parate recesivo que continua y se profundiza desde hace dos años, junto a la inflación vigente, la fragilidad en las reservas y la conflictividad en alza, requieren políticas decisivas en un sentido que el actual gobierno ya dejó claro que no va a tomar.

Cuando finalmente se supere la pandemia, la Argentina que quede será sin dudas más pobre y desigual que antes. Lejos de la pretendida unidad nacional, lo que viene es una mayor disputa por la distribución de los ingresos, por quién carga con los costos y también por el modelo de acumulación. 

En este marco, y con tan solo 10 meses de gestión, la disputa del gobierno con la gran burguesía entreguista que se expresa en Cambiemos mete más ruido que el peligro real que significa. Esa oposición apunta al desgaste, concentrando en la figura de la vicepresidenta, cuyos legajos tampoco ayudan ni se pueden negar ligeramente. La ofensiva que por momentos despliega encontró también en la expresión callejera una forma más de acotar espacios al gobierno. Pero viene del fracaso de los últimos 4 años y por lo tanto no tiene propuestas creíbles,  como no ser las históricas libremercadistas de un capitalismo en su última etapa que ya no puede funcionar sin destruir fuerzas productivas ni descartar a la mayor parte de la clase trabajadora. 

El problema central no es su fortaleza sino el aprovechamiento que hacen de las debilidades que el propio gobierno experimenta al no aplicar un programa que afecte ciertos intereses, requerido y comprometido al momento de conformar el Frente de Todos. A partir del fallido intento de expropiar a Vicentín, y luego de la conformidad cerrada con los bonistas e instituciones financieras en relación al pago de la deuda externa odiosa e ilegítima, se quebró el encanto que motivó a gran parte del progresismo su apoyo por el retorno de Cristina. El proyecto de impuesto a las grandes fortunas, cada vez más tibio y aún está pendiente de aprobación, tampoco resuelve nada sustancial. La “desestabilización mediática y golpista” que se denuncia nunca fue ajena al accionar del establishment; pero la desconfianza en el movimiento de masas, el abandono de la movilización popular y el híbrido en que ha derivado el peronismo plagados de gorilas, son la causa principal de un derrumbe en gestación. 

Suman a dicho hostigamiento sectores del PJ histórico marginados del staff del FdT pero con incidencia territorial, ligados a viejos barones del conurbano, algunas ramas de gobernadores y/o ex dirigentes como Duhalde, entre otros. A la vez, toma cuerpo la crisis instalada en la cabeza del gobierno. La renuncia de Alicia Castro y las contradicciones surgidas alrededor del tema Venezuela precipitan diferencias. Este posicionamiento del presidente Fernández junto al ministro Solá, sería una “devolución” al FMI y al nuevo presidente del BID Claver Carone, antes de considerar el otorgamiento del nuevo préstamo solicitado. Es también un nuevo motivo para minar la armonía dentro del FdT. En ese marco, la convocatoria al 17 de octubre palaciego controlado por los gordos de la CGT es un intento de cerrar detrás de la figura presidencial el rumbo fondomonetarista impreso a la gestión. Por allí también la insistencia, compartida por algunos gobernadores, de encumbrar a Alberto Fernández en la presidencia del exhumado PJ. Anticipos de la puja por los recursos  los espacios y composición de listas en vista al 2021.

En el intento de recomponer desde la política, zafar del ahogo económico y evitar el desborde inflacionario, el gobierno redujo por  tres meses y en promedio de 3% las retenciones de exportación agroalimentarias y mineras. Sobre dicho paquete -juzgado insuficientes por los propios beneficiarios-, junto a otras intenciones impositivas, laborales y sociales, convocó a las cámaras empresarias, a la jerarquía sindical y a movimientos sociales afines, en la idea aún no configurada de un consejo económico social. Los apuros de la emergencia trascienden sus propias filas.

La pobreza: cifras inaceptables

Sobre 14 millones de jóvenes y adolescentes hasta 17 años la pobreza asciende al 66,3%; sin la ayuda asistencial serían 69,3%, o sea 9,7 millones de jóvenes. De ese total 3,2 millones son indigentes. No se trata solo un problema de ingresos sino de las condiciones de vida, que se agrava ante cada crisis desde hace 40 años. Se duplicó la cantidad de personas que pasan hambre, del 7,5 al 14%. En total son 18,5 millones de personas por debajo de la pobreza. Todo indica, en función de la inflación en alza, que al cierre del período los registros se ubicarán por arriba del 50%. 

Según el Indec, en el primer semestre el desempleo aumentó 30% en 3 meses (13,1% formales); pero lo significativo en cuanto al deterioro de la fuerza laboral es que de marzo a junio se perdieron de 3,5 a 4,5 millones de puestos de trabajo, ya sean temporales, cuentapropistas e informales. Sumados a los 2,5 millones que vienen de arrastre completan 7 millones de personas desocupadas. No se puede ignorar la zozobra específica generada por la pandemia, pero ello no exculpa a quienes en nombre del régimen monopólico vigente prometieron políticas definidas integrales y generadoras de puestos genuinos. La inversión productiva quedó por debajo del 2004, y para colmo decidieron pagar deuda ilegítima.

Hace tiempo que la pobreza se ha consolidado como un tema estructural. Su erradicación ya no depende de la coyuntura o de una buena gestión: se transformó en una cuestión estratégica. Entre los niveles de 1974 de 5% y los actuales media un abismo que no se puede aceptar graciosamente como errores de la política, ni transigir con el punto de vista de su reducción paulatina. Hay que rebelarse ante la justificación de una normalidad anormal. Desde aquí la insistencia para que las demandas básicas como un lote de tierra, el ingreso universal o la asistencia alimentaria, queden consagrados como derechos mientras no se resuelvan los problemas de fondo. Todo lo cual cobra sentido si va ligado a una pelea donde el tercer contendiente encabezado por los trabajadores irrumpa con voz propia en el escenario de crisis, donde las demandas específicas se eleven al plano político. 

Las cadenas del endeudamiento

Luego del acuerdo con los bonistas, bajo condiciones centrales impuestas por ellos, cerró un primer capítulo en relación a la deuda externa. Posibilidades de mayor regateo siempre estarán presentes tratándose del peronismo, pero la definición tomada se corresponde con la conducta de “pagadores seriales” oportunamente defendida por la ex presidenta. El gobierno ni consideró la posibilidad de instalar la “investigación previo al pago”, desperdiciando la oportunidad para endurecer posiciones en un marco de crisis global. Ello acompañado de un viraje en la conceptualización actual sobre el rol del  Fondo, que pasó de enemigo histórico a ser un amigo. 

Más allá de la postergación de los vencimientos, el drenaje por intereses y capital al cierre de 2020 alcanzará los U$S 4.500 millones. A la vez, en el proyecto de presupuesto para 2021 los vencimientos de pago suman U$S 10.500 millones. Toda una definición sobre las prioridades en el destino de los recursos, tanto como si no hubiere otro camino distinto al designio de los grupos financieros y multinacionales. Empobrecimiento, ajuste y achique es lo que viene.

Detrás del Fondo esperan el Club de París, el Banco Mundial y otros acreedores. En lugar de cumplir con la deuda interna hacen fila las instituciones financieras. El FMI viene operando fuerte en función de cobrar lo suyo (U$S 44.000 más 5.000 millones intereses) pero además aprovecha la indefensión del gobierno que, apremiado por las escasas reservas existentes se ha quebrado en toda la línea. La mesa está servida como para que puedan avanzar con las reformas estructurales en el régimen laboral, previsional y tributario, acordadas con los gordos de la CGT y otros exponentes, ya instaladas de hecho en algunas actividades como la petrolera, automotriz, y servicios varios. Tales imposiciones son irrenunciables para el Fondo. El capitalismo mundial empuja en ese sentido y descarga el costo de la crisis sobre el proletariado y los pueblos.

La deuda, repetidamente denunciada por dirigentes del FdT como una estafa, fue ratificada en su licitud y en condiciones altamente beneficiosas para los usureros. El compromiso de pago distorsionó toda aspiración de cambio real y está en abierta contradicción con cualquier proyecto productivo cuasi-desarrollista, mucho más con la independencia económica y la justicia social. Un quiebre difícil de asimilar en sectores del progresismo y en espacios del peronismo realmente interesados en avanzar con tareas nacionales o recuperos industriales de su propio programa histórico. Dependerá de la repuesta popular y de sus niveles de elevación, hasta donde dichas políticas de saqueo y precarización podrán estabilizarse. 

El acuerdo que apuran Guzmán y Georgieva será en parte aplicado al pago del préstamo tomado por Macri, y por otro lado utilizado como reserva para evitar el colapso que está planteado respecto a la hiperinflación en ciernes. Toda vez que la diferencia entre el valor del dólar legal respecto al valor paralelo alcanzó desfasajes parecidos al presente, los factores del poder ante gobiernos genuflexos como el actual impusieron las condiciones y descargaron los efectos de la devaluación sobre el hambre y los salarios de los trabajadores. No hay razones para suponer que no será así en esta nueva ocasión. El propio Kicillof como ministro en 2014 aplicó una devaluación cercana al 40%. En todo caso son los recursos de la gran burguesía asociada al capital monopólico que presiona para erosionar políticamente, a la par de querer bajar los niveles de ingresos a un nuevo piso con todas las secuelas políticas y sociales que ello supone. Proyectan, frente a la extensa recesión en curso, una recomposición cíclica estirada en el tiempo e ilusamente estable. La instalación del supercepo no ha frenado la salida de capitales ni la presión de los grupos de mercado, pero ha logrado sí acentuar el desgaste oficial y correr el eje como si los responsables del mismo fueran los 2 o 3 millones de compradores de los U$S 200 mensuales para preservar sus ahorros, en lugar de castigar a los usureros que fugaron U$S 40.000 millones en los dos últimos años de Macri. Está todo documentado en los anales del Banco Central. He aquí un caso concreto sobre el cual el peronismo, si tuviera voluntad política, podría avanzar. 

El movimiento popular, con límites pero en alza 

Predomina en la coyuntura un mar de fondo, estimulado principalmente desde fines de 2017, que no se puede ignorar. La contención política social implementada por el gobierno previo a las PASO fue profundizada poco después de asumir ya con la pandemia declarada. No se debe confundir con un cambio de situación en relación al estado de ánimo de las masas. El auge de luchas forma parte sustancial dentro de esa consideración, nunca desapareció y encontró un motivo más con el triunfo electoral del FdT. Ahora son gobierno y el problema principal que enfrentan a partir del claudicante proyecto en curso pasa por garantizar la gobernabilidad y aspirar a su continuidad sin que el movimiento de masas irrumpa bruscamente y modifique el escenario. Ante la crisis amortiguar sus efectos en lugar de eliminar el origen estructural de la misma. 

La movilización popular nunca se detuvo, disminuyó su expresión abierta pero inmediatamente tomó cuerpo principalmente en los territorios, a partir del hambre y el movimiento de ollas, que se consolidó en las jornadas nacionales de la oposición piquetera y encuentra en las tomas de tierra -severamente desalojadas la mayoría- el ejemplo de Guernica empujando la situación. También en el movimiento contra el gatillo fácil , en diversas expresiones ambientalistas, en la lucha contra los femicidios -con sus movidas sobre comisarías por momentos- y a pesar de las dificultades, en el gran protagonismo obrero sindical en algunas provincias como Chubut, Córdoba, Jujuy y Chaco. 

Hablamos de una situación particular donde predomina la atomización relativa y transitoria en el marco de la pandemia, pero no el reflujo ni la complacencia frente a la política oficial. Desde otro ángulo, también iniciativas de calle de la derecha macrista tuvieron eco en franjas medias juveniles. Conductas reaccionarias y protofacistas en las expresiones antibarbijos, antivacunas, antiabortos y últimamente contra la ocupación de tierras para un techo propio. Pero los mayores límites son subjetivos y se refieren a la hegemonía predominante del peronismo sobre el movimiento de masas y el control hereditario de las estructuras sindicales. Es necesario afirmar los carriles básicos por donde se viene expresando el malestar frente a tantas necesidades y como parte del desafío político sobre quién paga la crisis, partiendo desde lo más elemental como la lucha contra el hambre, por el ingreso universal único, las tomas de tierras y un proyecto de vida para los jóvenes hasta la demanda salarial concreta para el conjunto de trabajadores, ninguno por debajo de los $ 69.000 asignados a la bonaerense. 

A estas cuestiones básicas hay que ligarlas a un programa de ruptura como el de los cuatro puntos: no al pago de la deuda, nacionalización de la banca, del comercio exterior y de los recursos estratégicos. Esta es la base para la unidad programática de la izquierda revolucionaria con el antiimperialismo y el progresismo consecuentes. Allí está el nudo de las transformaciones políticas y económicas para que la soberanía del pueblo en lugar de una impostura sea una realidad.

Las están abiertas, a partir de los programas básicos, del malestar creciente y del empuje, aun con limitaciones, de trabajadores, piqueteros, familiares, antirrepresivas, patriotas, ambientalistas, que nunca abandonaron la calle. Allí está la única posibilidad histórica de romper con esto de la misma forma que la rebelión popular de 2001 abrió un rumbo distinto y vino a poner las cosas en otro lugar.

Andrés Zamponi